La reforma fue promovida por el fiscal José Luis Cervantes como una alternativa para detener un fenómeno que se presenta en zonas como el sur del Estado de México, en donde la delincuencia organizada establece los precios del mercado y decide a quién se compra.
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TOLUCA, Edomex. (apro).- Con hasta 20 años de prisión será sancionado en el Estado de México el delito de extorsión a comerciantes por parte de la delincuencia organizada, cuando esta conducta eleve los precios de los productos.
La reforma, aprobada por unanimidad de la Legislatura local, fue promovida por el fiscal José Luis Cervantes como una alternativa para detener un fenómeno que se presenta en zonas como el sur del Estado de México, en donde la delincuencia organizada, según lo refirió el propio funcionario, establece los precios del mercado y decide a quién se compra.
Conforme a la iniciativa, en lo sucesivo se castigará a quien obligue a una persona o unidad económica a fijar en una localidad o región, un precio por encima del mercado, para venta de bienes, mercancías, insumos o para la prestación de un servicio, lo que confían los diputados permitirá detener conductas delictivas que se están propagando en algunas regiones del Estado de México y que llevan al alza de precios en productos básicos.
“El objeto es generar un nuevo tipo penal y favorecer la protección de las personas y unidades económicas en el desarrollo de la actividad… previniendo y sancionando conductas delictivas recientes que atentan directamente contra la economía de la población”, precisó el morenista Gerardo Ulloa, encargado de presentar el dictamen al pleno.
De esta manera, al Código Penal estatal se agregó el artículo 199 Bis que dispone que incurre en este delito quien, por medio de la violencia, obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir, de otra persona, comercio o empresa, determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial.
También quien venda o distribuya bienes, insumos, mercancías o servicios, a personas o empresas determinadas, o a quien imponga o fije en una localidad o región, un precio por encima del mercado, para la venta de bienes, mercancías, o insumos o para la prestación de un servicio.
Al responsable de este delito se impondrán de 6 a 10 años de prisión, y de mil a mil 500 unidades de medida y actualización. Si en la comisión de este ilícito participan dos o más personas, se agregarán de tres a cinco años de prisión (serán hasta 15), y de 500 a 800 días multa (llegará hasta a mil 300).
Cuando en la comisión de este delito el o los sujetos activos se ostenten y/o identifiquen como miembros de alguna asociación o grupo delictivo, se impondrán de 7 a 15 años de prisión, y de mil 300 a 2 mil días multa. Para el caso de que alguna persona sea servidor público, se impondrán de 8 a 20 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días multa.
“Con estas reformas se contará con elementos para enfrentar y detener una conducta delictiva que se está presentando y propagando en algunas regiones de nuestro estado y que violenta la libertad y la integridad de quienes ejercen el comercio como actividad para ganarse la vida, así como la de los consumidores finales, quienes resienten el alza de precios en productos básicos”, precisó Ulloa Pérez.
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