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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a “precisar el tiempo de conclusión” de sus indagaciones y a “revelar detalles” sobre el caso Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que aplicó sanciones económicas a empresas filiales de la constructora por un monto total de mil millones de pesos.
La dependencia sancionó con la inhabilitación por dos años y seis meses a dos empresas filiales, con lo que las dependencias y entidades de la administración pública no podrán celebrar contratos con la unidad local de la brasileña.
Según una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP castigó también a dos representantes legales de la empresa constructora con una inhabilitación de dos años y tres meses, así como una multa de un millón 262 mil 222 pesos, a cada uno.
Con estas sanciones suman cuatro inhabilitaciones para empresas filiales de Odebrecht, dos en contra de servidores públicos y dos a representantes legales de la empresa constructora.
Esta difusión por parte de la SFP es derivado de que un Tribunal federal revocó la suspensión definitiva otorgada que impedía a la secretaría emitir y notificar resoluciones.
En octubre del año pasado, la dependencia informó que un juez había otorgado una suspensión definitiva, que impedía emitir y notificar resoluciones, por lo que se recurrió a la impugnación hasta que logró la revocación.
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