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CIUDAD DE MÉXICO.
Funcionarios públicos y líderes partidistas feminizan los delitos electorales al instigar, manipular y presionar a mujeres para que cometan delitos electorales, como la compra y coacción del voto y el condicionamiento de programas sociales, además del acarreo de personas para mítines y eventos, explicó el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Santiago Nieto.
Reveló que, de septiembre de 2016 a este 9 de junio, se abrieron 254 carpetas de investigación por condicionamiento de programas sociales, de los cuales 57.1% señalan a mujeres como imputadas.
De los 145 casos que señalan a mujeres, 56 son vocales, representantes o promotoras de programas sociales. En 59 se identifica a hombres, en 34 a quien resulte responsable, y en 16 se señalan a servidores públicos.
“Dentro de la propia estructura, en el ámbito del delito electoral, (las mujeres) se convierten en la base de la criminalidad y son las primeras operadoras, instigadas, principalmente por servidores públicos, por dirigentes partidistas, pero se convierten en las personas más denunciadas por delitos electorales”, dijo el Fiscal.
Mencionó que la mayoría de los casos se han registrado en Veracruz, Morelos, Chiapas y Puebla y que, de hecho, en Veracruz, existen ocho órdenes de aprehensión y cinco autos de formal prisión en contra de altos funcionarios del gobierno de Javier Duarte, quienes ordenaron la instigación y presión a mujeres para que manipularan a sus compañeras beneficiarias de programas sociales con fines electorales.
El funcionario explicó que “esto sucede porque el tipo penal establecido para servidores públicos establece una sanción de dos a nueve años de prisión y puede tener como resultado la inhabilitación; los servidores públicos, para evitar este tipo de sanciones, instigan a las mujeres, quienes se convierten en un instrumento para la comisión de una conducta delictiva orquestada por hombres en el ejercicio del servicio público y materializada por mujeres; éstas, por no ser servidoras públicas, van a tener una penalidad más reducida, de seis meses a tres años de prisión.”
Santiago Nieto asegura que este tema conlleva una doble discriminación en contra de las mujeres, primero por el hecho de su sexo y en segundo por su situación de pobreza.
Consideró que las mujeres son sujetos pasivo y activo de los delitos electorales, pues no sólo son instigadas para cometer delitos en la compra y coacción del voto, sino que, como sujetos pasivos, son focos de violencia política cuando deciden ser candidatas a un puesto de elección popular.
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales vislumbra un 2018 complejo en el que se tendrían que repetir esfuerzos de blindajes, que ya se han realizado en el ámbito federal, pero advierte que es necesario generar consciencia entre las mujeres para que tengan claro lo que es un delito electoral, poner freno a la criminalización de grupos vulnerables, y contar con más apoyo para hacer despliegues ministeriales más amplios durante el próximo proceso electoral.
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