AristeguiNoticias.com (Reportaje Especial)
Un elemento de la Policía Federal Ministerial, quien fungía como escolta de Alfredo Castillo Cervantes cuando éste era comisionado en Michoacán, es señalado como el principal responsable del intento de secuestro cometido contra la empresaria Lucrecia Pacheco González, ocurrido en octubre 2014 en el Estado de México.
Se trata de Olinsser Castillo García -empleado de Castillo al menos desde el caso de la muerte de la niña Paulette (2010)-, y quien se encuentra “activo” dentro de la PGR desde 2013, después de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Olinsser está catalogado como “subjefe de agentes de seguridad”, adscrito a la Policía Federal Ministerial, con una plaza de “confianza”, un sueldo de más de 62 mil pesos mensuales y un domicilio ubicado en Izcalli del Valle, municipio de Tultitlán, Estado de México, exactamente a unas calles de donde ocurrió el intento de secuestro, hace dos años, cuatro meses.
La empresaria Lucrecia Pacheco también denunció a Jair Mario Castillo García, quien durante el intento de secuestro trabajaba con Alfredo Castillo en la Comisión para la Seguridad en Michoacán, donde se desempeñaba como “jefe de departamento”, en el que daba “apoyo en labores administrativas”. Además, previamente fue elemento de la Policía Ministerial del Estado de Méxicodenuncia
Al igual que en el caso de Olinsser, a nombre de Jair Mario está registrado un domicilio a unas cuadras de donde ocurrió el intento de secuestro de la empresaria, en el mismo fraccionamiento de Izcalli.
Olinsser, Jair y Lucrecia Pacheco prácticamente son vecinos; los separan unas cuadras y una caseta de “vigilancia”.
La señora Pacheco contó a Aristegui Noticias cómo los dos empleados de Castillo y otros sujetos que aún no son identificados de forma oficial, trataron de secuestrarla frente a su propia casa, el 27 de octubre de 2014. Primero, ella pensó que se trataba de una confusión.
Uno de los hombres (Olinsser), entonces desconocido por ella, sacó un arma, la encañonó y en conjunto intentaron llevársela a la fuerza, mientras la familia Pacheco observaba todo.
“Cuando se baja de la camioneta lo primero que hace (Olinsser) es cortar cartucho, se dirige hacia mí, le da la vuelta a la puerta, se dirige hacia mí y me encañona de frente”, narró la empresaria.
La madre y el hijo de Lucrecia, en la puerta de su casa, miraban atónitos. El hermano de la empresaria forcejeaba con los otros involucrados y trataba de entender lo que ocurría.
-¿Por qué no se la llevaron?
“Porque se salió fuera de control esta situación… a Olinsser Castillo García se le cayó el arma en ese momento”.
La señora Pacheco piensa que se la querían llevar para obtener millones de pesos con su rescate o incluso también supone una posible venganza de un vecino con el que tienen relación los dos policías involucrados.
Lucrecia Pacheco es dueña de una empresa de transportes -que heredó de su padre-, los cuales llevan marcado su apellido -Pacheco- y en ocasiones quedan estacionados afuera de la casa que tiene en Izcalli del Valle, donde vive su madre.
El inmueble resalta de los otros por su fachada recién remodelada, con vidrios gruesos, portón automático y un interphone. Las cámaras de seguridad fueron colocadas tras el intento de secuestro del 27 de octubre de 2014.
“¿Sí sabes quién soy yo?”
El 29 de octubre de 2014, Lucrecia Pacheco decidió acudir a la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Tultepec, Estado de México, donde denunció el intento de secuestro, para que las autoridades buscaran a los involucrados, sin saber entonces que se trataba de policías.
Desde agentes municipales hasta elementos del Ejército hicieron rondines en el fraccionamiento de Izcalli del Valle, hasta que Pacheco ubicó las dos camionetas que transportaban a los hombres que intentaron secuestrarla.
