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CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Más de tres mil personas han sido desplazadas por el narco en los últimos cinco años en la Sierra de la entidad, donde ninguna autoridad ha logrado revertir los efectos de la impunidad y violencia en la principal zona productora de heroína en el país.
En agosto de 2013, Proceso documentó el éxodo masivo de personas en el reportaje titulado “Guerrero: dos mil desplazados en un mes”, en el que se informó que en la sierra de Guerrero los gatilleros llegan quemando casas, secuestrando, matando y exigiendo a los pobladores dinero y libre tránsito. Ante la disyuntiva, la gente decide huir.
El terror ha provocado que pueblos enteros de esa entidad se vacíen en un solo día. Lugareños entrevistados en ese entonces, señalaron que las bandas de narcotraficantes están “barriendo” la zona de arriba a abajo, y consideraron que el despliegue policiaco y militar no solucionará nada.
Esta situación descontrolada provocó hace cinco años el desplazamiento de más de dos mil personas, provenientes de 13 poblados de los municipios de tres municipios de San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castrejón.
Entrevistados en el poblado de Tlacotepec, las víctimas afirmaron que los delincuentes han quemado decenas de viviendas, secuestrado a mansalva y convertido el asesinato en su primer y último argumento.
Cientos de mujeres, niños y hombres han dejado sus pueblos y buscado refugio en las cabeceras municipales, se fueron a vivir con familiares en otras regiones del estado o salieron del país, indicaron en ese entonces.
En un principio, el gobierno estatal minimizó la situación. Calificó de “emigrantes internos” a más de mil desplazados de San Miguel Totolapan, que abandonaron cuatro comunidades el 17 de julio y se concentraron en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la cabecera municipal.
La administración del exgobernador Ángel Aguirre Rivero (PRD) atribuyó el movimiento de personas a “falsos rumores” de enfrentamientos y ataques.
Sin embargo, 15 días después reculó: El miércoles 31 de julio –y también a raíz de la violencia– otras mil personas abandonaron sus comunidades, ubicadas en la parte baja de la sierra. Huyeron hacia las zonas altas para refugiarse en Huautla y Tlacotepec, esta última cabecera municipal de General Heliodoro Castillo.
Posteriormente, en septiembre de ese mismo año se reportó un nuevo desplazamiento de 800 personas en la misma zona de la Sierra.
También, en agosto de 2013, Apro informó que más de 200 personas desplazadas por la narcoviolencia de la comunidad de Las Shascuitas y Las Mesas del municipio de San Miguel Totolapan, se habían refugiado en Tecpan de Galeana y el puerto de Acapulco, donde exigieron a los gobiernos federal y estatal su reubicación en una zona segura y apoyos económicos para “reiniciar sus vidas porque perdieron todo”.
Una parte del grupo de desplazados de la Sierra Madre del Sur se había refugiado en el principal destino turístico de la entidad, donde permanecían hacinados en un hotel del balneario de Caleta, sin ayuda gubernamental ni resguardo policiaco.
En el sitio se encontraban niños, mujeres y hombres en la incertidumbre total, luego de que un comando irrumpió el domingo 28 julio atacando casas y posteriormente incendiándolas.
Este hecho provocó que 29 familias huyeran despavoridas del poblado, donde únicamente se quedó una familia, informaron las víctimas en ese entonces.
El éxodo de los desplazados los llevó primero a Ciudad Altamirano, también en la región de Tierra Caliente; luego se trasladaron al balneario de Zihuatanejo y finalmente llegaron al puerto de Acapulco.
La misma situación de violencia obligó a 113 personas a dejar el poblado de Las Mesas II, municipio de San Miguel Totolapan y trasladarse al municipio de Tecpan de Galeana, donde se refugiaron en un plantel escolar.
Ahora, se registró un nuevo éxodo de personas ante la imparable violencia que se vive en la Sierra.
Al menos 91 personas procedentes de otras tres comunidades de San Miguel Totolapan, arribaron este jueves a la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez en la región de la Costa Grande de la entidad.
Mientras el problema se mantiene, autoridades de los tres niveles no han logrado revertir los efectos de la narcoviolencia que desplaza personas y convierte en fantasmas las comunidades serranas dejando una estela de muerte y destrucción.
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