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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de bebés víctimas del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, anunciaron movilizaciones para continuar exigiendo justicia por el fallecimiento de 49 pequeños y unos 70 lesionados hace nueve años, por ellos que lo que consideraron “crimen de Estado”.
En conferencia de prensa, en donde informaron de una marcha del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en memoria de los menores, algunos de los padres de las víctimas hicieron un recuento del caso que conmovió a todo el país, y en el que se vio involucrada una pariente de la entonces primera dama Margarita Zavala, su prima Marcia Matilde Gómez del Campo, exonerada por los hechos.
Los padres recordaron que el Poder Judicial mantiene pendiente una resolución sobre si el caso es atraído por la SCJN, en tanto que se mantiene libres a una veintena de funcionarios públicos estatales y federales, así como propietarios de la guardería en la que perdieron la vida 49 menores.
Tras nueve años de los hechos, los padres de las víctimas consideran que han padecido por “la injusticia, engaño y maltrato de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de la Unión y de organismos con una supuesta autonomía constitucional”.
En instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se quejaron de no ser atendidos por los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Luis Raúl González Pérez y Jaime Rochín, respectivamente, así como por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Avante.
A los titulares de los organismos autónomos los acusaron de defender y actuar en “complicidad con las autoridades violadoras” de sus derechos humanos, en tanto que a la SCJN le achacan “la injustificada e ilegal revictimización”, al no impartir justicia expedita.
“Una vez más exigimos a las autoridades mexicanas que dejen de burlarse de la memoria de nuestros hijos e hijas, cuya muerte sigue en la impunidad”, manifestaron los padres en su pronunciamiento, en el que acusaron a la gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, de mantenerse “distante e indiferente”, al igual que la alcaldesa Lourdes Muñoz.
Aunado a la indiferencia de las autoridades, uno de los padres, Roberto Zavala, denunció que durante estos años hay funcionarios que “se han enriquecido a costa de la tragedia de la Guardería ABC” sin que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Areli Gómez, investigue y sancione a los responsables del saqueo.
De acuerdo con Zavala, el caso ha dado lugar a corrupción por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la adquisición de medicamentos a sobreprecio para atender a los padres de las víctimas y a los pequeños sobrevivientes que se encuentran afectados de por vida.
Según Zavala, durante casi una década funcionarios del Centro de Atención Inmediata de Casos Especiales del IMSS “han lucrado con la tragedia”, adquiriendo medicamentos a sobreprecio, sin facturación y con irregularidades, sin que hasta ahora haya actuado la SFP para corregir la situación, “provocando con ello impunidad de la probable responsabilidad administrativa, y penal de los responsables”.
Tras señalar que, a nueve años de la tragedia la herida sigue abierta, los padres de familia llamaron a los tres poderes y órdenes de gobierno a procurar justicia, verdad y reparación, “actuando en todo momento con respeto a nuestra dignidad” para que se garanticen los derechos fundamentales de la niñez”.
Además de Zavala participaron en la conferencia de prensa Loana Cabanillas, Lucio Valenzuela, Martha Lemas, Mayra Valle, María Josefina Carretas y Fabián Gongueta.
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