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A finales de 2015, un ciudadano solicitó las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de todos los funcionarios públicos del país. Aunque el volumen de datos era masivo, esa información es pública y todos los servidores están obligados por ley a presentarla. La Secretaría de la Función Pública (SFP), la instancia del Ejecutivo que se encarga de vigilar el desempeño del resto de los Ministerios, dijo que no existía esa base de datos y calculó que elaborarla le costaría aproximadamente 1.560.000 pesos (más de 80.000 dólares) en un proceso que duraría 221 días naturales, de acuerdo con el portal Animal Político.
Esa solicitud, que estaba destinada a perderse en el sinuoso camino de la transparencia en México, se hizo eco en la organización Data Cívica, que pudo desvelar y sistematizar esos datos en una plataforma que «rinde homenaje» a la respuesta que dio la burocracia: 1560000.org. «Hicimos lo que la SFP se negó a hacer», ha señalado este lunes Carolina Torreblanca, directora de datos de Data Civica, en la presentación del proyecto.
Fue el trabajo de dos programadores, un analista de datos y un diseñador: tres meses menos de lo que le hubiera tomado al Gobierno y a un costo menor, según han dicho los desarrolladores. 1.560.000 se formó después de miles de consultas a Declaranet, el portal del Gobierno en el que se suben los documentos, y la descarga de 2,6 millones de declaraciones de cerca de 400.000 funcionarios en más de 2.000 dependencias.
Las conclusiones de Data Cívica son pavorosas. Menos del 20% de los funcionarios informó de sus ingresos y la gran mayoría no dio cuenta de ningún conflicto de interés. La información, además, está llena de datos erróneos, con casos de servidores públicos que dicen ganar cero o un peso de salario. En el mejor de los escenarios son erratas y omisiones graves al llenar un formato bajo juramento de decir la verdad, han dicho los ponentes durante la presentación.
El problema es que hasta ahora los funcionarios mexicanos aún pueden decidir discrecionalmente cuáles campos rellenar y cuáles no, cuál información se omite y cuál no. Una nueva ley, que entró en vigor en junio del año pasado, pone fin a esta prerrogativa, pero no ha surtido efecto porque el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no ha dado a conocer cuáles serán los nuevos formatos a llenar. La nueva norma está paralizada como el resto del aparato anticorrupción. El ejemplo más craso es que el fiscal que debería vigilar al Gobierno sigue sin ser designado y el nombramiento se antoja más complejo en el contexto de las campañas electorales para las presidenciales del próximo 1 de julio.
Las autoridades están por definir también qué parte de esas nuevas declaraciones será pública y cuál no, lo que será decisivo en el futuro del derecho ciudadano a la información, ha expuesto Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Otros obstáculos son las dificultades técnicas como presentar los datos en formato PDF o no tener opciones predefinidas de llenado para evitar erratas y para poder comparar con mayor facilidad los reportes patrimoniales. «Lo que hay es una transparencia opaca: existe la información, pero no es manejable», ha señalado Grisel Salazar, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
«Lo que queríamos era poner el ejemplo de cómo se podían hacer las cosas», ha dicho Torreblanca. La SFP, una parte clave del nuevo engranaje anticorrupción, ha mostrado interés por acercarse a los creadores de la plataforma, después de lo que la prensa mexicana ha descrito como una «bofetada con guante blanco» al Gobierno. Eber Betanzos, subsecretario (viceministro) de la Función Pública, acudió a la presentación, pero no hizo ninguna declaración a los medios.
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