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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esposado de pies y con uniforme de reo, Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, compareció este jueves por segunda vez ante un juez de la corte federal de San Diego, California, luego de su detención el pasado lunes acusado de delitos contra la salud.
De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, el juez Bernard G. Skomal le fijó el 6 de abril como fecha para una nueva audiencia en la que se decidirá su posible traslado a Nueva York, donde un gran jurado le presentó tres cargos criminales por conspiración para importar, manufacturar y distribuir heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína.
El exfuncionario, de 46 años de edad, fue detenido por autoridades migratorias el pasado lunes en el puente transfronterizo que conecta el aeropuerto internacional de Tijuana, México, con San Diego, California, a donde llegó para visitar a familiares, según dijo hoy su abogado, Guadalupe Valencia.
El defensor pidió a la prensa no caer en especulaciones, sobre todo por los reportes que vinculan a Veytia con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Es importante que las personas no tomen en cuenta los rumores y especulaciones porque lo que cuenta aquí en Estados Unidos y lo que debe de contar en todo el mundo es la evidencia, que es lo que puede comprobar”, dijo el abogado al final de la audiencia, según EFE.
“Si hay ese tipo de rumores, especulaciones, debemos de descartarlos hasta que algo se compruebe”, agregó y reiteró que su cliente no tiene antecedentes criminales.
La investigación contra Veytia inició a principios de 2014 y se realizó junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo la indagatoria, el Diablo, Eeep o Licenciado Veytia, conspiró entre enero de 2013 y febrero de 2017, junto con otros, para la manufactura y distribución de sustancias controladas, incluyendo al menos cinco kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas, mil kilos de mariguana y un kilogramo de heroína.
Así, el inculpado tendría bienes o fondos equivalentes valuados en al menos 250 millones de dólares. Si se es hallado culpable, el Departamento de Justicia pediría que le decomisaran hasta 250 millones de dólares provenientes de esa actividad ilícita.
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