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CIUDAD DE MÉXICO.- De 2013 a 2018, la posición de México en el mundo mejoró en mediciones relacionadas con el progreso económico, pero no así en el desarrollo del Estado de derecho.
Para el caso de la economía, el Índice Global de Competitividad (capacidad de la economía a adaptarse a los retos globales) arrojó que México pasó del lugar 53 al lugar 46 entre 140 países, según el Foro Económico Mundial; y el estudio de Doing Bussines (facilidad para hacer negocios), mostró que el país avanzó del 53 al lugar 46 entre 190 países.
El tamaño del mercado, la sofisticación de sectores como el manufacturero, reformas estructurales que dinamizaron otros rubros, como los de telecomunicaciones y energía, y la estabilidad en las variables macroeconómicas, fueron factores que explicaron los avances descritos.
En cambio, en el terreno institucional no se registró un desempeño similar, pues en el Índice de Percepción de Corrupción, México pasó del lugar 105 al 135 entre 180 países, según Transparencia Internacional; y en el Índice de Estado de Derecho, que mide el cumplimiento de las leyes, el país pasó del lugar 79 al 92 entre 113 países, según el World Justice Project.
La protección de derechos fundamentales, la efectividad de la justicia criminal, el gobierno abierto y la ausencia de lucha contra la corrupción fueron los factores peor evaluados y que explicaron el retroceso institucional de México.
Expertos en seguridad, justicia y anticorrupción de la organización México Evalúa explicaron a Excélsior que, detrás de estos resultados está el hecho de que, a diferencia de las instituciones económicas que se han ido construyendo durante años, derivado de las experiencias de diversas crisis y que pretenden garantizar la estabilidad del país, en el ámbito del Estado de derecho no se ha hecho la misma labor para construir organismos que garanticen cuerpos profesionales en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y la lucha contra la corrupción.
Explicaron que buena parte de las soluciones pasan por el ámbito local, porque en materia de seguridad y justicia, por ejemplo, la mayor parte de las afectaciones a la sociedad son del fuero común (robos, secuestros y homicidios), que son responsabilidad de las entidades federativas.
CORRUPCIÓN, EL MAYOR RETO
Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción de México Evalúa, dijo que la falta de un servicio civil de carrera en las instituciones de lucha contra este flagelo, en las procuradurías y órganos de fiscalización, tanto federales como estatales, es esencial para que el país no avance en esta materia.
“Los puestos se siguen asignando con cuotas partidistas. Se rota mucho al personal, no los capacitas, no los proteges y no les pagas bien, por eso no se institucionaliza el trabajo anticorrupción”, expresó. Además, no se da seguimiento puntual a los casos denunciados. “La Auditoría Superior de la Federación descubre bien las anomalías, pero no dan seguimiento a sus denuncias”.
MÁS Y MEJOR JUSTICIA SOCIAL
Para María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, mejorar el sistema de justicia pasa por equilibrar las laborales entre lo local y lo federal, pues las mayores cargas se dan en el fuero común, como robos de diferentes tipos, homicidios, extorsiones.
“El 80% de demanda de justicia está en los estados y 20% a nivel federal, pero en términos de presupuesto, el 80% va a lo federal y el 20% a lo estatal. Hay un problema de cómo se orientan los recursos y requerimos de políticas más coherentes”.
La solución pasa no sólo de la voluntad política de los estados de destinarle más recursos a la justicia, sino también que desde la Federación se puede incentivar su fortalecimiento.
ES LA POLICÍA OTRO DESAFÍO
David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, explicó que en esta materia no se ha tenido la voluntad de profesionalizar a las policías estatales y municipales, y se han preferido las grandes soluciones nacionales y de corto plazo, en lugar de buscar soluciones locales, aunque tomen más tiempo consolidarlas.
Añadió que “no se ha puesto tanta atención en profesionalizar a las policías locales, en su reclutamiento y capacitación, que estén bien pagadas y motivadas. No se ha profundizado en pensar ellas, no como personas armadas hasta los dientes, sino como agentes capacitados para detectar y desactivar conflictos que podrían derivar en violencia u homicidio”.
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