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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en julio de 2018, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se refugió en San José, Costa Rica, meses antes de recibir prisión preventiva justificada la madrugada de este martes.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) durante el desahogo de la audiencia para analizar su vinculación a proceso, en voz de un grupo de cinco ministerios públicos federales, que solicitaron le fuera otorgada prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que huyera del país.
Dichos elementos de prueba, también fueron retomados por la FGR que pidió se le impusiera dicha medida.
“No ha demostrado tener arraigo en la Ciudad de México; tampoco tenemos certeza de que tenga un solo domicilio en la capital del país”, manifestaron en una audiencia para vincularla a proceso.
Llegó a México el pasado 4 de agosto en el vuelo 691 de Aeroméxico, tras ser acusada de “ejercicio indebido del poder público”, probable delito que cometió, según la FGR, al negarse a denunciar el desvío de recursos que cometieron varios subalternos suyos que la siguieron en ambas dependencias federales.
“Aquí estoy como lo prometí, vengo a dar la cara”, dijo Robles el pasado 9 de agosto, afuera del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en la primera etapa del proceso judicial por el que atraviesa.
Robles Berlanga, según confirmó su abogado Oscar Ramírez, no sólo demostró residir fuera del país antes de ser citada a iniciar el proceso por “ejercicio indebido del servicio”, una investigación del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) adscrito a la FGR, advierte que en algunas investigaciones logró mentir sobre su dirección oficial.
Dichas pruebas fueron presentadas mediante solicitud de medidas cautelares contra la exsecretaria de Estado, de quien, los ministerios públicos, acusaron que “ella creyó estaba tocada por el manto de impunidad que le prometió Enrique Peña Nieto”.
Al solicitar las medidas cautelares en contra de Robles, la CENAPI notificó que recientemente Robles solicitó una licencia de manejo en la que manifestó tener un domicilio distinto al que dice habitar desde hace más de 24 años.
Posteriormente, al ser buscada en su domicilio fiscal de la alcaldía de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, los oficiales de la Policía Federal (PF) se dieron cuenta que ninguna persona abrió la puerta y que el personal tenía mucho sin ver a la exsecretaria de Estado ahí.
Al carecer de certeza jurídica de que se pudiera presentar a un nuevo proceso de desahogo de pruebas sobre el proceso judicial 314/2019, la FGR solicitó que, además de vinculación a proceso por daño al erario, a Robles se le dictara prisión preventiva justificada en caso de que no hubiese tercera audiencia con ella.
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