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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la declaración de servidor público que entregó ayer a la Secretaría de la Función Pública (SFP), Jesús Seade Kuri, el subsecretario para América del Norte, rechazó dar a conocer sus datos patrimoniales y posibles conflictos de interés, ello a pesar de la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no permanecerán en el gobierno quiénes se nieguen a transparentar dicha información.
Otros integrantes del gabinete se tardaron hasta los últimos días legales, pero finalmente enviaron sus declaraciones a la SFP, y quiénes se habían negado en a transparentar su información lo hicieron, aunque a medias, pues algunos prefirieron que no se transparenten sus ingresos privados, o los saldos de sus cuentas bancarias.
Ese fue el caso de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, quien reportó un ingreso de 348 mil 661 pesos al mes, un departamento de 318 metros cuadrados, así como tres cuentas bancarias y un fondo de inversión, de los que no quiso transparentar los montos.
Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tampoco estuvo de acuerdo en dar a conocer los saldos de su cuenta bancaria ni el valor de sus joyerías y obras de arte; reportó un ingreso mensual de 135 mil pesos y tres ranchos, que le fueron donados por su madre.
Jesús Ramírez Cuevas, el responsable de la comunicación del gobierno federal, no quiso dar a conocer los ingresos que recibe fuera de su labor como servidor público, ni los saldos de sus cuentas bancarias o el valor de sus bienes muebles.
Lo mismo hizo Horacio Duarte Olivares, un hombre muy cercano a AMLO –fue representante de Morena ante el INE en los últimos cuatro años—y una pieza clave en el nuevo gobierno, pues tiene a su cargo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) el nuevo programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El funcionario no transparentó sus ingresos externos, ni el valor de sus bienes.
El fiscal Alejandro Gertz Manero, quien técnicamente no forma parte del gabinete de AMLO, dado que la recién creada Fiscalía Generar de la República (FGR) tiene un carácter autónomo, sigue sin transparentar sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés.
Tampoco lo hicieron algunos de los funcionarios que mencionó Apro el pasado martes 29: Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez –responsable de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Jorge Alcocer Villanueva –el coordinador de asesores de Sánchez Cordero–, Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico y Andrew Rhodes Espinoza, comisionado para las Áreas Naturales Protegidas.
Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, quien en los últimos seis años laboró en FEMSA, no estuvo de acuerdo en transparentar sus ingresos externos ni el valor de sus bienes, y ello a pesar de que reportó dos casas, tres departamentos y cinco terrenos.
Prácticamente todos los demás integrantes del gabinete cumplieron con su obligación de transparentar sus bienes, a excepción de Ana Guevara Espinoza –titular de la Conade– y Adalberto Palma Gómez, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyas declaraciones no están disponibles en la plataforma Declaranet.
César Yáñez Centeno, hombre cercano a AMLO, quién presumió en la revista de socialité Hola su boda en Puebla –lo que molestó al presidente–, reportó un ingreso de 99 mil 574 pesos mensuales, un departamento de 85 metros cuadrados, y dos cuentas bancarias a su nombre con un total de 310 mil pesos.
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