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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez de Control Alejandro Legarda Carreón realizará en la ciudad de Chihuahua una audiencia de debate por la competencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solicitó la atracción del caso, y el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Javier Antonio Mena Quintana, resolvió la procedencia de la atracción, mientras que el gobernador Javier Corral confirmó la semana pasada que el Poder Ejecutivo estatal decidió no impugnar.
Corral señaló que la Feadle ha sido la más ineficaz de las fiscalías con las que cuenta la Procuraduría General de la República (PGR). “No sé en qué hecho se funda el optimismo para que la Fiscalía resuelva ese caso”, sentenció.
El gobernador también destacó que la Fiscalía General de Chihuahua ha tenido resultados importantes y también consideró que la “politiquería” afectará el caso de Miroslava, y por lo tanto pierde no sólo la familia, sino los periodistas y toda la sociedad.
Igual aseveró que este caso es la única investigación de homicidios contra periodistas que ha avanzado, e insistió en que el único detenido que hay hasta ahora, Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, es el principal instigador del crimen, material e intelectual.
Javier Corral dijo a medios locales que la PGR abrió una carpeta de investigación del homicidio de la corresponsal de La Jornada, el 27 de mayo de 2017, y nunca se conocieron las actuaciones legales, a pesar de que se solicitaron cuando en Chihuahua se abrió el periodo de investigación complementaria, una vez que se vinculó a proceso a Moreno Ochoa.
“No sólo no nos dieron copia, la pregunta me permite informar que la PGR nos respondió mediante oficio que no tenía interés en investigar el asesinato”.
Hoy, la organización que lleva la representación legal de los hermanos de Miroslava Breach, Propuesta Cívica, manifestó su preocupación sobre el curso que podría tomar el caso, para definir la competencia, lo que dilatará más la investigación y la justicia.
Junto con la organización Reporteros sin Fronteras, informó que la audiencia del caso será este viernes 27, por lo que fueron convocados los hermanos de la periodista, su hijo mejor y los asesores jurídicos.
Esta situación, abundó, “genera preocupación y desconcierto, pues en caso de que el juez local Alejandro Legarda Carreón sostenga su competencia, oponiéndose a lo resuelto por el juez federal, que determinó su competencia para conocer del caso el 11 de abril, esto repercutirá gravemente en el desarrollo de la investigación y el proceso penal, debido a que se retrasaría sin fundamento legal la entrega de la carpeta de investigación a la Feadle”.
También denunciaron que, hasta ahora, ni las víctimas ni el imputado, ni la misma Feadle, tiene la carpeta de investigación completa, porque la Fiscalía se ha negado a darles acceso.
“Tratándose de las víctimas, fue hasta el 12 de enero de 2018 (casi diez meses después del asesinato) que la Fiscalía estatal otorgó copias incompletas de la investigación y con avances hasta el mes de noviembre de 2017, por lo que, tanto las víctimas como sus asesores desconocen de manera íntegra la investigación.
“(…) la autoridad estatal ha desacatado un mandato judicial, ya que desde el 4 de abril de 2018 el propio juez Alejandro Legarda Carreón ordenó a dicha Fiscalía entregar copias completas de la investigación, tanto a las víctimas como al imputado, orden que Erick Alejandro Rangel, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, incumplió con el único argumento de que ‘el juez no era dueño de su agenda y no tenía tiempo de entregar las copias’, abonando otra violación más a los derechos fundamentales de las víctimas y al debido proceso”, denunciaron las organizaciones.
Para Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras la determinación del juez federal, anunciada el 11 de abril pasado, es un avance importante en el caso, ya que es parte del acceso a la justicia y el derecho a conocer la verdad que le pertenece a los familiares de Miroslava, y a la sociedad en general.
“Lamentablemente advertimos que las autoridades locales insisten en seguir ocultando la investigación que han presumido de ‘ejemplar’. Reconocemos desde luego el trabajo realizado por la Fiscalía local para la identificación y detención de un imputado, ahora en prisión preventiva oficiosa, pero no es suficiente, resulta necesario abrir nuevas líneas de investigación que la autoridad se negó a realizar por considerarlas innecesarias”, agregan en un comunicado emitido hoy.
El fiscal general César Augusto Peniche Espejel ha informado que la investigación ya está completa y no hay otras líneas de investigación que perseguir, sostienen las organizaciones en su comunicado, “pero hay más responsables a quién dirigir la investigación. En la pirámide criminal del asesinato de Miroslava, la Fiscalía señala solamente a tres responsables, ni uno más”.
También indican que desconcierta el interés desmedido con que las autoridades locales quieren ocultar la investigación que han presumido de ejemplar.
“¿A qué le teme la Fiscalía chihuahuense, si su trabajo es ejemplar?”, cuestionan.
Por ese motivo, piden la intervención de la Feadle, porque es la única fiscalía en el país que tiene las facultades y la especialización para investigar los crímenes contra periodistas.
Ambas organizaciones hicieron un llamado al juez de Control, Alejandro Legarda, a que se conduzca con legalidad e imparcialidad, sin oponerse a la competencia federal, a fin de que no se entorpezca o dilate el proceso penal y no se violenten los derechos de las partes.
Asimismo, reclaman transparencia y justicia para que el caso no siga impune y que su decisión sea motivada en el estricto apego a la ley, al respeto y protección de los derechos humanos.
A la FGE le exigieron que deje de obstruir el derecho de las víctimas y permita que el Poder Judicial haga su trabajo de manera autónoma y apegado a derecho, sin presiones de ninguna especie.
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