Ciudad de México. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación por la criminalización que desde los diferentes niveles de gobierno hacen en contra en contra de quienes ejercen su derecho a la manifestación, en el contexto de las protestas por el aumento a los precios de las gasolinas y diésel.
Denunciaron que desde los primeros días de estas múltiples protestas, ya se han presentado en varias entidades múltiples actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes de diversas corporaciones policiacas del país.
En estas acciones se han reportado ya detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines, contra personas manifestantes. Tan sólo el 2 de enero se informó sobre la detención de 6 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional durante protestas en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, así como 5 personas detenidas en Guadalajara y otras 5 después de un bloqueo en la carretera México-Toluca.
Asimismo, en el Estado de México se reportó, a través de videos publicados en redes sociales, que en Tultitlán y Coacalco se presentaron detonaciones de armas de fuego en el contexto de protestas.
En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como la Oficina para México y Centroamérica de Article 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Serapaz y la Red TDT, entre otros, pidieron a las autoridades abstenerse de realizar cualquier conducta o acción que derive en algún uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el diálogo y velar por la seguridad de las personas.
De igual forma, exhortaron a los organismos estatales de derechos humanos, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que cumplan con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas.
Así, las organizaciones agrupadas el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), también les pidieron solicitar, conforme a sus facultades legales, las medidas precautorias correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas.