Fueron suspendidos de su cargo por 6 meses y tienen prohibido acercarse o molestar a las víctimas
Comunicado.- Jaime “N” y Sandra Leticia “N”, policías municipales, junto con Delia “N”, trabajadora social, quienes laboran en la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público.
La tarde de este lunes 23 de diciembre, en audiencia celebrada en los juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, la Jueza de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt Flores, determinó vincular a proceso a los servidores públicos por abuso de autoridad que comente el servidor público que “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”, así como por delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, cometidos al procurar la impunidad de delitos o faltas de los que tenga conocimiento al abstenerse de denunciarlos, según establece el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Como medidas cautelares que estarán vigentes durante seis meses, la Jueza determinó que la trabajadora social y los policías municipales deberán presentarse periódicamente a firmar y tienen prohibido acercarse al domicilio de la víctima, y en caso de encontrarse con ella deberán retirarse. Además, ordenó la suspensión de sus cargos para los tres servidores públicos por seis meses.
El 28 de agosto de 2022, Jaime “N” y Sandra “N”, policías municipales de Puerto Vallarta acudieron a atender un servicio en el que se reportó que había una niña sola y llorando en el interior de un domicilio de esa ciudad. La ventana y la puerta de la casa estaban abiertas y la menor se asomó. Los uniformados la llamaron y al salir la aseguraron y trasladaron a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Ciudadana; sin embargo, no solicitaron mando y conducción del Ministerio Público ni dieron vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece el procedimiento.
Al llegar a las instalaciones, la pusieron a disposición de la trabajadora social, Delia “N”, adscrita a los juzgados municipales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, quién le preguntó a la menor el nombre de sus padres y, con la información que le dio, procedió a hacer una búsqueda en redes sociales localizando a la mamá, a quien llamó para que acudiera a recoger a la niña, quien había sido temporalmente resguardada en los separos de la policía en lugar de derivarla a instalaciones del DIF.
La madre llegó a recoger a la menor y posteriormente lo hizo el padre, con quien vivía la menor pues tenía la custodia provisional. Sin embargo, los policías lo detuvieron argumentando que se presentó agresivo y con aliento alcohólico, y entregaron a la menor a la mamá.
Tras el incidente, el padre presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal que la remitió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que fue integrada por la Agencia Regional de Puerto Vallarta donde se llevaron a cabo las indagatorias que permitieron vincular a proceso a los servidores públicos.
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