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Managua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenaron ayer los recientes episodios de violencia en Nicaragua, entre ellos el asesinato de al menos 20 personas y el ataque contra la misión de la Iglesia católica.
El Estado (nicaragüense) es responsable de garantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población, indicaron ambas organizaciones.
El lunes pasado cientos de seguidores del gobierno, policías y paramilitares agredieron física y verbalmente al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, al cardenal Leopoldo Brenes, a monseñor Silvio Báez y a otros obispos, quienes acudieron a auxiliar a decenas personas que se resguardaban de los ataques de los grupos armados en la Basílica de San Sebastián, ubicada en la ciudad de Diriamba, en el sur del país.
La CIDH y el alto comisionado alertaron sobre la existencia de una campaña de estigmatización contra los religiosos por su trabajo de protección a los manifestantes y por su mediación en el diálogo nacional entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Indicaron que desde el fin de semana hasta ayer se reportaron unos 20 asesinatos y decenas de heridos por los enfrentamientos entre policías y manifestantes antigubernamentales.
Embajadores de países miembros de la Unión Europea también visitaron ayer a Sommertag, Brenes y Báez en la Nunciatura Apostólica para mostrarles su preocupación por las agresiones que sufrieron y brindarles su apoyo.
En otro orden, Francisco López, colaborador cercano del presidente Daniel Ortega renunció a las direcciones de Petróleos de Nicaragua y Empresa Nicaragüense de Minas, después de que fue sancionado por Estados Unidos por supuestos actos de corrupción.
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