CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El personaje clave detrás de una red de 400 empresas fantasma, utilizada por el exgobernador veracruzano Javier Duarte para desviar recursos públicos, es Víctor Manuel López Gachuz, un contador público, restaurantero y socialité en Veracruz.
En una nueva investigación, Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y Animal Político (AP) detallaron que esa red es muy diferente en estructura y operación a la que actualmente investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y por la que está encarcelado Duarte.
Tras un año de indagatorias, subrayaron, se detectó que la red ligada a Duarte es siete veces más grande de lo que hasta ahora se conocía y el monto del desfalco es cuatro veces mayor.
Según el reportaje, esta red está formada en realidad por 400 empresas, de las cuales 57 obtuvieron contratos públicos por 3 mil 617 millones de pesos. Hasta antes de estos nuevos datos, sólo se conocía la existencia de 38 empresas fantasma ligadas entre sí en Veracruz, y el monto del desfalco ascendía a 905 millones de pesos.
La información, sacada de cientos de actas de varios Registros Públicos del Comercio (RPC), revela que López Gachuz es socio y representante legal de tres compañías y dos cooperativas, en las que comparte cargos o acciones con decenas de personas ligadas con las 400 empresas de su red.
Por ejemplo, Grupo Balcano –que recibió contratos por 194 millones de pesos– tiene como dueña a Fabiola Jacqueline Mundo González, una contadora asociada a Gustavo Adolfo Gutiérrez Gámiz y Mauricio Bayron González, colaboradores y a su vez socios de López Gachuz en seis empresas más.
Otro ejemplo: López Gachuz era el apoderado legal de Corporativo Utilitas, una empresa que tenía como accionistas y miembros del consejo a los dueños de otras nueve empresas de la red fantasma, entre ellas Provideri, Comergo y Comercializadora Manduca, que en conjunto obtuvieron contratos del gobierno de Duarte por 42 millones 506 mil pesos.
Estas empresas, a su vez, se conectan con más. Uno de los supuestos dueños de Manduca es accionista de Pefraco y Gomgo, que obtuvieron contratos públicos con el gobierno de Duarte por 327 millones de pesos.
Uno de los accionistas de Utilitas era Joel Solano Domínguez, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) identificó como uno de los personajes que aportó dinero a la empresa fantasma Asismex que financió al PRI en 2012.
Este tipo de conexiones se multiplican en la red de 400 empresas, según constataron los reporteros en el cotejo de cientos de actas.
En la revisión documental también se determinó que sólo 57 de las 400 empresas obtuvieron contratos del gobierno de Veracruz entre 2010 y 2016. El resto de las compañías sirvieron como comparsas de las licitaciones y fueron utilizadas para la compra de inmuebles o para presuntas operaciones de lavado de dinero o evasión fiscal.
De las 57 empresas con contratos, 30 han sido boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como inexistentes por simular operaciones mercantiles. Entre ellas, se encuentran las 10 compañías que más dinero recibieron por parte del gobierno de Veracruz.
A nivel nacional, López Gachuz es un personaje de bajo perfil, pero en Veracruz es ampliamente conocido. Nació el 2 de agosto de 1961 en la Ciudad de México y por lo menos hasta 2008 tenía una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, uno de los más exclusivos de Boca del Río.
Este contador de 56 años de edad, a quien le gusta codearse y relacionarse con la élite veracruzana, ha sido señalado por Xóchitl Tress Rodríguez, excolaboradora de Javier Duarte, como uno de los participantes en una reunión donde se acordó la compra de una casa para ella.
Esta compra ocurrió en mayo de 2014 y se hizo en el restaurante El Azafrán, propiedad de López Gachuz. En esta operación participó Tarek Abdalá, actualmente diputado federal, pero funcionario en el gobierno de Javier Duarte los primeros cuatro años de su gobierno.
López Gachuz fue dueño de El Azafrán, un establecimiento de cocina española que al menos hasta antes de su cierre, por una supuesta remodelación en 2017, era uno de los más populares para comer y cenar en el puerto.
Pero el negocio principal del contador público no era el restaurante, sino su despacho GLG Asesores Empresariales, que –de acuerdo con su página web– es una firma con casi 30 años de experiencia, dedicada a brindar “asesorías a empresarios en distintos ramos”.
Este despacho operaba paralelamente un sistema de creación de empresas fantasma que son capaces de emitir facturas reales y que se utilizan para diversos fines ilícitos.
A través de esta red de compañías fantasma el despacho obtuvo recursos públicos, aun sin contratos o fingiendo competencia en diversas licitaciones, con sus propias empresas.
De acuerdo con MCCI, reportajes anteriores documentaron que una de las empresas, Abastecedora Romcru SA de CV, había recibido contratos por 180 millones 913 mil pesos. Sin embargo, la nueva investigación reveló que el monto real de asignaciones a esta empresa alcanzó más del doble, al sumar 456 millones 798 mil pesos. Además, fue la que acaparó el mayor monto.
Sus socios, Raúl Antonio Chirino Escobar y Francisco Fernández Sánchez, eligieron como domicilio fiscal una pequeña casa ubicada en la calle Carlos Cruz número 169, en la zona popular del centro del Puerto.
Abastecedora Romcru fue constituida el 24 de marzo de 2012 en Córdoba con 13 objetos sociales, entre los que destacó la comercialización de todo tipo de artículos y bienes.
Los socios de Romcru están ligados, a su vez, con decenas de compañías más que, al revisar los nombres de quienes aparecen en sus actas, siempre conducen a López Gachuz y a sus colaboradores.
El primer contrato a Romcru se otorgó al mes siguiente de haber sido constituida. Se lo asignó la Secretaría de Finanzas el 25 de abril de 2012 para abastecer paquetes de material pedagógico por 5 millones 800 mil pesos. Luego, la misma dependencia le entregó de manera directa recursos para supuestos programas de capacitación y evaluación de los empleados por un monto de 186 millones de pesos.
La Secretaría de Agricultura firmó 18 contratos con Abastecedora Romcru, en los que simularon la venta de “paquetes de maíz” por 43 millones de pesos, mientras que el DIF Veracruz compró artículos electrodomésticos, a la misma compañía, por 4 millones de pesos.
Romcru tuvo una oferta de servicios tan variada que, en algún momento, la Secretaría de Gobierno firmó un contrato con ella por 11.6 millones de pesos para capacitación del personal en 212 oficinas del Registro Civil. Además, también vendió materiales de construcción por 80 millones de pesos distribuidos en 14 contratos a la misma dependencia.
Para esta nueva investigación, MCCI y AP visitaron 13 direcciones de empresas establecidas en la Ciudad de México, además de 18 domicilios en el estado de Veracruz, cinco de ellos en Xalapa, en donde deberían estar ubicadas más de 150 empresas de la red. Pero en ninguno de estos lugares se pudo encontrar a empresas en operación.
En el caso de las direcciones en la Ciudad de México, entre las que hay incluso una oficina dentro del World Trade Center y otras más en Polanco, corresponden en realidad a “oficinas virtuales”, que son espacios que se rentan para albergar la dirección fiscal de múltiples compañías, pero sin que realmente tengan operación alguna en el sitio.
La Secretaría de Finanzas de Veracruz fue la dependencia que desvió el mayor monto de recursos, con mil 459 millones 180 mil pesos asignados a 27 empresas fantasma, de acuerdo con las respuestas a alrededor de 300 solicitudes de acceso a la información que se enviaron a cada una de las dependencias del gobierno veracruzano.
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