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Ciudad de México. Al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “se le está acabando el tiempo” para demostrar voluntad política y medidas eficaces para romper el ciclo de impunidad que ha marcado casi todos los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas relacionados con su labor informativa, sostiene en el informe extraordinario que lanzará el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) el miércoles 3 de mayo en el puerto de Veracruz.
“Si la justicia no prevalece antes del término de su mandato (dentro de año y medio) Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica”, asienta el documento.
Carlos Lauría, coordinador y vocero del CPJ para las Américas, moderará el mismo miércoles un panel de debate para analizar junto con periodistas veracruzanos los contenidos del informe relacionados con esa entidad, donde –indica el nuevo documento— “la violencia es particularmente grave” y donde los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte.
El recuento de víctimas que realiza el CPJ por lo general arroja números más bajos que otros informes, debido a que en sus investigaciones se aplican filtros más estrictos y se corrobora que efectivamente las agresiones estén directamente relacionadas con la labor informativa de los periodistas abatidos.
Aun así, solamente en Veracruz se registra una tasa de un periodista asesinado al año y uno desaparecido cada dos años durante el sexenio del ex mandatario hoy preso en Guatemala. En los cinco meses del gobernador Miguel Ángel Yunes se cuenta ya un reportero asesinado y un atentado contra un editor que resultó gravemente herido.
“Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas” es el título del informe especial, que incluye un análisis de Adela Navarro, directora del periódico Zeta de Tijuana e integrante del grupo asesor del área para las Américas del CPJ en el que expresa:
“La presidencia de Enrique Peña Nieto, como lo fue la de Felipe Calderón Hinojosa, (y habrán de notar que no es una cuestión de partidos sino de voluntades), no ha tenido ni el compromiso, ni la capacidad, ni la autoridad, para hacer valer la ley y encontrar, investigar y procesar, a los asesinos de periodistas”.
Lejos de la determinación de las autoridades de proteger el ejercicio libre de expresión e información, los periodistas en México sufren “la ausencia del Estado” y deben enfrentar solos las embestidas.
Desde el momento en el que se empezó a expresar la violencia contra la prensa como un patrón constante, el CPJ ha documentado más de 50 casos de periodistas y trabajadores de medios asesinados o desaparecidos donde se repiten tres rasgos principales: asesinatos en represalia directa por su labor informativa, justicia ausente e impunidad como norma.
Esta organización publicó en 2008 por primera vez su “índice de impunidad” y de entonces a la fecha la tasa en México se ha duplicado.
En esta década, los sucesivos gobiernos mexicanos crearon tres herramientas para enfrentar esta problemática, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el mecanismo de protección federal dirigido a periodistas y defensores de los derechos humanos amenazados y una enmienda de ley para ampliar las facultades federales para ejercer la atracción de las investigaciones judiciales. Pero el análisis caso por caso de los asesinatos de periodistas demuestran que ninguna de las tres herramientas es aprovechada en plenitud por las autoridades.
De este modo los medios mexicanos no solo están expuestos a la violencia y las amenazas de los perpetradores sino también a un sistema judicial con fallas estructurales, a los efectos de los retrasos e inconsistencias en los procesos judiciales y a las ineficiencias presentes en los mecanismos de protección.
El informe “Sin excusas” de la CPJ analiza tres casos –los asesinatos de Moisés Sánchez de Medellín, Veracruz, el 24 de enero de 2015; el de Marcos Hernández Bautista de Jamiltepec, Oaxaca el 21 de enero de 2016 y Gregorio Jiménez de Coatzacoalcos, Veracruz, el 5 de febrero de 2014—para ilustrar cómo funciona el mecanismo de la impunidad. En los tres casos la acción de la justicia repitió los mismos rasgos de ineficacia: negó o minimizó la vinculación del crimen con la actividad profesional de las víctimas, dejó incompleta la investigación, sin determinar y comprobar el móvil del crimen e, independientemente de que se registraran algunas detenciones, la investigación solo llegó a nivel del autor material, nunca al autor intelectual.
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