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CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Fiscalía General de Nayarit (FGE) tiene un rezago de 6 mil órdenes de aprehensión debido a que condiciona el pago de 70 mil a 300 mil pesos para ejecutarlas, denunció la abogada Mayela Ruiz Madrazo presidenta de la organización no gubernamental Uka Niuwame.
La activista también denuncia que la institución judicial continúa siendo operada por gente de confianza del exfiscal Edgar Veytia, preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
“Me acaban de señalar 108 expedientes en los que la Fiscalía no ha girado el oficio de colaboración que se requiere para que sea ejecutada la orden de aprehensión”, revela en entrevista con Apro.
Continúa: “La situación es grave, pues imagínate si pagas, puedes tener acceso a la justicia, o sea a la reparación del daño, o bien la garantía de que se haga efectiva una orden dictada por el juez”.
Luego asegura que ella comprobó personalmente las irregularidades: “Lo viví porque la FGE se negó a ejecutar la orden de aprehensión por abandono de familiares, dentro del expediente 307/12 del Juzgado Cuarto Penal. Argumentaron que se trataba de un delito menor y que tenían otros asuntos de mayor importancia”.
Ante ello, Ruiz Madrazo debió presentar un amparo por la inejecución de la orden de aprehensión, la cual finalmente fue concedida.
“Esta actuación originó mi despido del FGE al cargo de ministerio público adscrita a Contraloría interna. Por ello también demandé el despido injustificado, por lo cual actualmente se encuentra en trámite el amparo directo AD/562/16 del Primer Tribunal Colegiado de la demarcación de Tepic, Nayarit”.
En situación similar se encuentran cerca de 6 mil órdenes de aprehensión que están pendientes de ejecutar por abandono de familiares o violencia de género, entre otras que no son considerados delitos graves, pese a que es una obligación del FGE ejecutarlas.
Madrazo Ruiz está integrando un listado y documentos de algunos de los 6 mil casos sin ejecutar con los que demuestra la corrupción existente en la FGE de Nayarit. También está documentando casos en que se ha extorsionado a abogados litigantes.
El 21 de abril de 2015, Ruiz denunció ante la Segob que, durante el acompañamiento jurídico a algunas víctimas, Jesús Rosario Arcadia, gestor de esta organización, y otro abogado de Uka Nuiwame, fueron “levantados” por Veytia, entonces fiscal de Nayarit, debido a que se negaron a seguir siendo extorsionados.
Incluso, algunas víctimas la han autorizado para que, en el caso de 108 expedientes, proceda a solicitar oficios de colaboración para que sea ejecutada la orden de detención ordenada por el juez, aunque de manera irregular la FGE le solicitó que el agraviado ratifique su decisión.
Una irregularidad más es que también solicitan al abogado o a la víctima que señale el domicilio donde pueda ser localizado el presunto responsable, cuando es obligación de la FGE indagar el paradero del mismo.
Todo ello a pesar de que la ciudadanía no tiene por qué hacer el trabajo de investigación que le toca a la Fiscalía, ya que es un derecho humano y constitucional del quejoso.
Por otro lado, señala que quien está al frente de la FGE es Carlos Alberto Rodríguez Valdez, El Willy, y no el director de investigación ministerial, aunque lo dos continúan operando bajo el esquema de corrupción que dejó el exfiscal Edgar Veytia, actualmente preso en Estados Unidos.
Madrazo Ruiz, lamenta que todo el personal del exfiscal sigua a cargo de la Fiscalía de Nayarit y que a ninguno de ellos se le haya iniciado algún tipo de investigación. “Al contrario, han tenido la oportunidad de desaparecer las pruebas de sus actos de corrupción y malas actuaciones”.