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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para asegurarse de que el imputado frente a ella entendía los delitos por los cuales podría pasar los siguientes 20 años en la cárcel –entre ellos el pago de “comisiones” millonarias a los exgobernadores mexicanos Luis Armando Reynoso Femat, Eugenio Hernández Flores, Jorge Juan Torres López y Humberto Moreira–, la jueza estadunidense Janice Ellington insistió:
–¿Reconoce que esta conspiración de lavado de dinero incluyó la operación de transacciones financieras que involucraron fondos derivados de estos tres delitos: fraude bancario, posesión de fondos robados y delito contra una nación extranjera, incluyendo sobornos de funcionarios así como malversación, robo y desfalco de recursos públicos por o para el beneficio de funcionarios? ¿Lo reconoce, señor?
El empresario tamaulipeco Luis Carlos Castillo Cervantes, quien durante años enriqueció a amigos gobernadores tanto con “moches” millonarios derivados de contratos de obra pública y de transporte aéreo, como a través del International Bank en Texas, no vaciló.
–Sí, su señoría.
El hombre repitió esta fórmula a cada una de las preguntas que le hizo la magistrada de la División Corpus Christi, perteneciente a la Corte de Distrito Sur de Texas, al concluir la audiencia que se llevó a cabo en la tarde del pasado 3 de enero.
De acuerdo con la transcripción de esta audiencia, que la Corte liberó el miércoles pasado, Castillo Cervantes, también conocido como “El Rey de los Dragones”, oyó y confirmó la mayor parte de las evidencias que expuso durante dos horas Julie Hampton, quien representa el gobierno de Estados Unidos en el caso criminal 2:16-CR-00802.
La fiscal informó que la investigación de las autoridades se encuentra fundamentada en más de 30 mil documentos, así como en los testimonios de Héctor Javier Villarreal Hernández –extesorero de Coahuila– y del empresario Guillermo Flores Cordero, ambos condenados por la misma Corte de Texas.
Entre estos documentos, los agentes estadunidenses encontraron recibos bancarios, facturas emitidas por sus empresas, “fotografías de Castillo con personas expuestas políticamente” , así como libros de contabilidad anotados a mano, en los cuales aparecían menciones de soborno como “comisión Coahuila”, o la identidad de los políticos escondidos detrás de los prestanombres.
El empresario reconoció que, entre 2006 y noviembre de 2014, obtuvo contratos de proyectos carreteros de gobiernos estatales a precios inflados –entre 2006 y 2007, por ejemplo, cobró 162 pesos por metro cuadrado de asfalto, mientras el precio de mercado rodeaba los 85 pesos– y, a cambio, entregó “decenas de millones de dólares” a los exmandatarios.
Para ello, Castillo Cervantes realizó triangulaciones bancarias, operadas a través de International Bank –del que es socio–, aunque en un caso relacionado con Humberto Moreira –el exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI– la entrega del soborno se realizó mediante fajos de billetes entregados en morrales, según el testimonio de Villarreal.
En varias ocasiones durante la sentencia Ricardo Salinas, el abogado del empresario, interrumpió a Hampton para minimizar la responsabilidad de su cliente en los hechos que le imputaba la representante del gobierno estadunidense.
“No niega que los sobornos fueron pagados, sin embargo, cuando usted habla de montos específicos, se vuelve difícil”, precisó el letrado mientras Hampton describía un esquema de lavado de dinero empleado por Torres López.
El abogado es hijo de Norberto Salinas, el alcalde de Mission, en Texas, quien es un gran amigo, además de ser socio de negocios, de Castillo Cervantes.
Al acercarse las 16:30 horas, Hampton abordó el tema de un avión Learjet 45, que Castillo Cervantes compró en 2008 a través de su empresa Imperial Air, por un monto de 8.7 millones de dólares.
La funcionaria sostuvo que Castillo Cervantes no sólo financió parte del costo con la cuenta que utilizó para sobornar a políticos mexicanos, sino que “distintos mandatarios estatales mexicanos viajaron en el Learjet de Castillo en varias ocasiones, y la evidencia del gobierno es que Castillo proveyó estos viajes como sobornos para los funcionarios.
“Su señoría, el único problema es que la manera en la que el avión se usó fue… no sé si fue un soborno adicional, pero no niega que el avión fue usado. Si fue o no fue por con este propósito específico, digo, es un tema que no debería ser relevante en el momento de la sentencia”, respondió Salinas.
–Señor Castillo Cervantes, ¿Es cierto que el avión fue comprado con el fruto de algunas de estas actividades ilegales? –inquirió la jueza.
