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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las numerosas irregularidades en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca involucran también al nuevo gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) autorizó el proyecto ejecutivo con la empresa ORVA Ingeniería SA de CV, “posterior al procedimiento de licitación, realizado del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2014”.
Según la auditoría interna realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en enero de 2015, justo antes de abandonar Banobras para irse como candidato del PRI a diputado federal, Del Mazo Maza firmó un proyecto ejecutivo después de que se había firmado un contrato por 1 mil 45 millones de pesos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas Aldesem y Epccor.
La auditoría de la SFP no menciona el nombre de quien estaba al frente de Banobras en enero de 2015 (Del Mazo abandonó la dirección del banco el 10 de enero de esa fecha), pero subraya que esta irregularidad provocó que la licitación se llevara a cabo “sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un presupuesto que resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de tres convenios que representaron un incremento al monto por 647 millones 199 mil pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al 71.78 por ciento en monto, y al plazo de 177 días equivalente al 24.25 por ciento respecto del contrato original”.
Banobras, al igual que la SCT, sabían entonces de las irregularidades en la licitación del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos y decidieron continuar con estas empresas que provocaron la tragedia del pasado 12 de julio cuando el socavón ubicado en el kilómetro 93+857 provocó el accidente y la muerte de dos personas.
La complicidad de Banobras en las irregularidades del contrato en el Paso Exprés se suman así a otras investigaciones que señalan la responsabilidad de Del Mazo en actos de corrupción del banco que dirigió desde diciembre de 2012 hasta enero de 2015.
Hace cuatro meses, antes de las elecciones de junio de este año en el Estado de México, El Ciclo informó sobre un presunto desvío de mil 600 millones de pesos de la empresa española OHL a la campaña de Del Mazo a través de una maniobra del gobierno del Estado de México, de la SCT y de Banobras.
Otra investigación del periodista Salvador Camarena señaló que con Del Mazo al frente de Banobras se realizó un préstamo a la empresa Rodisa, de 99.4 millones de dólares. La compañía falsificó documentos para obtener el crédito. Coincidentemente, antes de obtener el préstamo, Óscar Fernández Luque, excolaborador cercano de Del Mazo cuando fue presidente municipal de Huixquilucan, se convirtió en dueño del 50 por ciento de las acciones de Rodisa.
La auditoría de la SFP indica que Banobras, con Del Mazo al frente, y la SCT con Gerardo Ruiz Esparza como titular, consintieron el cúmulo de irregularidades que provocaron que la ampliación de la carretera para construir el Paso Exprés fuera “una obra pública pagada en exceso”, una “obra pública pagada anticipadamente”, se construyera “sin cumplir con las especificaciones de calidad”, y que los contratos de obra y servicios relacionados con la misma fueran “adjudicados irregularmente”.
Del Mazo y Ruiz Esparza formaron parte también del gabinete estatal de Enrique Peña Nieto cuando éste gobernó el Estado de México (2005-2011), pero la relación entre ambos es más antigua y más fuerte.
Ruiz Esparza fue secretario de Gobierno de Alfredo del Mazo González, padre del actual gobernador del Estado de México y su principal respaldo político.
Socavón largamente anunciado
La auditoría de la SFP también advirtió que no se atendieron adecuadamente las recomendaciones de la Comisión Estatal de Agua (CEAGUA) de Morelos que informó desde el 31 de octubre de 2016 que “la barranca presentaba problemas de desbordamiento en el tramo ubicado inmediatamente aguas arriba del cruce con el libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés)”.
En otras palabras, el socavón fue largamente anunciado y documentado. La SCT desoyó las advertencias que se realizaron desde octubre del 2016.
La SFP concluyó que “había elementos suficientes para realizar una obra hidráulica acorde con las necesidades y condiciones físicas existentes, que evitara daños a la estructura y al no considerarse las recomendaciones técnicas, se produjo la falla (socavón), por lo que los servidores públicos involucrados en la ejecución de los trabajos no tomaron las medidas técnicas adecuadas y ejecutaron la obra sin considerar los parámetros recomendados”.
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