La Suprema Corte avaló la medida de protección a las mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México. Con ello, los pasaportes de los menores quedarán a resguardo mientras un juez familiar determina quién tendrá la guardia y custodia de los hijos.
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Ciudad de México (Apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la medida de protección a las mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México que establece que los agresores deberán entregar los pasaportes de los hijos menores de 18 años para que permanezcan en resguardo mientras un juez familiar determine quién tendrá la guarda y custodia de los hijos y cómo se llevarán a cabo las visitas y convivencias.
La medida fue añadida en el año 2020 mediante una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la CDMX, como parte de las órdenes de protección en materia penal a favor de las mujeres víctimas de violencia.
Durante la sesión de este martes, la mayoría de los integrantes del Pleno avalaron la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien consideró que esta medida no es inconstitucional al no estar regida exclusivamente por la ley procesal penal, en la que sólo el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar.
“Contrario a lo que alega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se invade la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal (…) ya que las medidas de protección reguladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir la realización de cualquier conducta que implique una situación de violencia contra las niñas y mujeres”, señaló la ministra.
Añadió que la Ley General en la materia habilita a las autoridades jurisdiccionales competentes, federales y locales, para valorar las medidas de protección que consideren necesarias.
Posteriormente, la Corte inició el análisis de la impugnación presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX contra esta reforma y otras modificaciones en la materia, en la que se estableció la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La ministra Esquivel propuso avalar la reforma pero hasta ahora cinco integrantes del Pleno ya se pronunciaron en contra.
La Corte no concluyó la discusión del asunto, por lo que será retomado el próximo jueves 16 de febrero.
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