El mandatario federal no cree que prospere la intención de frenar el proceso legislativo desde la Corte.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, tampoco actuaría con fundamento legal para frenar la reforma al Poder Judicial, por lo que sería una aberración y una intromisión burda, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución en que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial”, indicó.
Agregó que “sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, lo que debe ser un auténtico estado de derecho, sería como optar por la ley de la selva. Terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia. Solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente”.
Por esa razón el mandatario federal no cree que prospere la intención de frenar el proceso legislativo desde la Corte.
“Alguien en el Poder Judicial no uno, espero que varios, en especial en la Corte reaccionen como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta (Norma Piña) un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral y un ministro argumentó que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral”.
El presidente afirmó que con ese ejemplo, ahora está peor porque pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que de acuerdo a la Constitución corresponde al Ejecutivo y al Legislativo por la facultad de presentar iniciativas y de discutirlas y, en su caso, aprobarlas.
No puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función. Sería una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo por eso que prospere ese propósito”.
La ministra presidenta inició una consulta para que el Pleno determine si puede frenar el proceso de reforma judicial, aprobada por la Cámara de Diputados y pasó al Senado de la República. La solicitud llegó de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
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