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Uno de los pilares de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto ha estado enfocada en la captura de los llamados «objetivos prioritarios», definidos por el propio mandatario como los delincuentes de mayor peligro en el país. Desde el inició de su gobierno las autoridades han logrado «neutralizar», capturar o matar, a 109 de un listado de 122. El Gobierno federal se ha negado a informar el proceso judicial que enfrentan o si los capturados continúan en prisión. Tras un largo litigio en materia de transparencia, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) tuvo que informar a este medio de la sentencia de los únicos cuatro delincuentes que cuentan con una pena definitiva. El resultado es que sólo uno de ellos ha sido sentenciado por delincuencia organizada y los otros tres por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Ninguno ha enfrentado cargos por lavado de dinero y uno de los abatidos tenía una sentencia absolutoria.
Desde que inició la guerra contra el narco en el sexenio anterior (2006-2012), el expresidente Felipe Calderón se propuso detener a los líderes de las organizaciones criminales más peligrosas del país y publicó diversos acuerdos donde ofrecía recompensas a quienes ayudaran a su captura. En esta administración las autoridades se trazaron el objetivo de capturar a 122 delincuentes, pero se han resistido a hacer público el listado completo. El Gobierno sólo ha ido revelando su identidad cuando los capturan. En respuesta a una solicitud de información, la PGR informó el nombre de los 95 capturados y los 14 asesinados en enfrentamientos entre autoridades y delincuentes. , y detalló las sentencias irrevocables indicando el número de causa y juzgado donde se tramitaron los casos.
La organización más golpeada ha sido Los Zetas con 28 de sus integrantes detenidos y cinco “abatidos”. Le sigue el cartel de Sinaloa con 20 de sus miembros aprehendidos y tres fallecidos. El Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la agrupación criminal de mayor expansión en este sexenio, ha sido una de las menos tocadas: apenas se han capturado a tres de sus integrantes y uno más fue embestido a tiros.
Juan José Esparragoza, hijo de uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, es uno de los capturados que se han fugado de la prisión donde se les recluyó. Jaime Cabello Figueroa, capturado en enero de 2013, fue asesinado tres años después en el penal de Topo Chico, donde las facciones de Los Zetas que se disputaban el control del penal se amotinaron dejando medio centenar de muertos. La Matraca, como le apodaban, murió sin sentencia. Pablo Jaimes Castrejón, operador de la Familia Michoacana en el Estado de México, murió en agosto de 2013 en un enfrentamiento entre delincuentes y militares en Luvianos, una localidad de esa entidad. En un oficio de la PGR, entregado mediante la ley de transparencia, se lee que este presunto criminal contaba con una sentencia absolutoria sin especificar por qué delito.
Pese a que en el listado figuran capos como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes de Los Zetas; Héctor Beltrán Leyva, fundador de ese cártel; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos de El señor de los cielos, quien fuera el líder del Cártel de Juárez; Inés Coronel Barrera, el suegro de El Chapo Guzmán; y Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios, la Fiscalía no ha logrado que el Poder Judicial dicte sentencias definitivas en contra de ellos. Los únicos delincuentes juzgados son Arturo Vázquez Terrazas, Francisco Centeno Vela, Omar Javier Llamas y Melvin Gutiérrez –con 4, 6, 18 y 20 años de prisión–, quienes no tenían posiciones de liderazgo dentro de algún cartel de narcotráfico.
Las sentencias que logró la PGR ante el Poder Judicial fueron entregadas tas un litigio en materia de transparencia mediante el recurso 1444/ 17. Posteriormente el Consejo de la Judicatura Federal entregó a este medio los expedientes de los únicos cuatro casos que fueron juzgados hasta la última instancia. Tras leer las sentencias se puede concluir que la Fiscalía general ha intentado fincar cargos por delincuencia organizada en contra de los cuatro, pero sólo lo ha conseguido con Melvin Gutiérrez, aunque en la modalidad de delitos contra la salud. Ninguno fue juzgado por lavado de dinero.
