Dependencias de seguridad de todo el país gastaron cientos de millones de pesos en un aparato con el que creían que podrían enfrentar a los cárteles
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A finales de 2006, en un intento por limpiar su imagen y legitimar su llegada a la presidencia del país, Felipe Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán, con el que inició la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Carente de una estrategia para hacerle frente al crimen organizado que en ese entonces se concentraba en Michoacán, el despliegue de más de siete mil militares fue el inicio de una oleada de violencia que aún azota al país.
Una de las mentes detrás de esta “lucha” contra los cárteles fue Genaro García Luna, el recién nombrado secretario de Seguridad Pública de Calderón que, el pasado 16 de octubre, fue sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Para cuando llegó al más alto puesto de la SSP, García Luna ya era un experto en tácticas de espionaje y uso político de los expedientes del gobierno. En su libro García Luna, el señor de la muerte Francisco Cruz expone que el inicio del operativo fue una “película de terror que también tendría elementos sobrenaturales gracias a la charlatanería”.
Para ese momento ya eran conocidas las creencias de García Luna en el esoterismo y su fe en la Santa Muerte. Aparentemente confiadas en los “poderes extrasensoriales” del funcionario, las instituciones de seguridad compraron un dispositivo con el que creyeron que iban a derrotar a las organizaciones criminales.
Se trataba del Detector Molecular GT-200, creado por el británico Gary Bolton y ofrecido por la empresa Global Technical Ltd. El artefacto se ofrecía como una herramienta capaz de identificar cualquier tipo de droga y elementos balísticos a 700 metros de distancia sin usar ningún tipo de batería.
Presuntamente, este pedazo de plástico con una antena metálica adherida en un extremo “se nutría de la energía electrostática de la persona que lo manipulaba”.
Sin que se tengan registros sobre quiénes decidieron y aprobaron la compra, el Gobierno de México adquirió casi mil de estos aparatos, bautizados por el Ejército como ‘La ouija del diablo’.
Esta fraudulenta arma llegó al inventario de la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y 28 de los 32 gobiernos estatales, quienes respondían a García Luna.
Otras dependencias que adquirieron este aparato fueron Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y algunos gobiernos municipales con la esperanza de poder detectar bombas.
Documentos disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) exponen que la Sedena compró un total de 742 detectores GT-200 entre 2007 y 2010, con un valor total de 21 millones 757 mil 800 dólares.
El primer peritaje al que el GT-200 fue sometido ocurrió en 2011 en la Academia Mexicana de Ciencias. En la inspección participó el investigador Luis Mochán, doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien constató la ineficacia del aparato.
Entre otras cosas, el especialista demostró que el GT-200 estaba hueco y la antena no se movía debido a la energía producida por la persona que lo operaba, sino “bajo la acción de la gravedad en la dirección que dictan pequeños movimientos de la mano del operador”.
Gary Bolton, creador de este engañoso dispositivo, fue condenado a siete años de prisión en 2013 en la Corte Central de Londres, Inglaterra, por haberle vendido su invención a gobiernos de todo el mundo.
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