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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, hizo un crudo diagnóstico de la seguridad en el país ante alumnos del diplomado Análisis Político Estratégico que realizan de manera conjunta el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana de esta capital.
Como pocas veces, el funcionario federal reconoció que todavía hace falta mucho por hacer para garantizar la seguridad de la población. Incluso afirmó que uno de los retos que debe asumir el próximo gobierno en ese renglón es dignificar la labor de los policías y apostar por los operadores del sistema de justicia.
En su exposición titulada ‘Seguridad nacional’, el titular de la CNS reiteró que el tema de seguridad es multifactorial; dijo que va desde políticas de prevención, contención, acción hasta las que tienen que ver con el diseño urbano y de tipo social.
Además, subrayó que la CNS debe tener control de su presupuesto y el control del nombramiento de su titular.
Al hablar del incremento de la violencia en la actual administración, el egresado de la Ibero, donde estudió la licenciatura de Derecho, comentó que dicho fenómeno tiene que ver con factores internos y externos.
“Lo que hay que tener bien claro es que, en los Estados democráticos de derecho, la seguridad no puede ser un fin en sí mismo. La seguridad es un medio para el ejercicio de las libertades”, aclaró.
Agregó que el ejercicio de la tolerancia y el respeto en los contextos democráticos implica que la seguridad sea un medio para ejercitar derechos, libertades.
Entre los factores externos que han incidido en el despunte de la violencia, habló de la enorme demanda que hay en el vecino país del norte de opioides naturales y sintéticos, en especial del fentanilo, una sustancia más poderosa que la heroína y más barata. (Proceso 2165).
Recordó también que en 2014 Estados Unidos prohibió que los servicios médicos atendieran a los adictos. “Tenemos adictos que necesitan la sustancia y eso genera una mayor demanda de la sustancia a través del Triángulo Dorado de México (Sinaloa-Durango-Guerrero y una mínima parte de Oaxaca), donde se cultiva la amapola, donde se extraen drogas”, dijo.
Sales Heredia explicó igualmente que los grandes productores de amapola son Afganistán, Mianmar y México.
La frontera por donde es más fácil cruzar las sustancias a EU es –dijo– nuestro país. “El fentanilo llega por Asia a Manzanillo, Colima, por eso se incrementó la incidencia delictiva en ese estado”, indicó.
Medio kilo de esta sustancia –comentó–, al cruzar a la Unión Americana se traduce en medio millón de dólares. “Es un negocio altamente rentable para las organizaciones delictivas, se genera un mercado negro, nosotros somos ese mercado negro. ¿Cómo se regulan los mercados salvajes? Con violencia criminal aparejada a la disputa por los puntos fronterizos y los puertos”, comentó.
Otro factor tiene que ver, a su juicio, con la regulación del mercado de la amapola a nivel mundial.
Por esa razón, refirió que se propuso a la Junta Internacional de Estupefacientes de la ONU permitir a México el cultivo legal para el uso médico y científico de esta planta, pues de ella se extrae la morfina, usada en el sistema de salud de nuestro país, y que actualmente se compra a otros países.
Sin embargo, aclaró que la ONU determinó que la entrada de nuestro país en la producción legal de amapola provocaría un desequilibrio en el mercado, una de las restricciones para permitir o no el cultivo.
El Comisionado refirió que para la ONU el desequilibrio era lo de menos, si se toma en cuenta que en México siguen muriendo personas por la violencia que genera el cultivo ilícito.
Un factor externo más que propicia la violencia en México es, dijo, las negociaciones de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pues en Colombia se prohibió la fumigación de la hoja de coca, lo que provocó una enorme producción de cocaína.
Gran cantidad se queda en México y otra se va a EU; mientras que los grandes cárteles de México, Pacífico y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), se disputan los puntos fronterizos, el cruce y la distribución de la droga, lo que provoca violencia.
Por si fuera poco, la ecuación, dijo el funcionario, es terrible, pues nosotros abastecemos el mercado de la Unión Americana y a cambio recibimos armas. De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT, por sus siglas en inglés), siete de cada 10 armas con las que se cometen homicidios en México provienen de Estados Unidos.
En este punto, aclaró que hay que considerar lo laxo que se volvió el sistema de venta de drogas en Estados Unidos.
