El exfiscal fue declarado culpable de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, tras acreditarse que fue informante de Felipe Cabrera Sarabia, «El Ingeniero», operador de alto nivel dentro del Cártel de Sinaloa y jefe de escoltas de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a Juan Carlos de la Barrera Vite, exfiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con lo que su sentencia de 15 años de prisión por vender información al Cártel de Sinaloa, ha quedado firme.
Por mayoría de votos, a propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, la Sala destacó que el agravante de la sanción para quien siendo servidor público comete delincuencia organizada, no viola los derechos humanos como lo afirmó De la Barrera.
«Desde esa labor, sin importar su trascendencia en la institución de que se trate, pueden incluso producir una mayor afectación a la seguridad pública y a la sociedad en general, lo que amerita una respuesta penal más importante para hacer frente a ese fenómeno asociado con los grupos criminales», señaló la Sala.
El exfiscal también trabajó como secretario de estudio y cuenta del fallecido ministro Sergio Valls en la Corte y fue declarado culpable de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud tras acreditarse que fue informante de Felipe Cabrera Sarabia, «El Ingeniero», operador de alto nivel dentro del Cártel de Sinaloa y jefe de escoltas de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
La Sala añadió que el agravante de la pena no viola el principio de presunción de inocencia porque por sí misma no genera una idea preconcebida de responsabilidad debido a que se aplica hasta que la persona es encontrada culpable de cometer un delito.
En la investigación, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) detectó que además de De la Barrera, otros seis funcionarios formaban parte de una red de corrupción que filtraba información al cártel y que el exfiscal se encargó de proporcionar datos de testigos protegidos y expedientes abiertos contra la célula de la organización comandada por “El Ingeniero”, detenido a fines de 2011 por elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa.