Las abogadas Paola Aguilar y Laura Ramírez han logrado que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el juez Juan Gerardo Anguiano Silva, a quien acusan de hostigarlas sistemáticamente durante ocho años, a pesar de diversas denuncias que presentaron.
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QUERÉTARO, Qro. (Proceso).- El juez Juan Gerardo Anguiano Silva, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el estado, suele pedir a las mujeres que trabajan con él que usen tacones, que “no sean gorditas”, “vayan bien peinadas”. Una de sus frases recurrentes es que “la mujer tiene que estar en su casa” y que las que trabajan bajo su cargo “son sus viejas”.
No seguirle la corriente ni las bromas puede costar muy caro.
Durante años así lo han padecido las abogadas Paola Berenice Aguilar Hurtado y Laura Lizbeth Ramírez Olvera, quienes entre julio de 2022 y enero de 2023, cansadas de un hostigamiento laboral brutal padecido por años, con cargas de trabajo diferenciadas y excesivas que incluso las llevaron a sufrir accidentes y enfermedades, interpusieron dos denuncias que llegaron al Consejo de la Judicatura Federal.
Tras una investigación, peritajes ?incluyendo los de tipo psicológico a las denunciantes?, la obtención de pruebas y testimonios, el juzgador ha sido encontrado presuntamente responsable de haber ejercido en contra de ambas abogadas, que desempeñan la tarea de actuarias, una serie de actos arbitrarios, comportamientos hostiles, incluso de naturaleza sexual, de manera sistemática y recurrente, buscando intimidar, amedrentar y afectarlas incluso en su salud.
Esto han vivido las actuarias en su trabajo durante casi ocho años, desde 2016 hasta la fecha.
Fuentes allegadas al caso confirmaron a Proceso que el pasado 13 de junio el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el juez por la denuncia presentada por las servidoras públicas.
Esto, luego de que, al investigar las acusaciones contra el juez, el CJF consideró que existen pruebas suficientes en su contra por hostigamiento laboral, falta de profesionalismo, violencia de género y actos de naturaleza sexual cometidos por lo menos durante siete años (de 2016 a 2023).
Entre las pruebas que hasta ahora existen contra el juez, está un informe emitido por él mismo; los testimonios de cinco trabajadores del juzgado Primero de Distrito en materia Penal en Querétaro; información extraída del teléfono celular de un testigo, por mencionar algunas.
Pero, sobre todo, la narración de hechos que las dos denunciantes hicieron llegar a diversas instancias del Poder Judicial de la Federación, quejas que les costaron un incremento en las presiones y la carga laboral por parte del juez Anguiano.
Ambas mujeres hablaron con Proceso sobre los años de lo que ellas describen como un acoso que ha minado su salud física y emocional y ha dañado su vida personal, familiar y laboral.
También refieren que acudieron a diversas instancias del Consejo de la Judicatura Federal (que cuenta con una Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual desde 2020), pero también a la oficina de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, donde entregaron copia de toda la documentación de su proceso.
Consideran que el Consejo ha sido tardado y negligente en resolver a tiempo sus quejas, que se acumularon en un solo expediente, pues mientras tanto el juez se ensañó; “dijo que por haber presentado la queja”.
“Nos han dejado vulnerables, no han valorado la totalidad de las pruebas que nosotras ofrecimos, incluso todavía quedaron pendientes de ofrecerse pruebas que ellos mismos nos solicitaron; sin embargo, nos dijeron que ya no, porque ya habían cerrado la investigación, sin avisarnos. Ya llevamos más de medio año con la investigación cerrada”, expusieron Paola y Laura, quienes recibieron sesiones con psicólogas por parte de la misma unidad, pero no contaron con las medidas cautelares que se les dijo desde la Unidad que se les brindarían por continuar en el espacio de trabajo con el juez, quien, a decir de ambas, siempre ha presumido que “tiene muchos amigos en el Consejo”.
PJF no les pagará terapias
Por ello, ambas se vieron orilladas a solicitar licencias sin goce de sueldo en distintos periodos, pues el estrés llegó a ser tal que una de ellas sufrió daños renales.
