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Con sus maletas Samsonite doradas repletas de billetes de 100 dólares, dos agentes encubiertos de la Administración de Lucha contra el Narcotráfico (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos entraron a una habitación de hotel en la Ciudad de México.
Minutos después, golpeó a la puerta un traficante de drogas de bajo nivel. Los agentes lo observaron mientras retiraban fajos de 10 mil dólares de las maletas y los colocaban uno por uno sobre la cama.
La montaña de dinero, unos 2 millones de dólares en total, se esparció luego sobre el colchón. Cuando hubo terminado de contar, el hombre firmó un recibo, recogió su dinero y se marchó.
Esto ocurrió en 1994. La entrega, relatada por el exagente de la DEA Mike Vigil, podría parecer tomada de un episodio de Narcos, la serie de Netflix, pero en el mundo de los informantes sobre el narcotráfico de valor superalto, es un ejemplo del desagradable cálculo que rige el largo y fallido esfuerzo de EU por cortar el flujo de narcóticos que ingresan a un país lleno de ciudadanos ávidos de droga.
No obstante, últimamente la velocidad a la que los traficantes traicionan a sus jefes a cambio de riquezas se ha acelerado.
Una de las razones podría ser el mayor énfasis que se ha puesto en un programa poco conocido del Departamento de Estado de la Unión Americana por el cual se entregan millones de dólares a los soplones desde hace más de tres décadas.
El Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP por la sigla en inglés) saca partido de la tentación de convertirse en multimillonario de la noche a la mañana. Sólo en los últimos cinco años, distribuyó casi 32 millones de dólares a 33 personas, entre las cuales algunas recibieron 5 millones de dólares, según la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
El Gobierno estadounidense explica que el programa ha redundado en la detención de casi 70 “grandes transgresores extranjeros” desde que fue instaurado. El precio a pagar: 108 millones de dólares.
En octubre, el gobierno de Trump volvió a colocar el NRP en primer plano cuando el entonces fiscal general Jeff Sessions, quien presentó su renuncia al puesto el miércoles, anunció que la recompensa por Nemesio Oseguera Cervantes se había duplicado a 10 millones de dólares.
Cervantes, de 52 años, es supuestamente el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. Se presume que el grupo es “responsable de traficar muchas toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína mezclada con fentanilo a Estados Unidos”, de acuerdo con el Departamento de Estado de esa nación.
Esta última sustancia es crucial para entender la ola de drogas que se abate sobre la Unión Americana y de qué manera las autoridades policiales esperan que el Programa de Recompensas por Narcóticos pueda detenerla.
La heroína barata y los opioides sintéticos fluyen hacia el norte para reemplazar las pastillas de analgésicos de producción farmacéutica que antes se conseguían con facilidad. El resultado es una epidemia nacional en la que las sobredosis se han disparado y la expectativa de vida en Estados Unidos se ha reducido.
Quienes critican los programas de recompensas del gobierno advierten que las enormes sumas de dinero incrementan la violencia de los carteles y fomentan la corrupción entre el personal policial estadounidense. Sin embargo, sus defensores argumentan que el éxito del programa es difícil de desmentir.