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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 25 de mayo de 2016, la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) dictó una sentencia en la que obligaba a la Procuraduría General de la República (PGR) a ofrecer una disculpa y reparar el daño causado a tres indígenas ñhä-ñhú (otomí), apresadas injustamente en 2006.
Después de nueve meses, la PGR anunció finalmente que el “acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública” para Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio se realizará el próximo martes 21.
Ese mismo 25 de mayo, la entonces procuradora Arely Gómez González se limitó a señalar que “analizaría” los términos de la resolución y que a partir de ello se “cumpliría” la ejecutoria, pero eso no ocurrió durante su gestión, pese a que el fallo tenía carácter de “inapelable”.
En un comunicado emitido este martes, la PGR sostuvo que en cumplimiento a las sentencias emitidas por el TFJFA en los juicios 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-04; 6233/13-17-09-10/1521/13-PL-08-04, y 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04, la institución realizará el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las tres mujeres ñhä-ñhú en el Museo Nacional de Antropología e Historia el martes 21, a las 12:30.
A dicho acto, que será presidido por el procurador Raúl Cervantes Andrade, asistirán las víctimas y Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal de las indígenas.
La PGR acusó a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación Criminal (AFI), luego de que el 26 de marzo de 2006 realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en al mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Las tres mujeres fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de ese año, y sentenciadas a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.
El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos, pues la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias, además de que hubo irregularidades relativas a su condición étnica.
Teresa y Alberta también fueron procesadas por delitos contra la salud, pese a la inexistencia de pruebas.
Luego de tres años de permanecer encarcelada, Jacinta fue liberada en septiembre de 2009 porque la PGR se desistió de la acusación.
Alberta y Teresa fueron obtuvieron la libertad en abril de 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.
El 19 de mayo pasado, el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que pretendía impedir la disculpa pública y la reparación del daño a las indígenas.
“La reparación no me deja contenta, hasta me da coraje, porque no me pueden reparar nada. Nada… La reparación del daño no me regresa el tiempo que no estuve con mis hijos… Preferiría cambiar esa reparación por el hecho de que ya no hubiera injusticia en los procesos judiciales”, señaló Jacinta después de que conoció la resolución del TFJFA.
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