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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, reprobó las agresiones contra el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, pieza fundamental en la reciente ola de desapariciones forzadas en aquella ciudad fronteriza de Tamaulipas, atribuidas a personal de la Secretaría de Marina (Semar).
En conferencia de prensa -en la que la directora ejecutiva de la oficina en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, y el representante del colectivo #SeguridadSinGuerra, Alfredo Lecuona, manifestaron su respaldo al defensor-, Jarab urgió a las autoridades federales y estatales a esclarecer la campaña de desprestigio, amenazas y hostigamiento contra Ramos Vázquez, acrecentada a partir de que, desde Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar medidas para detener las desapariciones forzadas.
Además, el representante de ONU-DH reconoció la relevancia del trabajo del defensor para que su oficina documentara 23 casos de desaparición forzada, así como su rol para organizar una mesa de trabajo entre familiares de víctimas y funcionarios de alto nivel federal para esclarecer las desapariciones forzadas.
“Es muy significativo que empiezan las amenazas cuando el gobierno empieza a tomar medidas, porque los perpetradores de los hechos violatorios se siente amenazados”, dijo al insistir en la importancia de que la denuncia presentadas por Ramos Vázquez “sea investigada debidamente, ya que la impunidad es un factor clave de la repetición de amenazas en México; todas las amenazas tomadas en serio, tema en el que también juega un rol el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Al destacar que, a partir de la reunión organizada el 7 de junio por Ramos Vázquez, se activó la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jarab lamentó que el defensor “se convierta en un objeto de campaña de desprestigio”.
Por ello, reiteró el respaldo de ONU-DH a Ramos Vázquez y a su organización, así como su compromiso de dar seguimiento a las denuncias de desaparición forzada.
“En México es muy común recurrir a campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos”, dijo el representante de la ONU. Recordó que, en su informe sobre la situación de defensores en el país, el relator Michel Forst recomendó al Estado mexicano garantizar “un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos, así como medidas de protección y prevención efectivas para que los ataque no se repitan”.
Protección y búsqueda, pendientes
Raymundo Ramos Vázquez sostuvo que, de enero a mayo de este año, su organización ha documentado 51 desapariciones forzadas atribuidas a personal de la Semar, de las cuales 16 personas han aparecido sin vida con huellas de tortura y de ejecución extrajudicial.
El defensor destacó que a partir de que en se retiró el personal de Operaciones Especiales de la Semar desplegado en Nuevo Laredo, como una demanda de las familias para que se investigara a esos elementos, “se acabaron las desapariciones”.
Sin embargo, explicó que hasta ahora los familiares y testigos de las víctimas siguen en riesgo, sin que les proporcione protección como se comprometieron las autoridades federales el 7 de junio ante Jarab, además de que no se han realizado búsquedas de las personas desaparecidas, como se comprometió el comisionado nacional, Roberto Cabrera.
Agregó que tampoco se ha cumplido el compromiso de permitir el ingreso a familiares a los cuatro cuarteles de la Semar que están próximos a Nuevo Laredo, a los que sólo ha entrado personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ramos Vázquez explicó que en las páginas de Facebook “Nuevo Laredo al Rojo Vivo” y “La Voz del Pueblo2”, se ha difundido información difamatoria en su contra y que, el pasado lunes 18, en esas páginas se publicaron fotografías de su hija y su esposa, lo que para el defensor “es un claro mensaje de que van contra mi familia”.
La campaña de difamación contra Ramos Vázquez se trasladó en algunos medios de circulación nacional, que involucraban al defensor con el crimen organizado.
Al recordar que existen dos carpetas de investigación abiertas en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas por amenazas y hostigamiento en su contra que “no avanzan”, Ramos señaló que desde 2011 que ha denunciado desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a marinos, “los riesgos a las familias de víctimas, a los testigos, a mi integridad, a la de mi equipo y ahora de mi familia se han incrementado”.
Señaló que, por el ataque desde un helicóptero de la Marina, hechos en los que murieron tres integrantes de una familia, uno de los testigos que grabó los hechos, “se tuvo que refugiar en Estados Unidos”. En tanto que, por las recientes desapariciones, “tres señoras fueron víctimas de secuestro exprés y otra por 48 horas; además, fueron amenazadas para no continuar sus denuncias contra la Semar y dejar de participar en manifestaciones”.
Tania Reneaum y Alfredo Lecuona se unieron la exigencia por el esclarecimiento de las amenazas y ambiente hostil contra el CDHNL y su presidente, así como de las denuncias por desaparición forzada de las que se ha señalado a personal de la Semar.
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