A los homicidios se sumaron “reportes de secuestros, amenazas, agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y acoso judicial, señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de las altas autoridades, así como ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios».
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México mantiene la clasificación de “uno de los países más peligrosos y letales para la prensa en la región y el mundo”, sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al destacar que la tercera parte de los homicidios contra periodistas ocurridos el año pasado en el continente, ocurrieron en nuestro país.
De acuerdo con el informe anual de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, en 2023 se registraron 21 homicidios de periodistas “por razones que podrían estar vinculadas a su labor” en el continente americano, de los cuales siete ocurrieron en México. Los otros países en que se victimó a comunicadores fueron Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Haití y Paraguay.
A los homicidios se sumaron “reportes de secuestros, amenazas, agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y acoso judicial, señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de las altas autoridades, así como ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación en el ámbito digital”.
La RELE retomó datos de la organización Artículo 19, que el primer semestre de 2023 documentó 272 agresiones, “siendo las intimidaciones y los hostigamientos la forma de violencia más común a la cual se enfrentan los periodistas en México”.
La oficina sobre libertad de expresión de la CIDH recordó que, en una audiencia pública celebrada en el 186 periodo ordinario de sesiones, organizaciones de la sociedad civil señalaron que “agentes del Estado e integrantes del crimen organizado serían los principales agresores de la prensa”, situación que genera “hostilidad, inseguridad y descrédito ha provocado un temor generalizado de la prensa a reportar sobre temas de narcotráfico, seguridad pública, corrupción o crimen organizado”.
De acuerdo a la CIDH los hechos de violencia contra los periodistas “se insertan en un contexto de creciente estigmatización, descalificación y descrédito por parte de actores políticos y funcionarios públicos en los diferentes niveles del Estado contra la prensa”.
Estigmatización creciente
En ese sentido, consideró preocupante “la creciente estigmatización a la prensa impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la sección ‘Quien es quien en las mentiras de la semana’, implementada desde junio de 2021 con el alegado fin de ‘analizar, verificar y aclarar noticias imprecisas de interés general para la población”.
De acuerdo a un reporte de Artículos 19, en el primer semestre de 2023 de las 65 agresiones directas contra la prensa, 42 provenían de esa sección, y se habría calificado de manera negativa a la prensa en al menos 114 ocasiones, con expresiones de “conservadora”, “tendenciosa”, “adversaria, “vendida”, “corrupta”.
La RELE incluyó en su informe expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, el 10 de marzo del año pasado, a quien le negó dar respuesta a una pregunta y la señaló de formar parte de una “prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos”.
Asimismo, el 19 de julio advirtió que había una “guerra sucia” de los medios contra su gobierno y el 26 de julio utilizó la tribuna presidencial para atacar a los líderes de opinión.
La RELE incluyó en consideró preocupante la activación de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores entre ellas se incluye la denuncia por daño moral que interpuso el hermano del presidente Pío López Obrador, contra el periodista Carlos Loret de Mola, así como la demanda por daño moral que presentó Pedro Salmerón, director del Archivo General Agrario en contra de los medios Reforma, El Universal y Aristegui Noticas, así como analistas por dar “voz y apoyo” a quienes lo acusaron por acoso sexual.
El informe apunta sobre el inicio de un proceso judicial en las fiscalías de Guanajuato y Nuevo León, en contra del periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas, director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab), a quien el Director de Inteligencia de Nuevo León, Paul Cortez Suárez, acusa de amenazas.
La CIDH tomó nota de los nuevos casos de espionaje a defensores de derechos humanos a través del software espía Pegasus, en lo que estaría implicada “una estructura militar de inteligencia secreta por el Ejército”, siendo las víctimas el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos; el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh y la responsable del área internacional de la misma organización, Santiago Aguirre Espinosa y María Luis Aguilar Rodríguez, así como el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y Camilo Vicente Ovalle, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones a derechos humanos cometidos durante la llamada “guerra sucia”.