Salinas intercambió unas palabras con su cliente, y dijo: “Me indica que fue parte de… no fue… me imagino que está confundido porque no era dinero de los sobornos, era dinero derivado de los contratos subsecuentes o anteriores, pero estos contratos, el dinero de estos contratos fue usado para comprar el avión”.
Castillo Cervantes fue detenido en McAllen el 8 de noviembre de 2016. Las autoridades le confiscaron varios bienes, entre ellos su avión LearJet y cinco millones de dólares.
Para reducir su condena, decidió reconocer parte de los delitos imputados y aportar “una asistencia sustancial al gobierno”.
A cambio de ello, el gobierno abandonó los cargos por defraudación de los bancos International Bank y JP Morgan Chase Bank, y acordó aplicar la menor pena de cárcel legalmente posible al empresario, según la transcripción de la audiencia, que la Corte liberó el pasado miércoles.
Robos millonarios
Según Hampton, Reynoso Femat, el exgobernador de Aguascalientes, lavó 3.3 millones de dólares a través de su cuenta bancaria de IB entre marzo de 2008 y julio de 2012. En la documentación del banco, ocultó su cargo público, y aseveró que se “autoempleaba como abogado”.
Otra Corte de Texas imputa a Femat el lavado de 5.5 millones de dólares en la compra de bienes inmuebles en San Antonio, y las autoridades no descartan que parte de este dinero provenga del tráfico de drogas.
Un caso abarcó a Eugenio Hernández Flores, el exgobernador de Tamaulipas, y Óscar Gómez Guerra, su cuñado y prestanombres en varias operaciones fraudulentas, quienes lavaron cerca de 30 millones de dólares robado del erario tamaulipeco en Estados Unidos en tres operaciones –una por 150 millones, otra por 180 millones y una última por 38 millones de pesos–.
Durante la audiencia, Castillo Cervantes declaró que no estaba involucrado con los 30 millones de dólares que “llegaron a la cuenta”.
Según Hampton, Villarreal –ahora testigo– declarará ante la Corte que Castillo Cervantes compró una casa a Moreira en San Antonio, Texas, a través de Rodmax, una empresa que incorporó en Estados Unidos.
“Nunca supe que era para la compra de una casa”, declaró el empresario durante la audiencia. Aseveró que el pago consistió en el reembolso de un adeudo a una empresa de servicios aéreos de Saltillo.
Torres López fungió como secretario de Finanzas y de Desarrollo Social de Humberto Moreira, y asumió la gubernatura interina de Coahuila a inicios de 2011, cuando el entonces gobernador pidió licencia para tomar la presidencia del PRI.
Las autoridades estadunidenses descubrieron que Castillo Cervantes entregó por lo menos cuatro cheques, por un monto total de 730 mil dólares, a nombre de Torres López, y un documento indica que “Torres recibió una comisión de Castillo para involucrarle en proyectos de infraestructura carretera en México”.
Torres López lavó más de 2 millones de dólares a través de su cuenta bancaria y compró un bien inmueble en Montgomery, Texas. La cuenta bancaria de Torres López se encontraba en el sexto piso del banco, donde Castillo Cervantes registró su domicilio y el de Rodmax.
La Corte imputa a Torres López los delitos de lavado de dinero y de fraude bancario. Se encuentra prófugo de la justicia.
Castillo Cervantes empezó como un “don nadie” en el pequeño poblado de Anáhuac, perteneciente al municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Posteriormente llegó a administrar el aeropuerto de Tijuana, se casó con la hija de un empresario regiomontano y logró convertirse en el distribuidor exclusivo de unas maquinarias recicladoras de asfalto y reencarpetadora de tramos carreteros, llamadas “dragones”.
A lo largo de los años, y gracias al apoyo de Enrique Martínez y Martínez, el exgobernador de Coahuila, Castillo Cervantes consiguió la amistad –y jugosos contratos de obra pública– de gobernadores priistas, entre ellos Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, Fidel Herrera, Eugenio Hernández Flores, Tomás Yarrington Ruvalcaba, José Natividad González Parás, Rodrigo Medina de la Cruz, Humberto Moreira y Ricardo Monreal Ávila.
En 2010, Castillo Cervantes invitó a Peña Nieto, Medina, Moreira y Egidio Torres Cantú –exgobernador de Tamaulipas– a su casa de McAllen, en Texas. Durante esta reunión, los priistas se comprometieron a respaldar a Peña Nieto en conseguir la candidatura del PRI para la Presidencia de la República.
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