De acuerdo con las facultades de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual (UPCAS), ésta sólo puede apoyar a las víctimas como primer contacto pues, de requerir terapias o atención médica derivada de las agresiones que sufrieron, deben buscarla fuera del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Además, en el procedimiento de responsabilidad administrativa, las víctimas pueden recibir asesoría legal del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), pues aunque la UPCAS conoce el caso, no tiene capacidad para dar asesoría jurídica y seguimiento al mismo, señalaron las fuentes allegadas al caso.
Se prevé que en los próximos días el juez y las víctimas sean notificadas del inicio del procedimiento para que puedan acudir a presentar pruebas ante el CJF y formular alegatos.
Terror laboral
Anguiano Silva llegó como titular del juzgado (antes denominado Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo, y actualmente Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal) en el año 2016. Unos meses después, narran las actuarias, “todo comenzó. Fueron unos siete años en que estuvimos así hasta que al final todo explotó” y en 2022 surgió la primera denuncia formal.
Laura Lizbeth y su esposo trabajaban en el mismo juzgado. Una de las primeras cosas que ocurrió fue que el juez Anguiano los mandó llamar. “Nos dijo que en este caso nosotros tendríamos que escoger quién de los dos se iba a quedar, porque él no era de la idea de que un matrimonio trabajara junto, y que pensaba que la mujer tenía que estar en su casa, que él no podría trabajar con su esposa. Al final pues el que salió fue mi exesposo y se fue a trabajar a otro órgano jurisdiccional”.
Luego fueron surgiendo los comentarios de tipo sexista y sexual. “Nos decía que éramos ‘sus viejas’ y que no nos teníamos que ofender porque nos dijera así, porque esa era su manera de expresarse, que él viene de una educación así”, entre muchos otros comentarios similares, recuerdan.
También hubo de parte del juez numerosas expresiones despectivas sobre su trabajo como actuarias, exponen las denunciantes. “Nos decía que al final éramos como cualquier cartero, simples mensajeras con título y nos pagaban muy bien. En estos comentarios él hace diferencias entre las mujeres y los hombres, con ellos no se expresa así”.
Rechazar sus bromas de índole sexual, invitaciones a sus comidas o fiestas, o negarse a permanecer en ellas, pudo haber marcado la actitud que Anguiano comenzó a tener con ellas en el juzgado, entre comentarios cotidianos descalificando su trabajo.
Pronto, el juez comenzó a hacer diferencias en la carga de trabajo y las asignaciones al personal que tiene los mismos nombramientos o funciones, particularmente para las dos actuarias, a las que les fue asignando trabajo que no les correspondía realizar a pesar de contar con el personal suficiente, mientras las excluía de las juntas donde daba indicaciones.
Los horarios laborales se fueron alargando incluso hasta la madrugada, pues eran enviadas a distintos puntos fuera de la ciudad en un solo día. “Llegamos a manejar 12 horas al día; jornadas de las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente, era dormir tres horas”, señalan.
La denuncia, reproducida en diversos documentos entregados a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura, así como al titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del propio consejo, entre otras áreas (y de los que Proceso tiene copia) expone que a pesar de que el juzgado cuenta con cuatro actuarios, la carga les ha sido asignada inequitativamente; se les consignó a realizar funciones de otras áreas como la revisión de expedientes y se les dieron responsabilidades adicionales, con una marcada diferencia con respecto a otros trabajadores del mismo juzgado y con la misma función.
Como ejemplo, a Laura se le asignó hacer todas las guardias durante un tiempo, a pesar de que existía un rol para distribuirlas.
Incluso, uno de los actuarios con quien compartieron la carga de trabajo renunció cuando una de ellas debió ausentarse por enfermarse de covid, pues no quiso continuar laborando en esas condiciones.
En junio de 2022, Paola debió acudir a una cita médica por presentar un cuadro de conjuntivitis, pero la situación emocional en la que se presentó obligó a que la pasaran a otra atención especializada y le fue diagnosticado un síndrome depresivo severo a causa del estrés laboral.
