Por Lorena Moguel
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De acuerdo a la página del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), el día de ayer marcaron historia a nivel nacional, al determinar que un diputado debe de hacer público los gastos emitidos en su informe de actividades, situación que recayó en el legislador Ramón Guerrero Martínez, «El Mochilas», quien tendrá 10 días hábiles para informar sobre los gastos de su segundo informe, llevado a cabo el 21 de marzo del 2017.
Y es que, aún cuando los gastos los generó a título personal, el ITEI determinó que el diputado de Movimiento Ciudadano debe informar al respecto, «ya que existe interés público para conocer el costo del evento.
Una vez que concluyó el evento, un ciudadano no identificado solicitó al Congreso del Estado, conocer el monto de los gastos que se generaron en el segundo informe de «El Mochilas», principalmente porque se contó con la presencia del cantante Pancho Barraza. Para ello –de acuerdo a medios de comunicación de Guadalajara– Guerrero Martínez puntualizó que esos eran datos confidenciales por tratarse de su patrimonio.
El pleno del ITEI también tuvo conocimiento de la petición del ciudadano «anónimo» y ayer dieron una resolución, en el sentido de que «El Mochilas» deberá informar sobre el gasto por impresión de lonas, de publicidad, la factura emitida por renta del escenario, luz y sonido; costo de la contratación de Pancho Barraza y de los obsequios repartidos a los miles de asistentes a su evento.
A este respecto, el comisionado integrante del pleno del ITEI expresó:
«Efectivamente hay una laguna legal pues no hay una disposición expresa que diga que tengan que entregar los gastos derivados de un informe de actividades legislativas cuando se eroguen recursos privados. Sin embargo aquí consideramos que hubo una colisión se derechos de información confidencial del patrimonio del legislador y el interés público por conocer cuánto costó ese acto de informar. Después de hacer esa ponderación se llegó a la determinación que pesó más para este caso en concreto el interés público de conocerla que el derecho la privacidad del legislador».
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