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SAN JOSÉ (apro).- Con la exigencia de verdad y justicia plasmada en pancartas, familiares de tres integrantes de la familia Alvarado que fueron detenidos y desaparecidos en Chihuahua por soldados mexicanos, en diciembre de 2009, arribaron esta mañana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para participar en el primer juicio contra la estrategia de militarización de la seguridad pública en México, impulsada desde el gobierno de Felipe Calderón.
Después de casi ocho años de esperar respuesta del gobierno mexicano, los familiares de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, llegaron finalmente a la CoIDH.
En entrevista con Apro, Patricia Reyes, madre de Rocío, quien tenía 18 años al momento de ser detenida, explicó: “Ha sido muy difícil llegar hasta aquí y es a la vez un logro porque sabemos que hay muchas familias en México que están como nosotros, que sólo buscan la verdad”.
Antes de iniciar la audiencia, Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), resaltó que esas historias “ponen rostro a la ominosa cifra de 35 mil desaparecidos en México, víctimas de la guerra contra el crimen organizado”.
La audiencia fue presidida por el juez chileno Eduardo Vio Rossi, toda vez que el presidente de la CoIDH, el mexicano Eduardo Ferrer Mac Gregor, está impedido de participar en el caso debido a su nacionalidad.
Durante dos días, los jueces conocerán algunos detalles del caso Alvarado de voz de sus familiares y abogados. También participarán integrantes del Cedehm, así como del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Mexicanos en el Extranjero, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Estado mexicano.
En la audiencia se escucharán los testimonios de María de Jesús Alvarado Espinoza y Jaime Alvarado Herrera, hermanos de Nitza Paola y José Ángel, quienes se involucraron en la búsqueda de sus familiares desde el primer momento en que integrantes del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes, los detuvieron en el ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura.
La delegación del Estado mexicano, compuesta por 17 funcionarios, está encabezada por el embajador Melquiades Morales Flores; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Gobernación, Erasmo Lara Cabrera; Alejandro Alday González, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos.
También estará presente el general Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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