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WASHINGTON (Proceso).- Con documentos oficiales, copias de contratos, evidencias fotográficas y declaraciones de funcionarios mexicanos, Proceso desmadeja la estratagema de robo del cónsul Enrique Salomón Rosas Ramírez –quien se dice amigo de César Duarte, al cual se atribuye un desfalco superior a los 3 mil millones de pesos al erario estatal durante su gestión como gobernador en Chihuahua– para exponer un caso de corrupción evidente y hurto de 30 mil dólares destinados a la defensa de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
Oriundo de Tamaulipas y enviado el 1 de mayo de 2016 como cónsul de México a San Bernardino por la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, Rosas Ramírez aprovechó la falta de rigurosidad para auditar el uso legal de los recursos de las dependencias diplomáticas en Estados Unidos por parte de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para embolsarse tranquilamente los 30 mil dólares.
En enero de 2017 y frente al endurecimiento de la política migratoria y ataques sin fundamento a los migrantes mexicanos provenientes del presidente Trump, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó mil millones de pesos para que se repartieran entre los 50 consulados de México en territorio estadunidense.
Los recursos enviados a través de la SRE tenían como objetivo único cubrir los costos de la contratación de abogados migratorios y organizaciones civiles avaladas por el gobierno de Trump para representar y asesorar a los indocumentados mexicanos afectados por la política migratoria del mandatario republicano.
La asesoría legal de abogados y organizaciones civiles serviría para asistir a los migrantes en caso de que tuvieran posibilidades de resolver su situación irregular de residencia en Estados Unidos.
Con la canalización de los recursos la cancillería bajo las órdenes de Videgaray estableció el programa Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), como lo define el oficio PME104 667.17 de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME).
El documento de Videgaray
Con fecha 27 de abril de 2017, la SRE emitió en un comunicado oficial dirigido a los 50 consulados la Bitácora de Actividades que detalla los requisitos para la contratación de abogados migratorios y de las organizaciones civiles.
En el numeral tres, que alude a los “requisitos” para la suscripción de los contratos, el documento indica: “La organización deberá contar con la debida acreditación ante el Board of Immigration Appeals (BIA) o a partir de enero de 2017, por la Office of Legal Acces Programa (OLAP), para todos los temas que involucren el ámbito migratorio. Se deberá incluir una impresión de pantalla en la que aparezca el nombre de la organización y fecha de impresión… NO/no se autorizará la contratación de servicios si no cumplen con todos los requisitos arriba señalados”.
Bajo el esquema formulado por Videgaray, todas las organizaciones que se integraran al FAMEU tendrían que impartir dos tipos de talleres de asesoramiento a la comunidad migrante. Uno, para que conocieran sus derechos sobre las acciones constitucionales estadunidenses; otro para elaborar diagnósticos migratorios y especificar las vías legales a los casos de irregularidad de residencia.
El oficio de la SRE dejaba perfectamente claro a los titulares de los 50 consulados que era requisito indispensable que las organizaciones civiles contratadas contaran con el aval del Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio del BIA para que, con ello, se garantizara la legalidad de sus acciones y evitara algún fraude migratorio.
Cada uno de los consulados, se suponía, exigiría a las organizaciones civiles para la impartición de los talleres los documentos que las acreditan ante la BIA y evidencia documental de las actividades y eventos para poder comprobar que cumplían con el asesoramiento a los migrantes mexicanos.
En cumplimiento de la orden de la SRE, Rosas Ramírez instruyó al personal del consulado en San Bernardino a que ponderara los posibles abogados migratorios y organizaciones civiles que deberían contratar.
En agosto de 2017 quedó conformada la lista de los asesores, en la que Rosas Ramírez ordenó personalmente que se incluyera a la organización Caminemos Juntos USA-MEX, junto con las otras siete y las cuatro firmas de abogados migratorios con las que se signaron convenios de prestación de servicios.
Además de esa agrupación, las demás contratadas por el consulado en San Bernardino fueron: Mision Hispana Foundation, The Carolyn E. Wylie Center for Children Youth and Families, LULAC of Riverside Council 3190, CONORCO de Michoacán Tata Vasco de Quiroga, San Bernardino Community Service Center, INC., Todev Legan Center, INC. y Ponoma Economic Opportunity Center.
Los despachos de abogados migratorios contratados son Immigration Law Offices of Hadley Bajramovic PC, Jesus Eduardo Arias ESQ., LLM, Elyse Kaplan Law, Beaman Law, Garcia Immigration Law Group APLC y The Law Offices of Rosa Elena Sahagún.
Con la excepción de Caminemos Juntos USA-MEX, todas las organizaciones civiles y los despachos legales contratados por el consulado en San Bernardino cuentan cabalmente con los requisitos irrevocables definidos por la SRE.
Una organización sin registro
La organización integrada por Rosas Ramírez a la lista de asesores no tiene registro del BIA; como presidente funge su amigo Fernando Guzmán Aparicio, quien aun cuando afirma que la agrupación tiene 10 años de experiencia en la zona de San Bernardino, ésta fue dada de alta el 2 junio de 2017 ante el sistema tributario estadunidense (Internal Revenue Service).
Como corroboró Proceso al revisar los documentos legales registrados ante el gobierno de Estados Unidos, la organización civil designada por Rosas Ramírez se creó oficialmente unos días antes de que se erogaran los mil millones de pesos en el FAMEU, que duraría de junio a diciembre del año pasado.
