Los ciudadanos podrán reportar incidentes sin recurrir a los números tradicionales de emergencia
Tras siete semanas de violencia extrema en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha decidido habilitar canales de comunicación directos para que la población pueda denunciar hechos delictivos y amenazas sin pasar por las líneas de emergencia convencionales.
Estos nuevos canales buscan brindar un acceso más seguro a los ciudadanos en medio de una crisis de seguridad que ha dejado casi 300 personas fallecidas desde el pasado 9 de septiembre por la guerra interna entre el Cártel de Sinaloa.
Los enfrentamientos, que han afectado a varias comunidades de la región, se intensificaron tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, supuestamente lo secuestrara y lo llevara a Estados Unidos por la fuerza.
¿Cuáles son los nuevos contactos?
La Sedena ha puesto a disposición de los habitantes de Sinaloa dos nuevos números para realizar denuncias directas: el teléfono 667 715-95-86 para llamadas convencionales y el número 667 584-90-42 para WhatsApp.
La apertura de estos nuevos medios de comunicación responde a rumores de que los sistemas de emergencia habituales, como el C4, podrían estar siendo vulnerados, y que la información de denuncias podría estar filtrándose hacia grupos delictivos.
Ante esta situación, el Ejército ha reforzado su presencia en Sinaloa y ha establecido estos nuevos contactos, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía tenga una vía segura y directa para reportar cualquier incidente, en un contexto donde la desconfianza en las autoridades de seguridad locales se ha vuelto evidente y ante la inacción de éstas.
Rivalidades y capturas de líderes clave
El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el incremento en la violencia en Sinaloa comenzó a raíz de las detenciones y extradiciones de figuras clave del Cártel de Sinaloa. Trevilla afirmó que la violencia ha aumentado desde que Joaquín Guzmán López entregó al líder Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses, supuestamente en busca de beneficios legales para él y su hermano Ovidio Guzmán.
Esta entrega de “El Mayo” a la justicia estadounidense, junto con la reciente captura y extradición de “El Ratón” en 2023, ha fragmentado aún más al cártel, intensificando las rivalidades internas y el número de enfrentamientos armados.
Según Trevilla Trejo, los sicarios de ambas facciones han incrementado sus niveles de violencia y están mejor armados, con una disposición cada vez mayor a enfrentarse a las fuerzas del orden y a los grupos rivales en su intento por consolidar el poder.
Esta situación ha generado una serie de enfrentamientos y operativos, en los cuales la Sedena ha tenido que intervenir de manera activa. Solo esta semana, un operativo en la región resultó en la muerte de 19 presuntos delincuentes y la captura de Edwin Antonio “N”, alias “El Max”, quien presuntamente lideraba una célula de sicarios vinculada a la facción de los Zambada. La captura de “El Max” se realizó en el municipio de Culiacán tras un enfrentamiento de más de dos horas, durante el cual más de 30 individuos armados agredieron al personal militar.
La escalada de violencia ha generado temor y desconfianza en la ciudadanía, particularmente en zonas rurales y comunidades cercanas a Culiacán, donde los enfrentamientos entre sicarios son cada vez más frecuentes.
Pobladores han reportado situaciones en las que se ven obligados a resguardarse en sus hogares o a huir ante la presencia de convoyes armados y tiroteos. La Sedena ha asegurado que sus elementos actúan con estricto apego a los derechos humanos y al estado de derecho, aunque la creciente presencia militar en tareas de seguridad pública ha generado polémica.
La intervención de las fuerzas armadas se produce en un momento delicado para la seguridad pública en México, con episodios recientes de uso de la fuerza que han dejado víctimas civiles en otras regiones del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que no permitirá un retorno a las políticas de “guerra contra el narcotráfico”, iniciadas en 2006, aunque la estrategia militarizada continúa siendo una herramienta central en la respuesta a la crisis.
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