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CIUDAD DE MÉXICO.
A pesar de la exigencia ciudadana, el Senado incumplió el plazo fijado por sus órganos de gobierno para elegir al primer fiscal especializado de combate a la corrupción, con lo cual retrasa la operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), diseñado para castigar los abusos de servidores públicos y complicidades ciudadanas.
El efecto inmediato del alza en los precios de la gasolina, durante las primeras semanas de enero, aumentó la demanda ciudadana de poner fin a los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno e incluso hubo ofrecimientos de recortes presupuestales y disminución de prestaciones de la alta burocracia; sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción todavía no puede operar.
Aprobado por el pleno el pasado 6 de diciembre, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado para la elección del llamado fiscal anticorrupción establece que el 15 de febrero es la fecha límite para que las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana presentaran el listado de los candidatos elegibles a esa posición; sin embargo, a sólo 48 horas de que venza el plazo, no existe trabajo legislativo alguno en torno a ese nombramiento.
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, su operación está a cargo del Comité Coordinador, el cual está formado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, que se formó hace dos semanas; el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Ximena Puente; el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, cuyo nombramiento es responsabilidad del Senado.
El Comité Coordinador, de acuerdo con la Ley, es la “instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNA” y del diseño, promoción y evaluación de las políticas públicas.
Las disposiciones legales precisan que el fiscal anticorrupción es el encargado de traducir en casos ministeriales las acusaciones de corrupción y la detección de irregularidades que realicen instancias como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Desde noviembre, el Senado tiene parado el proceso legislativo para elegir al fiscal anticorrupción, porque por segunda ocasión los grupos parlamentarios no tienen consenso en torno a alguno de los candidatos; el primer plazo fijado fue el 29 de noviembre, pero las comisiones correspondientes no realizaron el trabajo de entrevistar a los aspirantes.
Los coordinadores parlamentarios acordaron prorrogar hasta el 15 de febrero la elección y así lo acordó la Junta de Coordinación Política, con el aval posterior del pleno del Senado, pero nuevamente incumplió el plazo.
¿Que es el SNA?
Con la reforma constitucional que creó el SNA, se busca que sea la instancia de coordinación entre autoridades.
El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno. En el Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura, se aprobaron 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción.
La meta es que el SNA sea presidido por los ciudadanos para crea instituciones fuertes y autónomas con el objetivo de prevenir y castigar la corrupción; se busca eliminar trámites innecesarios y que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia.
El SNA cuenta, en sus bases, con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción: tales como códigos de etica, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación.
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