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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos demandaron la intervención internacional para que se investiguen casos de “crímenes atroces” cometidos por la delincuencia organizada con la presunta protección de autoridades municipales o estatales.
En México parece haber un patrón en el que crímenes perpetrados por los cárteles de la droga se han cometido en colusión con funcionarios corruptos, señala el informe “Corrupción que mata”, elaborado por un grupo de organizaciones no gubernamentales con el patrocinio de Open Society Justice Iniciative, un programa de la fundación Open Society.
Subtitulado “Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad”, el documento destaca que ante la creciente evidencia de esa relación es necesario investigar si ha existido una “colusión sistémica” entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes del país.
El caso que toman como ejemplo es la masacre cometida por Los Zetas en el poblado de Allende, Coahuila, en marzo de 2001, así como el control que tuvieron del penal de Piedras Negras, que fue utilizado por ese grupo delictivo “como un campo de exterminio de facto y base de operaciones para promover su reinado de terror”.
Ha sido una “corrupción que mata”, dicen en su informe la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras Negras, Coahuila; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y PODER, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación.
En su propuesta, expresan que México necesita un mecanismo de ese tipo integrado por personal nacional e internacional que tenga su sede en el país y con autoridad para “investigar de manera independiente, y eventualmente perseguir los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos”.
El mecanismo también podría apoyar con asistencia técnica a los gobiernos federales y estatal para emprender “procedimientos penales genuinos” a fin de incrementar la rendición de cuentas en todo el país, abundan sobre el alcance de su propuesta.
De igual manera, advierten que, si México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales podrían intervenir, como pudiera ser la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que ya han recurrido varias organizaciones no gubernamentales para demandar al Estado mexicano.
Finalmente, precisan que la principal responsabilidad de investigar y perseguir esos crímenes recae en el gobierno mexicano, de acuerdo con el Estatuto de Roma, que regula a la CPI.
La participación internacional ayudaría a garantizar la independencia de las investigaciones y restablecer la confianza de la gente en el sistema de justicia penal mexicano, consideran.
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