Periodistas asesinados en 2023
La RELE hizo un recuento de los asesinatos ocurridos en 2023, de Abisaí Pérez Romero, el 13 de febrero, en Tula Hidalgo; de José Ramiro Araujo, el 21 de febrero en Ensenada, Baja California; de Gerardo Torres Rentería, el 11 de mayo en Acapulco, Guerrero; de Marco Aurelio Ramírez Hernández, el 23 de mayo, en Tehuacán, Puebla; de Luis Martín Sánchez Íñiguez, en Tepic, Nayarit, el 8 de julio de 2023; de Nelson Matus Peña, el 15 de julio en Acapulco, Guerrero; de Jesús Gutiérrez Vergara, el 25 de septiembre en San Luis Río Colorado, Sonora, así como de homicidio de Ismael Villagómez el 16 de noviembre en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Advierte que recibió información de avances en el esclarecimiento de los casos de los homicidios de José Moisés Sánchez Cerezo, de María Elena Ferral Hernández, ambos casos ocurridos en Veracruz; así como en los casos de Javier Váldez, de Sinaloa, y Miroslava Breach Valducena, de Chihuahua.
La RELE registró también los atentados contra el reportero de Por Esto Rubén Darío Cruz Hernández, el 26 de enero del año pasado, en Cancún, Quintana Roo: Pedro Alonso Benítez, en San Martín Texmelucan, Puebla, el 28 de mayo; Jorge Ugalde Hernández, director del portal Descontento Ciudadano Quintanarroense; así como el caso del incendio del vehículo del director del portal Noticias en la Web, Fernando Rodríguez, el 3 de abril en Acuña, Coahuila.
La RELE informó también sobre el ataque sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022, y los avances en la indagatoria presentados en marzo por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La oficina sobre libertad de expresión de la CIDH registró como “actos graves de intimidación”, secuestros del hijo de fotoperiodista Froylán Méndez Ferrer, en diciembre de 2022 en Oaxaca; de los periodistas Jimmy Palomo Canché y Soraida Aguilar Hernández, en Quintana Roo, el 18 de marzo de 2023; de Ricardo Villanueva Ake, en Veracruz. El 3 de abril de 2023.
Asimismo, se reporta la desaparición del periodista Juan Carlos Hinojosa, editor de La de 8 News, ocurrida el 6 de julio, en Factoría Nanchital, Veracruz, caso en el que la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos reportó “la falta de claridad en la estrategia de búsqueda para ubicar al fotoperiodista desaparecido genera una sensación de improvisación y zozobra”.
Entre los casos de abusos cometidos contra periodistas, la RELE registró las detenciones ilegítimas de los periodistas Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado De la Paz, de 7 y 3 de julio de 2023, respectivamente, en Tepic, Nayarit, a quienes se les trató de involucrar con el asesinato de Luis Martín Sánchez Íñiguez. Los periodistas fueron liberados el 9 de julio, en tanto que ese año, en Nayarit, seis periodistas habrían reportado amenazas de muerte.
Asimismo, la oficina especial de la CIDH recibió información de que continuaren “ataques, agresiones e intimidaciones contra periodistas y sus familias por parte de grupos armados”, entre esos casos están el de Jesús Medina, presidente de la organización Periodistas Desplazados de México y del periodista Carlos Jiménez.
La RELE también registro casos de “agresiones, abuso de poder y detenciones arbitrarias e ilegales perpetradas por autoridades y agentes de la policía”, uno e ellos ocurrió el 24 de enero de 2023, en contra de Leslie Pérez, reportera gráfica de El Heraldo, a quien oficiales de la policía de Guadalupe Victoria le pidieron el registro fotográfico y a entrega de su teléfono celular, en tanto que el 12 de mayo, Andrea Sambuccetti, periodista de Univisión, fue retenida junto con su equipo de video por una supuesta infracción de tránsito en Poza Rica, y amenazada de ser reportada al Instituto Nacional de Migración (INM).
Otros periodistas detenidos durante su labor periodística el 13 de abril, fueron Gabriel Aguilar Ay director general de Esquema Cozumel, y Silvia Peraza Azueta, directora de Código Rojo, cuando cubría una volcadura en Cozumel, Quintana Roo.
Uno más es el de Ángel Baltasar Galindo, periodista del periódico El Sol del Bajío, quien después de dar cobertura a una nota policiaca, fue detenido ilegalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Celaya, quienes lo habrían golpeado y provocado una fractura de costilla y un esguince cervical de segundo grado, además de que fue amenazado si denunciaba los hechos.
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