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La Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur afirma haber identificado a más de 40 oficiales de alto rango del Ejército y el Gobierno del país que podrían ser responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se precisa que entre estos hay 8 tenientes generales, 17 generales mayores, 5 coroneles y 3 gobernadores estatales.
Un informe del organismo detalla «terribles acciones de crueldad» contra los civiles en el país, en los que se detalla que en algunos casos les arrancaron los ojos, les cortaron la garganta y los castraron. Asimismo, se informa que algunas «víctimas se han visto obligadas a violar a familiares cercanos».
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Entre los duros testimonios recogidos por la comisión, algunos daban cuenta de cómo mujeres fueron obligadas a ver la castración de sus maridos u hombres debieron soportar la violación de sus esposas. Según el informe, una mujer relató cómo su hijo de 12 años fue obligado a violar a su abuela para poder permanecer vivo, mientras que un hombre tuvo que servir de ‘colchón’ para que una mujer sea violada encima de él. También denuncian violaciones grupales.
«La prevalencia de la violencia sexual contra los hombres en Sudán del Sur es mucho más extensa que lo documentado. Lo que vemos hasta ahora es solo la punta del iceberg», comentó la jefe de la comisión, Yasmin Sooka.
Asimismo, se reporta que ambas partes del conflicto reclutan a niños y los fuerzan a matar civiles. El documento indica que muchos de ellos fueron obligados a ver cómo violaban y asesinaban a sus seres queridos. Los ancianos tampoco escapan de la violencia. Según el informe, «incapaces de huir a pie, han sido dejados en las aldeas solo para ser asesinados o quemados vivos».
«Hay un patrón claro de persecución étnica, en su mayoría por parte de las fuerzas del Gobierno, que deberían ser perseguidas por crímenes de lesa humanidad», afirmó el comisionado Andrew Clapham.
Las evidencias recolectadas por la comisión se utilizarán en un tribunal mixto que podría «establecerse de inmediato». Se precisa que los imputados ya no podrán ocupar cargos ni ser candidatos.
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