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CIUDAD DE MÉXICO.- La PGR identificó en 2008 a Raúl Flores, El Tío, como operador del Cártel de Sinaloa; ofreció 5 millones de pesos de recompensa por su captura, lo detuvo, le incautó bienes y… le violó el debido proceso.
Por ello, este sujeto, hoy requerido por el gobierno de Estados Unidos como “importante narcotraficante”, fue puesto en libertad en 2015, y el gobierno de México le tuvo que devolver residencias, vehículos, cuentas bancarias y más de seis millones de dólares en efectivo.
El Tío ha ganado al menos tres batallas legales a la PGR, aunque hoy enfrenta una más, tras ser recapturado el 20 de julio y recluido de forma provisional en una prisión de máxima seguridad con fines de extradición. Según expedientes a los que El Financiero tuvo acceso, el 24 de junio de 2009 la PGR inició la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/075/2009 y meses después la UEIORPIFAM/AP/124/2009, ambas contra El Tío.
Meses después, la PGR incautó seis propiedades en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos, 10 vehículos, y 6 millones 448 mil 355 dólares y 18 mil 880 euros, en efectivo.
Flores fue detenido el 20 de octubre de 2013 e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, por encubrimiento, lavado de dinero y delitos contra la seguridad pública.
El 28 de abril de 2015, el titular del Segundo Tribunal Unitario en Nayarit revocó la sentencia condenatoria dictada el 9 de junio de 2014 por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, y ordenó la inmediata libertad del Tío, al considerar que la PGR violó el debido proceso.
La sentencia se refiere a una mala actuación de los policías. De hecho, ni siquiera se tomó valor probatorio a testimonios de los agentes que hicieron la captura. Según el juez, la aprehensión “no se llevó a cabo en las condiciones y términos referidas en la puesta a disposición”, por lo que estimó que los agentes “fueron capaces de variar y omitir información”.
Además se consideró que al momento de la detención los elementos de la policía federal “efectuaron una diligencia equiparable a un cateo”, sin contar con una orden. “Se está en presencia de pruebas cuya obtención fue ilícita (…)por tanto, (la detención) no puede sino ser considerada inválida”, dijo el juez.
La conclusión se obtuvo luego de analizar las pruebas aportadas por la PGR y la defensa, entre ellas 47 testimoniales y los careos que El Tío tuvo con los agentes que lo atraparon, quienes, en presencia del juez, cayeron en contradicciones y variaron su relato de hechos.
En juicios paralelos, El Tío, a través de su abogado, Jorge Alonso, solicitó la devolución de sus bienes y, tras largos litigios, ganó.
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