La presidenta Sheinbaum ha dejado atrás la inacción contra el crimen organizado, y lo prueban, entre otros hechos, el aseguramiento de más de una tonelada de fentanilo y la captura de funcionarios estatales y municipales en el Edomex.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En los primeros cien días de su gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum se ha distanciado de “los abrazos, no balazos” de su antecesor y ha emprendido operativos policiales y militares en contra de grupos delictivos que han derivado en la detención de funcionarios públicos municipales y estatales, incluidos representantes de partidos de la alianza gobiernista.
Para el expresidente Andrés Manuel López Obrador la solución a la crisis de seguridad pasaba por atender las causas mediante programas sociales, pero este gobierno, para combatir a las organizaciones criminales, más allá de las causas, pretende alinear a las corporaciones civiles y militares federales y estatales, así como a la Fiscalía General, además de la explotación de la inteligencia.
Sheinbaum recibió el gobierno con una de las olas de violencia más complicadas del país por la crisis que se generó el año pasado en Sinaloa, a raíz de la detención en Estados Unidos de Ismael Mayo Zambada por una presunta traición de los hijos del Joaquín el Chapo Guzmán.
También heredó crisis de seguridad en Chiapas y Tabasco que, al igual que Sinaloa, están gobernados por Morena.
En el caso de Sinaloa, en el anterior gobierno se enviaron elementos de las Fuerzas Armadas, pero la violencia no cesó. En el actual sexenio el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se trasladó a la entidad para coordinar a las fuerzas federales, aunque los homicidios, desapariciones, despojos de vehículos o extorsiones a comercios no cesan, en tanto que el gobernador Rubén Rocha ha sido señalado por presuntos vínculos con integrantes de grupos criminales.
Ayer jueves el Gabinete de Seguridad presentó el informe de los primeros cien días de gobierno en el que admitieron que en Sinaloa sólo han logrado contener ligeramente la violencia iniciada en la administración anterior y señalaron que en el país se han reducido los homicidios dolosos 16.3 por ciento.
Operativos en el Estado de México
Otra acción que ha marcado este arranque de gobierno fue la llamada Operación Enjambre en el Estado de México, en la que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía mexiquense han detenido a más de 40 funcionarios públicos por presuntos nexos con el crimen. Las primeras detenciones fueron de jefes de Seguridad de diversas regiones.
La mandataria federal ha dicho que se trata de una muestra de cero impunidad, pero que el operativo ha generado nueva información con las declaraciones de los primeros detenidos.
En Chiapas también ha habido muestra de esas operaciones: hace unos días el presidente municipal interino de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, fue detenido en un operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).
La Fiscalía estatal informó que el alcalde del Partido Verde, aliado de Morena, tiene abiertas carpetas de investigación por el delito de corrupción, presunta malversación de recursos públicos, desaparición forzada de personas, extorsión agravada, homicidio, así como presuntos vínculos con la delincuencia que opera en la región.
El actual gobernador de Chiapas, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, ha sido insistente en alusiones a su antecesor, el también morenista Rutilio Escandón, por la descomposición en el estado debido a la pelea entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Escandón, cuñado del senador Adán Augusto López, es ahora cónsul de México en Miami.
Durante el pasado gobierno, desde la Presidencia de la República se salía en defensa de quienes eran señalados y el argumento insistente fue que los funcionarios de su partido o aliados son honestos.
Llegó a normalizarse la llegada de estos grupos delictivos, por ejemplo en Chiapas, que se impusieron en el gobierno anterior, al justificar que se trataba de cambios de rutas o reestructuras de los grupos criminales. Cuando el expresidente fue cuestionado sobre los beneficios que tendría para la delincuencia la construcción de caminos, sólo se enfocó en la continuidad de este tipo de obras, aun con la presencia de criminales.
Fentanilo en Sinaloa
En ambos gobiernos se ha asegurado que el fentanilo no se produce en México, como parte de la negativa a los señalamientos de Estados Unidos, tanto de la administración de Joe Biden como la entrante de Donald Trump; sin embargo, se hizo un aseguramiento histórico que si no se produjo en México, pasó por las aduanas mexicanas.
