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El Congreso mexicano aprobó una polémica ley que mantiene el control gubernamental sobre los medios de comunicación a través de la publicidad oficial. Un asunto que, de acuerdo con organizaciones, promueve la censura en México, país que se encuentra entre los peores del mundo en materia de libertad de expresión.
De este modo, el Senado mexicano aprobó con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental. Esto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso mexicano a legislar los términos en que debía controlarse el excesivo gasto gubernamental en publicidad oficial, para antes del 30 de abril.
Un mecanismo para controlar los medios de comunicación
Sin embargo, los términos en que se aprobó la ley, impulsada por los partidos PRI y PVEM, aliados del actual presidente Enrique Peña Nieto, ha sido criticada por mantener en manos del gobierno y sin contrapesos el control de la publicidad oficial de la que dependen muchos medios mexicanos. Un mecanismo que durante años ha sido utilizado por el gobierno en turno para presionar a los dueños de medios de comunicación en temas sensibles para las autoridades.
Pero los críticos de la llamada #LeyChayote (término que en México se utiliza para referirse a los periodistas que reciben dinero del gobierno para proteger intereses oficiales), evidenciaron su molestia por los términos en que fue avalada la iniciativa sin tomar en cuenta los reclamos de la ciudadanía.
El dictamen aprobado por el Congreso concentra el control de los recursos en la Secretaría de Gobernación, no define criterios de asignación de la publicidad oficial, ni establece un control presupuestal claro, manteniendo un gasto opaco y arbitrario.
De 2013 a 2017, el gobierno de Peña Nieto gastó 40.600 millones de pesos (2.154 millones de dólares) en publicidad oficial. Un monto 70% por arriba del presupuesto oficial aprobado por el Congreso.
El colectivo #MediosLibres, conformado por organizaciones como Fundar y Artículo 19, cuestionó que dicha ley permite al gobierno federal seguir utilizando de forma discrecional la publicidad oficial como un mecanismo de presión contra los medios de comunicación, promoviendo la censura y afectando la libertad de expresión.
Pero a pesar de las críticas de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos (incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y la Organización de los Estados Americanos), PRI y PVEM aprobaron la ley en sus propios términos sin escuchar los señalamientos de la oposición.
En contraparte, senadores de oposición de los partidos PRD, PAN y PT-Morena, externaron sus críticas al proyecto de ley al considerar que no establece mecanismos de transparencia a través de los cuales se destine dinero gubernamental a los medios de comunicación.
México, un país difícil para la libertad de expresión
De acuerdo con el Índice de Libertad de Prensa en el Mundo 2018, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, México se ubica en la posición 147 de 180 países con menor libertad de prensa del mundo. Esto ubica a México como el segundo país con menor libertad de prensa de América, por detrás de Cuba, superando a Venezuela.
En 2017, México fue el segundo país más letal para los periodistas, luego de que 11 comunicadores fueran asesinados.
Asimismo, el control de los grandes medios de comunicación en México está concentrado en 11 familias, afectando la pluralidad de la cobertura noticiosa, lo cual ha generado dueños de medios cada vez más ricos con periodistas cada vez más pobres, según el informe Media Owner Monitor México (MOM México), desarrollado por Reporteros Sin Fronteras y Cencos.
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