Sin advertir la presencia policiaca y militar, de uno de las camionetas, de color blanco, descendieron Olinsser Castillo García como Jair, junto con una mujer que los acompañaba. Lucrecia Pacheco gritó alterada: “¡Ellos son los que me amenazaron a mí y a mi bebé!”. Olinsser y Jair notaron la presencia de toda la Base de Operaciones Mixtas. Parecía su fin. Caía la noche en Izcalli del Valle.
Cuando iba a ser detenido, Olinsser Castillo García espetó: “Es que no mames güey, es que no es así güey. ¿Sí sabes quién soy yo, verdad?, ¿sí me ubicas?”.
El policía federal ministerial manoteaba y exigía al comandante militar que encabezaba la Base de Operaciones: “Dame la atención”.
Los miembros de la Base de Operaciones Mixtas dudaron en creer los alardes y pidieron a los sujetos que los acompañaran al Ministerio Público.
Olinsser montó en cólera. “Jair, vámonos ya. Y ahorita la voy a meter a la cárcel a la vieja”, soltó iracundo frente a Lucrecia.
“Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver, esto no se va a quedar así”, le advertía el hombre.
Los dos sujetos se “ostentaban como personal de la Secretaría de Gobernación y familiares de Alfredo Castillo Cervantes”, de acuerdo con los militares.
Para entonces, nadie se atrevió a esposar a Olinsser. Se subió por su propio pie a la patrulla. A su lado, los policías municipales no parecían sus captores sino más bien sus acompañantes.
El comandante de la Base de Operaciones, el teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, decidió trasladar a Olinsser y Jair Mario al MP de Cuautitlán.
A la postre, les devolvieron todo lo asegurado, incluida al menos un arma y las camionetas que, de hecho, no existen en el expediente inicial.
En la nómina de PGR
Al menos hasta mayo 2016, Olinsser seguía en la nómina de la PGR, de acuerdo con su última declaración patrimonial. Pese a estar en la misma estructura de la dependencia, no ha sido llamado a declarar por los hechos de octubre 2014. Lucrecia Pacheco cree que esto se debe a sus vínculos con Alfredo Castillo.
Uno de los encargados de la seguridad del ex comisionado confirmó que Olinsser no estaba en Morelia el 27 de octubre 2014, cuando ocurrió el intento de secuestro de Pacheco sino que “sólo se encontraba el encargado del servicio el señor Omar Castillo García”.
Dicho informante declaró ante el MP que la seguridad del ex comisionado y hoy titular de la Conade consistía en un “grupo de escoltas asignado… conformado por elementos de la Policía Federal Ministerial y la Policía Ministerial del Estado de México”.
A Olinsser lo ubicó perfectamente como el “encargado de logística de la operación de los agentes para proporcionar el servicio de guardia del señor Alfredo Castillo”.
El intento de secuestro de la empresaria fue denunciado no sólo ante las autoridades del Edomex, sino también en la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cada instancia realiza sus propias investigaciones; en la Sedena ya hay avances que se detallarán en la segunda parte de este reportaje, mientras en el Edomex todo parece estancado.
Pacheco González tiene los recursos para seguir investigando. Se ha convertido en su propia abogada. Actualmente, trabaja en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, donde aprendió a redactar todo tipo de oficios a una autoridad, los cuales le toca ahora hacer para su propia búsqueda de justicia. Sabe de “diplomacia” con la que debe dirigirse ante un MP, por ejemplo. Pero en ocasiones explota y les levanta la voz al ver su pasmo. Otras veces llora de impotencia. Y hasta se ríe cuando todo es absurdo, como cuando una autoridad no sabe decirle dónde está su expediente. La risa no es de felicidad sino una vía de desahogo.
Pese a todas las vicisitudes, la empresaria no se detiene. Dice que va a defender a su familia ante cualquier riesgo.
