CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado septiembre Claudio Merino Pérez esperaba a su esposa en la estética que ella atendía en Santiago Jamiltepec, municipio de la costa oaxaqueña donde él quiso ser presidente municipal y era uno de los dirigentes de Movimiento Ciudadano. Al establecimiento llegaron hombres armados que le dieron 23 tiros.
El asesinato apenas generó algunas notas breves o fue incluido en los recuentos de víctimas de la violencia en 2017 (el año más violento desde que en 1997 se empezaron a llevar registros: oficialmente: 29 mil 168 homicidios), pese a que marcó el arranque de la violencia contra aspirantes políticos en este proceso electoral.
Al cierre de esta edición el proceso electoral iniciado el pasado 8 de septiembre acumulaba ya 70 aspirantes políticos asesinados.
Aunque el pasado lunes 12 el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió 30 asesinatos de precandidatos en lo que va del proceso electoral, el subregistro es notable y contrasta con el realizado, entre otros, por la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que en su informe más reciente –con corte al jueves 8– sumaba 68 asesinatos.
Según el análisis de la consultora el problema está presente prácticamente en todo el país, pues los hechos de sangre y diferentes tipos de agresión se han documentados en 121 municipios de 28 entidades.
“De esos 68 asesinatos, identificamos a 20 precandidatos que visiblemente dijeron querer participar en la elección. Pero también hay exalcaldes o alcaldes en funciones que aspiraban a reelegirse. (En el caso de Gobernación) depende mucho de su metodología, pero es corta la cifra. Hablamos de 68 políticos y todos tenían aspiraciones”, explica a Proceso Rubén Salazar Vázquez, director de la firma.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2159, ya en circulación
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