El 3 de diciembre último la Secretaría de Seguridad federal informó del aseguramiento de más de una tonelada de fentanilo en dos domicilios de Ahome, Sinaloa, equivalentes a 20 millones de dosis y que representó “una afectación económica a la delincuencia organizada de ocho mil millones de pesos o 400 millones de dólares. No se tienen precedentes de un decomiso de esta magnitud”.
Este jueves 9 de enero la administración de Sheinbaum obtuvo un logro para su relación con el presidente entrante Donald Trump, pero se debe a un archivo que hizo público el propio gobierno de Joe Biden: el informe sobre comercio de armas de fuego, en el que se confirma que 74% de armas en México proviene de Estados Unidos.
Sheinbaum agrego al respecto:
Nos da elementos a nosotros también para que en el momento que nos sentemos con el gobierno de Estados Unidos, digamos que ya hay un sustento en el Departamento de Justicia que asevera lo que hemos estado diciendo y por lo tanto debemos colaborar, cooperar para que, en las fronteras, en las aduanas, pueda evitarse el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
Un elemento que destaca es la defensa a políticos cercanos al expresidente López Obrador. La mandataria federal ha mantenido el discurso de la defensa, aunque al mismo tiempo insiste en que no habrá impunidad se trate de quien se trate y vuelve al argumento de las pruebas de instituciones que oficialmente podrían no admitirlas.
Rocha Moya, en entredicho
En el caso, por ejemplo, de Rocha Moya Proceso (noviembre 2024) conversó con testigos según los cuales el mandatario estatal buscó el apoyo de Ismael el Mayo Zambada para ser gobernador de Sinaloa.
El propio Rocha declaró en entrevistas que para ser gobernador era necesario el aval del narcotraficante hoy preso en Estados Unidos; el mismo Mayo afirmó en una carta que en la reunión a la que asistiría para encontrarse con los hijos del Chapo, le aseguraron, estaría Rocha Moya. Tampoco hay registros oficiales de la visita del gobernador a Estados Unidos el día de la detención, pese a haber asegurado que no estuvo en México en esa fecha.
López Obrador aseguró que le tenía toda la confianza al mandatario, incluso dijo que los señalamientos hacia Rocha eran parte de la campaña contra su gobierno.
En la Presidencia, Sheinbaum Pardo también fue cuestionada al respecto y respondió: “Yo creo que no hay que especular, sino sencillamente si hay algo que se diga, y si no, pues también que se deje de especular sobre esto (…) porque acusar a alguien sin pruebas no es bueno, hay que hacer que actúen las instancias correspondientes”.
–¿En caso de que sea responsable el gobernador, se procederá? –se le preguntó.
–Cualquiera; no hay impunidad, hay cero impunidad; pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas que se presenten.
Otro caso es el de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación de López Obderador y actual coordinador de Morena en el Senado. Este medio publicó en octubre de 2022 que “cuando era gobernador de Tabasco entregó la Secretaría de Seguridad estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, en específico lo relacionado con el grupo criminal La Barredora.
El 17 de octubre de 2022, al ser cuestionado, el entonces presidente López Obrador respondió: “Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. La gente nos tiene confianza y sabe que nunca vamos a traicionarlos”, dijo sobre quien después de ser gobernador fue su secretario de Gobernación, aspirante presidencial por Morena (contendiente de la ahora presidenta Sheinbaum) y actual coordinador de los senadores del partido en el poder.
El 11 de diciembre último la presidenta Sheinbaum también declaró: “No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco”. Casi enseguida reparó: “Si las investigaciones llegaran a algún servidor o a alguien que fue funcionario público, pues se procedería”.
Hace menos de un mes el gobernador de Tabasco, el también morenista Javier May, declaró: “Es grave el daño que le hicieron a Tabasco (…) todos saben, aquí era vox populi, quién comandaba La Barredora, ¿o no sabemos?”, en referencia a un exfuncionario de Adán Augusto López.
El distanciamiento entre las medidas adoptadas por el entonces presidente López Obrador, acompañadas por un discurso de negación ante cualquier señalamiento contra sus allegados colocados en algún cargo, podrían seguir rutas distintas en el actual gobierno, que mantiene constante la frase de “cero impunidad, sea quien sea”.
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