CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde su paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Tepic, Édgar Veytia –detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico– cimentó la estructura que posteriormente, desde la Fiscalía General del Estado, bajo su mando, operó cómo una célula más al servicio de los cárteles de la droga, principalmente de los Beltrán Leyva. Y algunas de las personas que lo ayudaron en esa labor permanecen impunes o, incluso, operando desde instancias gubernamentales, denuncian activistas.
La historia de Veytia se inició en 2008, en el mismo momento en que Roberto Sandoval Castañeda, actual gobernador de Nayarit, asumió la presidencia municipal de Tepic e incorporó a Veytia a su equipo como director de Tránsito y Vialidad. El 26 de agosto de 2009 lo convirtió en secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tepic.
En este último puesto empezó a delinear su equipo de confianza, con agentes como Luis Antonio Torres Valdivia, Idelfonso Rosales Navidad, Emmanuel Arce Ornelas, Geovany García Blanco, Neftaly Fuentes del Real, Roberto Carlos González y Alejandro García Núñez.
Con esta gente, a su vez, Veytia llegó a convertirse en hombre de confianza y operador del cártel de los Beltrán Leyva (Proceso 2109).
Otro hombre de su círculo cercano es Carlos Alberto Rodríguez Valdez El Willy, quien en la Secretaría de Seguridad Municipal de Tepic estaba encargado de Tránsito. Después se desempeñó como juez calificador y su tarea era fijar las multas a los automovilistas infractores. De acuerdo con documentos que tiene Proceso, desde que Veytia fue designado subprocurador, El Willy –junto con otros policías– fue comisionado a la Fiscalía por el ayuntamiento de Tepic, todavía durante la administración de Leopoldo Domínguez González.
Una vez con Veytia en la Subprocuraduría, El Willy devino su secretario particular y asesor. No sorprendió que el pasado 29 de marzo, a iniciativa del gobernador Roberto Sandoval, El Willy se convirtiera en encargado de la Fiscalía a pesar de que con su nombramiento se violaba el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, que establece que el fiscal será suplido por el director general de Investigación Ministerial.
“Aun preso en Estados Unidos, el exfiscal doblegó nuevamente al gobernador y a la legislatura estatal. Demuestra que en Nayarit no existe estado de derecho y que Veytia sigue manipulado a la Fiscalía a través de su personal de confianza”, asegura Mayela Ruiz Madrazo, dirigente de la asociación civil Uka Nuiwame, activista y defensora de mujeres violentadas.
Al convertirse en gobernador, Sandoval nombró a Veytia subprocurador. Luego, en febrero de 2013, lo hizo fiscal general del estado para un periodo de siete años. Una vez en la Procuraduría, Veytia se llevó al grupo de agentes de confianza que ya tenía.
Conformó varias células que puso al mando de los Beltrán Leyva, después de Los Zetas y luego del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos que han tenido sucesivamente el control de la zona. En redes sociales y a través de organismos sociales, la gente de Veytia ha sido señalada por cerrar calles para despejar el paso del convoy que llevaba a los jefes de la mafia y de ejercer como “halcón” para evitar la entrada de bandas rivales y los operativos de la Marina.
Luis Antonio Torres Valdivia es uno de los agentes que, cuando Veytia llegó a la corporación municipal, se convirtió en su escolta. Desde entonces fue su brazo derecho. Veytia lo nombró comandante de la Policía de Nayarit. Él recibió pagos por borrar el historial delictivo de una persona, según activistas.
Víctimas de secuestro entrevistadas por Proceso –quienes solicitaron el anonimato– aseguran que Torres Valdivia coordinaba los levantones. Para ello operaba junto con el agente Idelfonso Rosales Navidad, Emanuel Arce Ornelas, Geovany García Blanco, Neftalí Fuentes del Real, Roberto Carlos González López y Alejandro García Núñez.
“Jahaziel Espinosa Huerta, quien es conocido entre los ciudadanos de Nayarit como Comandante Jack, también estuvo en la Policía Municipal. Él es otro que traía más elementos a su cargo, como células. Traía puras camionetas civiles, igual que Valdivia”, indica Ruiz Madrazo en entrevista.
Ella, quien se desempeñó como agente del Ministerio Público durante el periodo de Veytia, recibió denuncias de particulares y comerciantes contra Jack, quien les cobraba “cuota”. Lo mismo hacía con los narcomenudistas.
Muestra la página de Facebook en la que Jack reconoce su cercanía con Veytia, a quien dice apreciar y querer como a su padre: “Jamás fue mi socio, pero sí fue, es y siempre será mi amigo! Y padrino de mi hija” (sic). En su foto de perfil, Jack posa en un sillón, cubre su rostro con una máscara negra de luchador y presume fusiles de asalto en cada mano.
Un integrante más de la red de protección de Veytia fue otro de sus escoltas cuando ambos laboraban para el municipio. Se trata del comandante operativo Manuel Eduardo Maldonado Andrade, encargado de los agentes de 19 municipios que integran el mando único. Su gente porta uniforme y camisetas con logotipo oficial y se transporta en vehículos negros sin placas.
Maldonado está comisionado a la Fiscalía por el municipio de Tepic, pero está acusado de asesinato por Amanda Valdez.