Este semanario confirmó que otra irregularidad de Caminemos Juntos USA-MEX, además de su inexistente historial de atención a la comunidad migrante es que la razón social en la que supuestamente se encuentran sus oficinas “de fácil acceso” al público ubicadas en el 26188 Mountain Ranch Road, Moreno Valley, California, código postal 9255, es en realidad el domicilio donde vive Guzmán Aparicio.
Se trata de una casa habitación en una zona de difícil acceso, ya que se ubica dentro de un vecindario para uso no comercial. En la casa se observan los Mercedes-Benz propiedad del presidente de Caminemos Juntos USA-MEX.
El 14 de julio de 2017, el Departamento Migratorio del consulado mexicano en San Bernardino le envió una carta a Guzmán Aparicio en la cual le solicitó el registro de su organización ante el estado de California, sobre todo porque no contaba con el BIA, y pese a todo recibió los 30 mil dólares que le asignó y autorizó Rosas Ramírez para la impartición de talleres a los migrantes mexicanos.
“Nuestras oficinas, ubicadas en la ciudad de Moreno Valley, son de fácil acceso para los usuarios, sin embargo, aclaro que, debido al volumen de asistentes en los talleres que desarrollamos, éstos se llevan a cabo fuera de nuestras oficinas, en salones de eventos y aulas escolares de nuestras organizaciones aliadas”, respondió Guzmán Ramírez al consulado.
Otra de las evidencias del caso de corrupción en San Bernardino quedó constatada en declaraciones al reportero hechas por personal del consulado mexicano que pidió el anonimato por temor a represalias de la SRE.
“A partir de que Caminemos Juntos USA-MEX firmara el contrato, corroboramos y fuimos testigos de cómo el empleado local Mario Santiago recolectaba firmas entre las personas que acudían al consulado para realizar cualquier trámite. Caminemos Juntos USA-MEX utilizó esas firmas recolectadas dentro del consulado como presunta evidencia de que impartía los talleres bajo el argumento de que quienes lo recibieron imprimieron su firma como comprobación de haberlos recibido”, expone a Proceso uno de los denunciantes y testigo de los hechos.
Es inexplicable por qué razón la cancillería a cargo de Videgaray obvió el incumplimiento de condiciones por parte de Caminemos Juntos USA-MEX, pese a haber recibido los documentos oficiales que lo comprueban al momento de que el consulado a cargo de Rosas Ramírez le entregó la lista y documentación de las ocho organizaciones civiles y seis despachos migratorios que contrató.
Los contratos
Este semanario tiene copia de los dos contratos asignados a Caminemos Juntos USA-MEX y de toda comunicación oficial entre el consulado en San Bernardino con Guzmán Aparicio, así como los oficios de la SRE.
Respecto a las otras siete organizaciones civiles contratadas por el consulado a cargo del priista tamaulipeco, todas presentaron sus registros como tales ante el estado de California, su acreditación con el BIA y su historial como impartidoras de servicios comunitarios en esa región Este de Estados Unidos.
Desde que llegó como titular del consulado de San Bernardino, Rosas Ramírez se ha caracterizado por su prepotencia, abuso de poder y uso de recursos públicos y del personal diplomático para su beneficio.
Los funcionarios que hablaron con Proceso rememoran que en julio de 2016, a sólo tres meses de asumir como cónsul, el amigo del exgobernador César Duarte –quien se encuentra prófugo– organizó un singular convivio con motivo de su cumpleaños, amenizado por un grupo de mariachis.
La fiesta se efectuó en horas de oficina, según las fotografías entregadas al reportero, y utilizó a personal del consulado para amenizar el evento, lo que provocó malestar entre funcionarios de la sede diplomática.
En una de las fotos se observa a una funcionaria del Departamento de Poderes Notariales del consulado bailando con Hugo René Oliva Romero, el cónsul adscrito.
Los excesos del festejado no tuvieron límite. Puso a cantar a Martín Barbosa, encargado del Departamento del Registro Civil, tras enterarse de que su subalterno canta por las noches en un restaurante mexicano de la zona de la circunscripción del consulado.
Silvia Elena Segovia Trujillo y Rocío Carolina Valdez Galaviz, dos empleadas, fueron habilitadas por Rosas Ramírez como meseras y les tocó repartir el pastel que, al igual que las bebidas y el pago al grupo de mariachis, salieron del Departamento de Administración del consulado mexicano en San Bernardino.
El político priista tamaulipeco transformado por el gobierno de Peña Nieto en diplomático ante el gobierno de Estados Unidos cobra 7 mil dólares al mes. Además, el gobierno federal le paga su vivienda y tiene asignado un vehículo oficial por el que no paga ni el combustible que consume.
El presidente de Caminemos Juntos USA-MEX presume de su amistad con Rosas Ramírez y de llevar una vida envidiable en Estados Unidos como presidente de una organización civil creada apenas hace un año y supuestamente dedicada a asistir a la comunidad migrante.
El miércoles 18, Proceso se comunicó con la oficina del cónsul de México en San Bernardino para escuchar su versión sobre los hechos y el contenido de los documentos que aquí se describen.
En un primer intento, su asistente personal tomó nota de la solicitud del reportero, y explicó: “El cónsul no se encuentra en este momento en sus oficinas”.
Horas después, la asistente personal de Rosas Ramírez se comunicó con el corresponsal para informarle que el cónsul estaría “ausente dos semanas por vacaciones”. Y cuando se le pidió notificarle sobre la intención de Proceso de publicar un reportaje sobre Caminemos Juntos USA-MEX y solicitarle su versión, la asistente se comprometió a pasarle el recado.
Hasta el cierre de esta edición, Rosas Ramírez no devolvió la llamada.
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