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CIUDAD DE MÉXICO.
A dos años de una nueva forma de perseguir y juzgar delitos en México gracias a la reforma de hace una década y mediante la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en nuestro país, especialistas coinciden en que existen serios riesgos ante la falta de capacitación de fiscalías y policías, así como deficiencias institucionales.
Para María Novoa, actualmente “tenemos una gran debilidad, no tenemos a nadie que esté haciendo un seguimiento o evaluación desde la autoridad, integral y sistemático, de lo que está pasando en la operación del sistema penal acusatorio”.
En el último año se amplió el debate sobre los beneficios fuera de prisión para procesados por delitos no graves dentro del Sistema de Justicia e, incluso, se ha hablado sobre el tema de la llamada “puerta giratoria” para los delincuentes.
Desde el Congreso de la Unión también se han presentado llamados para modificar el catálogo de delitos graves e incluir de nueva cuenta el de la portación de armas como uno de ellos para evitar que los imputados abandonen la cárcel.
Ante esto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío se ha pronunciado en reiteradas ocasiones porque sería una regresión ampliar el catálogo de delitos graves dentro del Sistema de Justicia Penal como organizaciones y funcionarios han planteado.
También, el consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya, lamentó en un discurso que existan voces que cuestionen la operación del Sistema de Justicia Penal y apuestan a su descarrilamiento.
Sostuvo que la sociedad en general debe recordar que el SJP se encuentra en proceso de consolidación y que día a día impulsa un cambio cultural que implica abandonar un formato arcaico de impartir justicia, el cual prevaleció por más de cien años.
En el transcurso de la semana diversas agrupaciones de la sociedad civil presentarán sus análisis y conclusiones sobre la operación del Sistema de Justicia Penal como el reporte del World Justice Project sobre los efectos del mismo.
NUMERALIA
De acuerdo con datos del Poder Judicial de la Federación, desde su plena puesta en marcha, dentro del Sistema Acusatorio se han emitido 703 criterios jurisprudenciales tanto por la Corte, los plenos de circuito así como por los tribunales federales de todo el país.
Tal vez uno de los criterios más polémicos fue el de la Primera Sala de la SCJN en el que se señaló que todo aquel procesado por algún delito bajo el anterior sistema penal, ahora puede pedir a un juez federal obtener beneficios, como la libertad bajo caución, bajo las reglas del Nuevo Sistema.
Incluso, presuntos delincuentes que en el viejo sistema habían cometido ilícitos catalogados en ese entonces como graves, como quienes eran capturados en posesión de armas de fuego, con la decisión de la Corte podrían ser favorecidos y, en su caso, alcanzar la libertad provisional.
Actualmente hay 40 Centros de Justicia Penal en las 32 entidades federativas, incluyendo el Centro Integral en las Islas Marías y el Centro Nacional de Justicia para técnicas de investigación y en ellos trabajan un total de 147 jueces de distrito especializados.
La mayoría de los delitos federales registrados en las causas penales desde la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal son por portación de armas de fuego, delitos contra la salud, robo de hidrocarburos así como ilícitos fiscales, contra el medio ambiente y secuestro.
Según el propio Consejo de la Judicatura Federal, entre los grandes pendientes para la consolidación del Sistema Acusatorio se encuentran la reparación del daño a las víctimas como condición de solución de controversias y como motor del Sistema.
También se encuentra en la lista de espera la investigación de delitos, pues actualmente el sistema funciona con flagrancia y someter al sistema delitos de mayor impacto y complejidad, por ejemplo, delincuencia organizada.
VEN FALLAS EN SU EJECUCIÓN
El Sistema de Justicia Penal en México tiene graves deficiencias, principalmente en policías, así como en Ministerios Públicos y personal forense; hasta el momento, sólo hay clarososcuros en la aplicación del modelo, consideraron especialistas en temas de seguridad y procuración de justicia.
Los expertos aseguran que aunque hace dos años comenzó la implementación del sistema, en realidad ya lleva diez años desde el momento en que se comenzó a aplicar la reforma.
Hay cuatro sistemas que deberían estar concatenados y funcionando juntos. El sistema Nacional Anticorrupción, el Modelo de Procuración de Justicia, el Modelo Policial, que también lo hemos abandonado y el sistema de Justicia Penal que inició hace dos años. Las cuatro piezas deberían de articularse de manera conjunta para combatir los delitos y abatir la impunidad, y con ello, inhibir la corrupción”, afirmó el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es un sistema que está funcionando, no con los niveles que se desea. Los gobiernos estatales, principalmente los poderes judiciales de los estados, las secretarías de Seguridad Estatales, la Procuraduría General de la República, tienen que capacitar a sus policías ministeriales, a los policías preventivos, los jueces, los secretarios, los funcionarios de tribunales, los de juzgados a nivel estatal”, explicó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En realidad, si lo pensamos en el tiempo, son diez años desde la aprobación de la reforma y dos años desde que entró el plazo constitucional para su puesta en marcha. En realidad, ya la reforma de justicia penal lleva una década. Ha habido algunas experiencias, más o menos positivas en algunas entidades federativas, como en sus primeros años Chihuahua, quien tuvo buenos momentos, ahora Querétaro. Es un sistema que ha funcionado como manchas de leopardo o clarooscuros”, dijo Pedro Salazar.
Se necesita hacer un diagnóstico del Estado para ver las deficiencias humanas, técnicas y financieras para cerrar los espacios a la impunidad y corrupción dentro del poder judicial. Hay deficiencias graves en cuerpos policiacos y procuración de justicia. Un ejemplo de ello, es que faltan peritos. Se necesita fortalecer las áreas forenses, de investigación criminal.
La Agencia de Investigación Criminal es un buen precedente, la cual se está fortaleciendo, pero sería mejor que ese esfuerzo se replique en los estados con personal capacitado o peritos forenses. Además, hay un déficit de policías en los estados, aproximadamente 120 mil son los que faltan”, indicó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.
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