“Maldonado detuvo a mi esposo en un retén y lo trasladó a la Fiscalía. No me preocupé, (pero) en la madrugada a una persona le avisan que lo entregaron a los marinos. A las 10 de la mañana le avisan a la misma persona que lo encontraron muerto junto con dos personas más. En la Fiscalía lo torturaron para quitarle los bienes, no quiso firmar y le quebraron las clavículas, un codo, el cráneo, le quemaron los testículos. Huí con mis niños. Saquearon lo de valor que había en mis dos casas. Maldonado levantó a los que me vendieron (las propiedades), los hizo firmar para apropiarse del patrimonio de mis hijos, que dejo huérfanos”.
En 2012, el señor Agustín Magallanes fue secuestrado en la Fiscalía por otro de los hombres de confianza de Veytia, subdirector de la Agencia Estatal de Investigación: “El Comandante Roberto Quiñonez Salcedo me llevó de la mano a los separos, me dijo que el gobernador Roberto Sandoval prometió donar un terreno de mi propiedad y que yo iba a regalar ese terreno porque las promesas de campaña se cumplían. Si me negaba, me dijo, ordenaría que me trajeran la cabeza de uno de mis hijos”.
En un descuido de los agentes que lo cuidaban, dio aviso a su hija Brenda en un mensaje de texto; ella le envió e-mails al entonces presidente Felipe Calderón pidiéndole auxilio. Calderón ordenó a la delegación de la PGR en Nayarit que investigara. De ahí nace la averiguación previa 052.
Quiñonez Salcedo fue denunciado por Magallanes en abril de 2012 en la PGR, en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, acta circunstanciada AC/037/UEIDCSPCAJ/2012, y en agosto de 2013 pasó a ser la averiguación previa 156, también en contra de Veytia: “Después de despojarme de un predio, mis hijos fueron detenidos. A Iris y a Paul Roberto Quiñónez los bajó de su vehículo cuando circulaban por el fraccionamiento Rincón de Guayabitos. A Brenda la sacaron de su negocio”.
Quiñónez fue cesado de la Agencia Estatal de Investigación en octubre de 2010 por el entonces gobernador, Ney González Sánchez, para “mejorar la seguridad del estado”. Sin explicación, con Veytia reapareció en la Fiscalía.
Francisco Alfonso Salazar Velasco El Paco era escolta y chofer de Veytia en la Municipal. Después lo nombró director de Policía Vial, donde estuvo cerca de un año durante la administración de Héctor González Curiel. Luego Veytia lo integró a la Fiscalía como su asesor, junto con El Willy.
Dentro del organigrama de la Fiscalía está la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), encabezada por otro alfil de Veytia, Jaime Gabriel Romero Montejo El Jimmy. Según Mayela Ruiz Madrazo, quien desde hace un par de años documenta y denuncia las ilegalidades cometidas por el exfiscal (Proceso 2079), El Jimmy se encargaba de dar carpetazo a las investigaciones o impedir que las víctimas presentaran denuncia.
El Jimmy también ha sido señalado por su compadrazgo con Alberto Rosales El Albert, quien es ubicado como líder del Cártel de Sinaloa en Nayarit. Él es padrino de bautizo de un hijo de El Jimmy. En Ixtlán del Rio se hicieron compadres.
En la Dirección de Averiguaciones Previas estuvo Pavel Emilio Valdez Balbuena, recién nombrado director del Centro Penitenciario Venustiano Carranza, prisión estatal de Tepic. Durante la administración del gobernador Roberto Sandoval es la segunda vez que detenta dicho cargo.
Denuncias entregadas a Proceso señalan que en este penal se presiona a quienes fueron detenidos para firmar la cesión de derechos de sus propiedades a favor del entonces fiscal. También pagan para no ser golpeados.
Valdez, por instrucciones de Veytia, también estuvo a cargo del área de gestión y reorganización institucional para la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Nayarit.
Los jueces que forman parte de la red de complicidad del exfiscal son presuntamente el primero y el cuarto penal, Nicolás Ballesteros Villagrana y Oswaldo Candelario Delgado Nájar, respectivamente. A ellos el fiscal les dirigía los asuntos más delicados. La orden era “retardar” los expedientes hasta que la familia del prisionero pagara por su libertad.
Una persona del municipio de Xalisco que pide el anonimato cuenta que tenía un negocio de lavado de carros y motores de tráileres. Asegura que a él le inventaron un delito de homicidio. Los policías al mando del comandante Valdivia lo levantaron de su taller. A los seis meses pagó un millón de pesos al juez primero de lo Penal y salió en libertad. Mayela Ruiz también acusa a este juez. Del cuarto, abogados nayaritas señalan que continuamente era visto salir de la oficina del exfiscal.
Con el paso de los días, la red de complicidades del exfiscal queda al descubierto también en corporaciones municipales: “El pasado 20 de abril, en Facebook, en una transmisión en vivo, el policía de Tepic José Trinidad Godínez Caro denunció que al inicio de la administración de Polo Domínguez fue nombrado escolta del teniente (militar en retiro) Jorge Alberto Berecochea García”…
“Al detectar diversos actos de corrupción”, a los ocho meses se separó del cargo. Fue acosado y hostigado laboralmente, igual que tres de sus compañeros. “El director general y el Operativo, Jorge Santiago Ruiz, en complicidad con el fiscal general, pretendían darnos de baja”. Finalmente fueron cesados tres días después de que fuera difundido el video.
Este texto se publicó en la edición 2113 de la revista Proceso del 30 de abril de 2017.
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