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Tijuana, BC.
Ashley y Hugo David tuvieron en su corta vida varias cosas en común: ella de cinco años de edad y él de siete, vivían en colonias populares; ambos tenían padrastros dedicados al narcomenudeo, según los expedientes judiciales, y murieron alcanzados por disparos de bandas criminales que se disputan la ciudad a sangre y fuego, expresión tan común como la violencia que aquí se vive a diario.
El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, ha admitido: Estamos perdiendo el control de la ciudad.
Ashley recibió un tiro en el estómago la noche del 29 de mayo, cuando viajaba en auto con su padrastro y su madre por la colonia Mariano Matamoros. Un vehículo se les emparejó y hubo disparos.
El padrastro y la madre sobrevivieron; él para reconocer –dice la Procuraduría General de Justicia del Estado– que era narcomenudista del cártel de Sinaloa, que había sufrido otro atentado y pasó un año en prisión acusado del mismo delito. La madre, para asumir que tenía dos meses con su pareja y que sabía que vendía cristal.
Hugo David estudiaba la primaria. A las 15 horas regresó a su casa en la calle Biznaga, en la populosa colonia Sánchez Taboada, cuando hombres armados entraron a su vivienda, identificada por las autoridades como punto de venta de drogas.
El niño recibió balazos en la cabeza y el cuello; el padrastro sobrevivió al atentado y la madre trabajaba a esa hora en una maquiladora. Tres meses tenían madre e hijo viviendo ahí. El cristal que se vendía allí era del cártel Jalisco Nueva generación.
Víctimas colaterales
El primero que dejó caer sobre los familiares el peso de estas muertes fue el gobierno del estado, por conducto del coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero. En rueda de prensa, afirmó que los padrastros se sabían en la mira de sus enemigos y aún así tuvieron cerca a los niños. A las madres las culpó por conocer las actividades delictivas de sus parejas.
Sobre la muerte de Hugo David, señaló, con toda sinceridad y sin ánimo de justificar, que se trató de un suceso colateral, pues el padrastro vendía droga en el mismo domicilio donde se encontraba el menor y la madre lo sabía, por lo cual ninguno de los dos tuvo cuidados ni responsabilidad hacia la víctima.
En el caso de Ashley, “el padrastro es un famoso narcomenudista de la zona este de la ciudad, conocido como El Mazapán, quien ya había sufrido un atentado el primero de mayo del año pasado y estuvo en la cárcel por narcomenudeo. Es el mismo caso: padrastros y madres que están exponiendo la vida de sus hijos por ejercer el narcomenudeo. Esto no es una excusa para la institución, pero son víctimas colaterales de la pugna entre los grupos (criminales) en la ciudad. Se están llevando a los menores”, sostuvo.
Días después el alcalde dijo más o menos lo mismo. Aludió a la responsabilidad de las familias en una sociedad en descomposición; acusó a la sociedad de ser corresponsable y sostuvo que el problema no es competencia exclusiva de la autoridad, pero admitió: Estamos perdiendo el control de la ciudad y los grupos del crimen organizado han rebasado algunas barreras, como respetar la vida de los niños.
La respuesta del sector empresarial fue unánime: La ciudad ya se salió de control, dijo Gilberto Fimbres, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, quien subrayó: El índice de robos y homicidios está creciendo y el gobierno del estado ya perdió el control.
Atentados, cuerpos desmembrados, mensajes en mantas y otros acontecimientos violentos se repiten en esta ciudad, que ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos, con 620 en el año, 167 sólo en mayo.
Hasta hace pocos días el argumento de la autoridad era que la disputa era entre ellos (los grupos criminales) y que el nuevo sistema de justicia penal no ayuda. Según sus propias cifras, a 80 por ciento de los detenidos por la Policía Estatal Preventiva se les acusa de delitos contra la salud o posesión de armas, y como a partir de junio de 2016 esos procesos pueden ser llevados en libertad, 60 por ciento reinciden.
En mayo, según sus datos, en cinco de los ataques entre bandas del crimen organizado estuvieron involucrados cinco hombres que luego de ser detenidos por narcomenudeo y portación de armas largas fueron puestos en libertad por un juez. Tres fueron asesinados días después y dos fueron heridos.
Efectividad a costa de abusos
El alcalde Gastélum ya se reunió con Julián Leyzaola, recientemente nombrado asesor operativo de seguridad pública del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, pese a que el militar estuvo a punto de ganarle la alcaldía el año pasado como candidato de Encuentro Social y se enfrentaban constantemente por el tema de la inseguridad.
Un sector de la población y los empresarios confían en el teniente coronel, pues –aunque hay denuncias en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos– redujo la criminalidad y mantuvo a raya a las bandas del narcotráfico cuando fue secretario de seguridad pública con el actual diputado federal Jorge Ramos en la alcaldía.
Ashley y Hugo David están muertos, y otros dos menores, un adolescente de 13 y una pequeña de cinco años, están en el hospital; el varón recibió disparos en las piernas. A la niña le rozaron la cara las balas que mataron a su padre en un mercado sobre ruedas. Sus historias se repiten.
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