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El 30 por ciento de la población en el país dice que ha sufrido por el secuestro o desaparición de alguno de sus familiares, conocidos o amigos, de acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
El estudio detalla que 86 por ciento de la población nacional asegura que el secuestro o la desaparición forzada, cometidas por organizaciones criminales o delincuentes, es un fenómeno presente en todo el país.
Sobre la responsabilidad que tienen los principales grupos criminales en materia de desaparición, los encuestados mencionaron a traficantes de personas (79 por ciento), a narcotraficantes (80 por ciento), delincuentes (76 por ciento) y traficantes de órganos (69 por ciento).
En un sondeo realizado entre el 30 de abril y el dos de mayo de este año a 900 personas en todo el país, el 57 por ciento dice que en el lugar donde vive cada vez es más común escuchar que ya sucedió una desaparición.
Al evaluar las acciones del gobierno mexicano para atender las desapariciones, se encontró que, relacionado a las reacciones respecto al castigo a quienes ayudaron a cometer un delito, el 61 por ciento dijo que fue muy mal o mal, y sólo el 25 por ciento cree que fue buena o bien.
En la prevención de desapariciones forzadas, el 67 por ciento cree que la autoridad estuvo muy mal o mal, y únicamente el 17 por ciento dijo que muy bien o bien.
Los encuestados evaluaron el nivel de confianza a algunas instituciones de seguridad. Se aprecia que 62 por ciento que tiene mucho o algo de confianza en la Marina, 28 por ciento dijo que poca o nada. Al Ejército, 60 por ciento dice que tiene mucho o algo de confianza, mientras que 36 por ciento dice que poco o nada.
La institución con menor evaluación positiva fue la Procuraduría General de la República (PGR) con 29 por ciento, mientras que 65 por ciento dice que tiene poca o nada de confianza. Respecto a las fuerzas policiales, 20 por ciento tiene mucha o poca confianza, mientras que 65 por ciento dice que no confía en ella.
Entre los principales motivos por los que los encuestados consideran que no se denuncia la desaparición forzada ante las autoridades se encuentran: por temor (53 por ciento), desconfianza (13 por ciento), actitud hostil de la autoridad (12 por ciento). Entre las causas que ocasionan la desaparición forzada a periodistas, los entrevistados opinan que se debe a venganza (34 por ciento), por inmiscuirse en asuntos ajenos (32 por ciento), por encargo (16 por ciento), por soborno (siete por ciento), entre otras.
Respecto a sobre quién recae la responsabilidad institucional en materia de desaparición forzada, los encuestados señalaron: autoridades municipales (71 por ciento), la Policía (67 por ciento), Ejército y Marina (35 por ciento).
Frente a esto, el 71 por ciento manifiesta estar de acuerdo con que expertos de otros países investiguen casos de desaparición forzadas en nuestro país, y sólo el 21 por ciento está en desacuerdo.