CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- La batalla por la plaza de Ixtapa-Zihuatanejo ha dejado esta semana una serie de ejecuciones entre ellos, el subcoordinador de la Cruz Roja, Daniel Maldonado, así como ataques contra bares que han provocado un virtual toque de queda en este balneario turístico de la región Costa Grande de la entidad.
Se trata de La guerra del Crystal, como se le denomina a las metanfetaminas elaboradas en laboratorios clandestinos ubicados la sierra de Zihuatanejo, donde grupos delictivos mantienen una brutal confrontación desde hace una década por el control de esta franja de la entidad que ha exhibido presuntos nexos con el narco de autoridades de los tres niveles y el Ejército.
Reportes oficiales indican que el grupo Sangre Nueva, brazo armado de Los Viagras que dirigen los hermanos Sierra Santana, comenzaron una nueva etapa violenta en el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, ante la irrupción de la Guardia Guerrerense que se asume como extensión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la guerra del Crystal, también está participando el grupo de La Familia Michoacana de Arcelia que dirige Johny El Mojarro Hurtado y grupos de autodefensa que han surgido recientemente en los municipios de Petatlán, Coahuayutla y La Unión, señalados por el gobernador Héctor Astudillo Flores como “parapetos del narco”.
Actualmente, la carretera que va de Zihuatanejo a la sierra pasando por el poblado de Vallecitos de Zaragoza para conectar con Toluca, la capital del estado de México, “es la frontera de los grupos armaos” que esta semana trasladaron su guerra al principal destino turístico de la región Costa Grande de la entidad, indicó una fuente oficial que pidió el anonimato.
En los últimos días, fueron colocadas mantas en lugares públicos de Zihuatanejo donde se advierte la confrontación entre los grupos delictivos y que mantiene aterrada a la sociedad azuetense.
Incluso, los líderes de las organizaciones armadas siguen utilizando cuentas de Facebook para lanzar retos como ocurrió hace dos años en otra etapa critica que dejó decenas de muertos, desaparecidos y establecimientos comerciales incendiados en Ixtapa.
Esta semana, se han registrado al menos siete ejecuciones, así como tres jóvenes desaparecidos en dos ataques consecutivos contra el bar Ego, ubicado en pleno centro de Zihuatanejo, refieren oficiales.
No obstante, la ciudadanía quedó aterrada ante el asesinato del subcoordinador de socorristas de la delegación de Cruz Roja en este balneario, Daniel Maldonado, quien fue ejecutado de un tiro en la cabeza hace dos días y los sicarios dejaron una amenaza de muerte generalizada.
En respuesta, la delegación nacional de Cruz Roja condenaron el crimen del voluntario y exigieron al gobierno estatal el esclarecimiento pleno de este crimen.
“Hacemos un llamado a todos los sectores sociales a respetar el trabajo humanitario, ambulancias e instalaciones de la institución, sobre todo a respetar la vida del voluntariado”, expresa el comunicado oficial que se difundió a casi tres meses de que un socorrista de Cruz Roja fue ejecutado en Taxco.
La historia
En mayo de 2017, Proceso publicó el reportaje El narco se enquista y placea en Ixtapa Zihuatanejo donde se informo que el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo el narco se pasea impunemente con fusiles tipo Barret en la mano y exhibe en redes sociales sus excesos, así como los presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con la delincuencia.
Desde hace una década, este lugar ha sido el escenario de una batalla entre bandas criminales no solo por el control político de la región sino también para imponer su hegemonía en esta zona considerada como de trasiego de cocaína y precursores químicos para elaboración de metanfetaminas.
La historia de complicidades que ha salpicado a funcionarios del gobierno de Astudillo como el jefe de la oficina del ejecutivo estatal, Alejandro Bravo Abraca, así como alcaldes priistas y perredistas de la región de la Costa Grande, ha sido documentada por Proceso durante los últimos cinco años.
En esta zona, el mandatario estatal anunció uno de los cinco proyectos estratégicos de su administración, enfocados en el desarrollo de un puerto marítimo en el municipio de La Unión que será una ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar controlado por el narco.
En mayo de 2016, Apro dio a conocer que el contexto de violencia se había reactivado un mes antes en este corredor estratégico de drogas de la Costa Grande de Guerrero, donde los grupos criminales que actúan bajo el manto protector de las autoridades rompieron una tregua que mantenían desde 2014.
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