DESCARGABLE Expediente de Arturo Vázquez
En febrero de 2015 el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció en una conferencia de prensa que policías federales y militares habían detenido en Chihuahua a Arturo Vázquez Terrazas, uno de los líderes del Cártel de Juárez y el objetivo 96 que había logrado ser “neutralizado”. “Se le ubica como presunto responsable de diversos enfrentamientos y de la violencia generada en dichas entidades”, declaró a los medios. Las autoridades intentaron acusarlo de delincuencia organizada, pero el 27 de septiembre de 2016, el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco, ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlo por ese ilícito (en la modalidad de delitos contra la salud). En el expediente judicial diversos testimonios referían que El Cachorro era jefe de plaza en Chihuahua y se dedicaba a secuestrar y extorsionar, pero el juez dijo que algunos de ellos relataban hechos que no les constaban, es decir, que los habían escuchado, por ello resultaban insuficientes para fincar el ilícito.
El mismo día que lo absolvieron de delincuencia organizada, el juez dictó prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. En el parte policial, que forma parte del expediente penal, se lee que el hombre de entonces 24 años fue detenido en una agencia automotriz por policías federales que llevaban una orden de localización. Al revisar su chamarra deportiva encontraron en el bolsillo derecho una granada de fragmentación artesanal (hechiza) color verde, artefacto que le valió la sentencia condenatoria. En la resolución se expone que se le concedió el beneficio de la sustitución de la pena y el de la condena condicional. «Se procede conceder al encausado el sustitutivo de la pena de prisión por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad», se precisa.
Francisco Centeno Vela
Centeno Vela fue detenido el 3 de abril de 2013 y fue identificado por la PGR como miembro del cártel del Poniente, un grupo delictivo que se formó de una fractura en la organización criminal de Sinaloa. A mediados de 2016, la Fiscalía logró que el Juzgado Sexto de Jalisco le dictara una sentencia de 6 años y diez meses por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y sin licencia y por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo tras encontrársele marihuana. La Fiscalía intentó fincarle cargos por delincuencia organizada, pero en esa causa penal no se ha dictado sentencia.
Omar Javier Llamas
Este delincuente apodado El Harry Potter fue detenido en el Estado de México en junio de 2014. Diarios locales de Chihuahua lo señalan como exagente de la Policía Ministerial en ese fronterizo Estado y uno de los líderes de La Línea, una célula del Cártel de Juárez. La Fiscalía logró que un juez lo sentenciara a 18 años y cinco meses de prisión por la portación de ocho cartuchos y dos armas de uso exclusivo del Ejército y por delitos contra la salud tras habérsele encontrado dos kilos de cocaína con fines de comercio. En las declaraciones vertidas en el expediente hay contradicción sobre el lugar y el modo de la detención. Una vecina asegura que vio cuando los policías federales entraron a la casa de Llamas, mientras que los policías afirman haberlo aprehendido en el cruce de dos calles, es decir, en la vía pública. En el expediente judicial la Fiscalía destaca que la detención fue producto de trabajos de inteligencia, pero en las declaraciones la esposa del detenido afirma que uno de los agentes le dijo que llegaron a su domicilio por una llamada anónima. También, declaró, los policías revolotearon su casa sin orden de cateo.
Melvin Gutiérrez Quiroz
La PGR informó el 24 de enero de 2017 que había obtenido una sentencia de 25 años de prisión en contra de Melvin “N”, quien se desempeñaba como administrador del operador financiero de una organización criminal que opera en Baja California. “El ahora sentenciado administraba los recursos financieros de quien era el responsable de la logística operativa para el trasiego de droga hacia los Estados Unidos, además de coordinar las acciones de lavado de dinero para esa estructura criminal”, se lee en el boletín informativo. Pese a que la Fiscalía destacó su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la sentencia fue por el delito contra la salud y no por lavado de dinero. Además, en el comunicado oficial se destaca que la condena fue por 25 años de prisión, pero en el documento obtenido por este medio a través de la ley de transparencia, la sentencia es de 20 años
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