Países externan preocupación por la militarización en el país y llaman a que no se encarguen de controlar la migración.
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La situación de inseguridad, las desapariciones y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos hicieron un fuerte eco en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por un lado, durante la revisión de la cuarta ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de México, al menos 30 países hicieron alguna recomendación para que el país combata las desapariciones.
Al respecto, la representación de Canadá señaló que es necesario que México garantice el registro sólido de víctimas de este delito.
“Recomendamos, primero, que México garantice que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas sea preciso, exacto y transparente para atender las desapariciones forzadas y la crisis forense”, apuntó la representación del país norteamericano.
Al respecto, Joel Hernández, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, reconoció que las desapariciones forzadas son un tema que México tiene pendiente.
Sin embargo, sostuvo que el gobierno mantiene un diálogo permanente con la ONU para abordar este tema, además de que se le están otorgando recursos y se están llevando a cabo esfuerzos para darle seguimiento a las víctimas.
Asimismo, aplaudió el rol que han jugado los tribunales, ya que, entre las acciones que implementa el Estado mexicano para combatir este crimen, se cuenta con “las sentencias y resoluciones dictadas por el PJF, que incorporan estándares internacionales relevantes”.
Al seguir con el EPU, al menos 25 países expresaron su preocupación por la violencia que sufren periodistas y defensores de derechos humanos en México.Sobre este punto, la representación de Estados Unidos aseveró que “nos preocupan las amenazas a la libertad de los periodistas”.
En este punto, incluso Venezuela planteó a México que es necesario trabajar en este ámbito. Al reclamo se unió el representante de Irán, que dijo: “Quisiéramos expresar preocupaciones por las restricciones no justificadas que se han impuesto al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a la participación política en México”.
Por otra parte, tanto Costa Rica como Países Bajos pidieron al Estado mexicano investigar el uso de softwares, como Pegasus, que son utilizados para vigilar a civiles.
Al respecto, Roberto de León, director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, aseveró que en México hay libertad de expresión, y sostuvo que en este sexenio se ha aumentado 125 por ciento el presupuesto para el mecanismo de protección a periodistas.
Lo que De León Huerta dejó fuera en su intervención es que durante este sexenio también han muerto 57 periodistas, de acuerdo con el observatorio de la UNESCO, ni que México es considerado uno de los países más peligrosos para los trabajadores de medios.
En cuanto al uso de tecnologías para espiar a civiles, la representación de México no dijo ni una sola palabra en su defensa.
Al hablar sobre seguridad, Reino Unido recomendó a México emprender un camino para que la Guardia Nacional sea civil.
Por otra parte, Australia pidió a México garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en las Fuerzas Armadas, mientras que Nueva Zelanda aconsejó que los militares ya no se encarguen de controlar la migración.
Otro tema relevante fue presentado por la delegación de Chile, que recomendó eliminar la figura del arraigo. A esto, la senadora Nestora Salgado respondió que “hemos estado a punto de aprobar (la eliminación), pero no se ha podido”.
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