Renato Sales recordó que de 1994 a 2004 había requisitos para la compra de armas, pero a partir de este último año no se renovó la decisión y eso facilitó la compra-venta de armas de alto poder, mismas que han adquirido los cárteles del narcotráfico gracias a las ganancias por el tráfico de drogas.
Nuevo Sistema de Justicia Penal
Para el funcionario federal uno de los factores internos que potencializan la violencia en el país es el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Afirmó que, si bien es el mejor sistema al que tenemos que llegar, hasta ahora sólo ha resultado eficaz para los delitos cotidianos, no así para los de alto impacto, “sobre todo porque tiene el objeto de resolver problemas y no de llegar a grandes verdades”.
En su opinión, con la reforma de 2008 se buscó que en ocho años el sistema se aplicara en todo el país, a través de la capacitación de los actores de dicho sistema, entiéndase policías, peritos, agentes del MP y jueces, sin embargo, aclaró que se empezó de forma errónea, pues primero se enseñó a los jueces a actuar dentro de este nuevo esquema, cuando debieron comenzar por los policías.
Además, añadió, se abundó en lo teórico y no en lo práctico, vital para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Ante este panorama, dijo que es necesario recapacitar a los actores de este esquema.
Otro factor de enorme fragilidad que arrastra la seguridad involucra a las policías, sobre todo las municipales, que tienen salarios bajos, “una forma de desprecio” a su labor, indicó Sales Heredia.
Pero sostuvo que hay un elemento todavía más lamentable y una de las razones por las que las policías no funcionan: el artículo 123 de la Constitución, Apartado B, fracción XIII.
Recordó que se reformó en 1999, y después se consolidó en 2008 en la reforma acusatoria. Sin embargo, en él se establece que los policías pueden ser expulsados sin derecho a ser reinstalados, aun cuando hayan demostrado su inocencia o que están capacitados para ejercer su vocación. También aplica este artículo para agentes del ministerio público, peritos y otros actores del sistema de justicia.
Aunque a finales de abril, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para permitir la reinstalación, aún debe pasar por el Senado y el resto de la ruta jurídica para que la reforma sea un hecho. “A nuestros fiscales, peritos y policías se puede aplicar la ley retroactiva en perjuicio. Los franceses conocen esto como el fraude constitucional, es decir, utilizar el mecanismo de reforma planteado en la propia constitución para subvertir los fundamentos del Estado democrático”. Dijo.
Comentó el caso de Ecuador, un país que logró bajar el número de homicidios a 3.5 por cada 100 mil habitantes, como en cualquier nación europea; mientras que México escaló hasta los 23 homicidios, en el periodo 2007 a 2012. ¿Qué hicieron para revertir esta cifra? De acuerdo con Sales fue una apuesta global por la significación y la educación de los policías.
“No sólo que estudien, sino en el momento en el que ingresan al sistema policial tienen un salario decoroso y las universidades públicas son mejores que las privadas. Buena parte del PIB se fue a educación, esa es la apuesta que debemos hacer en México. Si queremos buenos policías, debemos tener licenciaturas en ciencias policiales”.
Policía municipal, el eslabón más débil
El Comisionado dijo que el eslabón más débil del sistema de seguridad en México es la policía municipal, pues de los más de dos mil 400 municipios, sólo mil 800 tienen fuerzas del orden, en muchos casos con salarios ínfimos y armamento obsoleto o sin él. “La idea sería reconceptualizar a la policía municipal, fortalecerla; lo que tendríamos que hacer (es abrir) cinco grandes academias con la licenciatura de ciencias policiales”, sostuvo.
Señaló que la policía municipal o la de proximidad debería estar vinculada a la justicia cívica o ciudadana, es decir, atender las faltas administrativas y las contravenciones a la norma; que faciliten la prevención de situaciones del delito.
En este sentido, detalló que la Ley de Seguridad Interior apuesta por las policías, “que son la estructura democrática para enfrentar el delito. En la situación en la que nos encontrábamos, lo que pedían el Ejército y la Armada era regular su participación en lugares donde está afectada la supervivencia del Estado, en su definición clásica: territorio, gobierno y población”.
Explicó que la Ley plantea el principio de gradualidad, es decir, recurrir primero a las instituciones policiales de la Federación y, en último de los casos, actuar con el Ejército y la Marina. Sin embargo, recomendó que es necesario una ‘seguridad sin adjetivos’, tratar este tema de forma universal, como un elemento fundamental del “ejercicio de la libertad”.
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