“Desde el 25 de junio de 2022 he estado medicada y con licencia médica, y todo a causa del acoso laboral constante”, se lee en uno de los varios oficios y documentos en los que ambas relataron su situación y procedieron a denunciar.
De acuerdo con el informe psicológico de acompañamiento entregado por la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral del CJF, Paola presenta alteraciones significativas de su estado físico y psicoemocional que pueden encuadrar en los síntomas relacionados a la violencia laboral y de género.
Por ello, en el informe se sugirió que recibiera una atención integral con un enfoque de género, derechos humanos y diferenciado.
Se identificaron afectaciones en ella como las dificultades para conciliar el sueño, agotamiento, colitis, fatiga y problemas renales.
El 5 de junio de 2023, Laura Lizbeth sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a hacer una notificación, poco después de las 7 de la noche, pues el agotamiento la hizo quedarse dormida; el percance se calificó como riesgo de trabajo.
Amenazas de cercanos al juez
Relata que días después, colaboradores cercanos del juez se le acercaron y la intentaron amedrentar, porque ya se conocía de su denuncia en contra de Anguiano, de lo que dejaron constancia en un escrito entregado a Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, en el que le solicitaron cumplir con las medidas ofrecidas para su protección, pero esto no sucedió.
Con respecto a Laura, el informe psicológico de acompañamiento presentado en diciembre de 2023 por la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral determinó: “Se observó que las conductas de acoso laboral son continuas, persistentes e intolerables”. Algunas de éstas fueron así descritas: “restricción de la comunicación, minusvalía de su trabajo, prohibición a sus colegas de hablarle, asignación de plazos de ejecución o cargas de trabajo irrealizables”.
Además, el informe consigna que ella denunció también sufrir un trato desigual basado en género, violencia de género y afectaciones graves a su salud.
“Lo ves hasta que estás afuera, hasta que un doctor te tiene que decir estás mal, tienes que medicarte, tienes que aprender a dormir, a comer otra vez, o sea, es hasta ese momento que te cae el veinte que en realidad estás mal”, señala una de las actuarias.
Laura dice que aunque se alejó por unos meses del juzgado con un permiso, “al regresar pues yo encuentro otra vez la misma una carga laboral excesiva” y la situación acumulada durante tantos años “detonó no sólo para mí sino también para Pao en crisis de pánico ya al final, cuando nos mandaba a llamar, incluso entraba yo en crisis de pánico, me ponía a llorar. El agotamiento físico y mental fue exhaustivo para ambas”.
Enfrentar la situación fue lo único que les quedó, sostienen, puesto que el acoso laboral afectó no solamente su salud, sino su vida familiar y social, ya que, por ejemplo, el acoso se extendió hasta sus redes sociales personales, a través de allegados del juez que les hacían saber que eran observadas.
Paola y Laura recuerdan que, a finales de 2022, el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo relativo al acoso sexual y laboral.
El 20 de octubre de 2022, el pleno del CJF aprobó un acuerdo general para prevenir la violencia laboral y mejorar el ambiente de trabajo. En el punto noveno de dicho acuerdo se reconoce el mobbing como el comportamiento que se ejerce en el ámbito laboral con la finalidad de generar un daño a la estabilidad personal, de salud, psicológica, dignidad o integridad de una persona trabajadora mediante acciones de intimidación sistemáticas, las cuales tienen las características de ser persistentes.
“Dichas acciones pueden consistir en insultos, amenazas, rechazo, carga desproporcionada de trabajo, marginación laboral, humillaciones, descrédito, indiferencia, comparaciones destructivas, entre otras”, señala el acuerdo en este punto.
En abril del 2023, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo del mismo organismo relativo a la aprobación del Protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género en todos los espacios laborales del mismo.
“Nosotras encajamos en todos los puntos del acuerdo que emitieron. Lo que tendría que pasar según su acuerdo es que el juez tendría que ser suspendido y sujeto de responsabilidades administrativas. De acuerdo con sus lineamientos, él (Anguiano) tiene que estar fuera del juzgado”. (Con información de Diana Lastiri.)
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