“Yo le creo”
El ex presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, conoció desde finales de 2014 lo que le ocurrió a la señora Pacheco. El caso prácticamente estuvo en sus manos durante meses, luego de que se lo presentara la entonces titular de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, América Nava Trujillo.
La señora Lucrecia Pacheco se distanció de él cuando se convenció de que Hernández Barros se aprovechó de su situación y no logró avances sustanciales.
Ante la cámara, Hernández Barros dijo creer en la denuncia de la señora Pacheco, sobre todo por el shock emocional que pudo constatar.
“Yo hice mi trabajo”, sostuvo Hernández Barros el pasado 21 de octubre, unos días después de que llegara a la presidencia de la CEAV. “Nosotros (la CEAV) no investigamos. No impartimos justicia”, aclaró.
“Yo le creo por supuesto, el principio de buena fe me hace creerle a las víctimas…A mí lo que ella me contó es que llegaron a su domicilio unas personas, que ella estaba con su mamá y con su hijo, y que trataron de secuestrarla, que estuvieron forcejeando con ella para subirla a un vehículo, que ella se resistió a eso, que opuso resistencia y en un momento dado más gente empezó a salir de sus casas a ver qué estaba pasando. Y los secuestradores desistieron de su intento de secuestro y huyeron. Esa es la versión que yo tengo de ella”, indicó en entrevista para este medio.
A inicios de 2016, Barros dejó el caso pues, aseguró, la víctima ya no lo buscó. Para entonces, reconoce, “no había avances en el sentido de que hubieran declarado los probables responsables”.
-¿No hay ni un solo detenido, le dice algo eso?
“La Procuraduría tenía su propia visión del asunto. Ellos decían que no se trataba de un secuestro, sino que se trataba de una riña vecinal que, esa esa era la versión que tenía la Procuraduría… Yo francamente esa versión para mí era difícil creerla después de ver a la víctima en el estado que venía, de alteración, de la necesidad que tenía de terapias psicológicas…”.
-¿Eran policías secuestrando?
“Esa es la versión que ella nos da, a las personas que ella reconoce y que les hace imputaciones directas”.
En la CEAV, la empresaria recibió atención psicológica y se le dio asistencia jurídica gratuita por parte de la CEAV.
La psicóloga de la CEAV estableció que la señora Pacheco enfrenta una “situación real de amenaza (que) es actual y no ha cesado; ha presentado síntomas de ansiedad importantes así como estrés postraumático, derivados de los delitos de los cuales fue víctima y de las posteriores circunstancias que ha enfrentado con las autoridades”.
Además de la CEAV, el caso Pacheco escaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras meses de revisarlo, el organismo concluyó que:
“…Del análisis de la queja y de la documentación recibida, se advierte que personal de la Procuraduría General de la República que participó en los hechos, probablemente incurrió en conductas constitutivas de responsabilidad administrativa previstas en el artículo 54, fracciones I y VI, de la ley orgánica de la PGR, al no conducirse con apego al orden jurídico y respeto a sus derechos humanos en el desempeño de sus funciones, omitiendo observar un trato respetuoso, además de abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente sus funciones”.
La señora Pacheco, su hijo y su hermano -testigos del intento de secuestro de la empresaria- presentaron una “afectación emocional derivada de los hechos que se investigan y que corresponden al periodo del 27 al 29 de octubre de 2014, mismos que incluyen las agresiones por los sujetos que la amenazaron, así como la victimización secundaria por las instituciones participantes en el evento”.
Pese a todas las denuncias sobre la mesa, en la PGR el expediente se estancó. Consultada sobre el caso, la dependencia declinó hacer comentarios sobre una averiguación que, indicó, sigue abierta. Jair Mario Castillo García también fue contactado en su propio domicilio, vía telefónica; primero pidió una reunión con este reportero y después dijo desconocer del tema. Por último, colgó. En tanto, el ex comisionado Castillo aún no ha emitido una postura sobre el caso.
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