CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- El año pasado se registraron 260 asesinatos de mujeres de los cuales, 31 crímenes fueron catalogados como feminicidios y la tendencia sigue en aumento en contraste con los recursos millonarios que ha ejercido el gobierno de Héctor Astudillo Flores del programa Alerta de Violencia de Género.
Con estas cifras que abarcan de enero a diciembre de 2018 y que representan un aumento del 12 por ciento en comparación con la estadística de 2017, Guerrero ocupó el octavo lugar en feminicidios y el cuarto en homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional.
Mientras el puerto de Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Ometepec y Tlacochistlahuaca destacan entre los 100 municipios más peligrosos para las mujeres en el país, indica el reporte sobre la Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Las mujeres victimadas en la entidad -delito que va en aumento-, han sido asesinadas en su mayoría con arma de fuego, violadas sexualmente, decapitadas, sepultadas en fosas clandestinas y sus restos exhibidos en lugares públicos.
No obstante la Fiscalía del estado de Guerrero hace una clasificación entre el delito de homicidio doloso de mujeres para reducir la cifra de feminicidios pese a que en febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que ahora Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías de las 32 entidades del país investiguen de “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres bajo protocolos de feminicidio”.
En contraste, las autoridades ministeriales de Sinaloa no registran delitos de homicidio doloso de mujeres porque toda muerte violenta de una mujer la clasifica como feminicidio, “atendiendo a la perspectiva de género con que se realizan las investigaciones en la entidad y a los criterios jurisprudenciales en la materia”, indica el reporte del SESNSP.
Los recursos
Desde el año pasado, nueve de los 81 municipios de la entidad han recibido recursos millonarios, a través del programa federal denominado Alerta de Violencia de Género y para este año, el Congreso local aprobó 172 millones 716 mil pesos para la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal.
En su tercer informe, el gobernador Astudillo dijo en octubre pasado que ha destinado 64.7 millones de pesos para gasto burocrático, pago de conferencias y la creación de un Banco Estatal de Datos como parte de su estrategia para “prevenir y erradicar” la violencia de género, así como “garantizar” el acceso a la justicia de las mujeres.
El reporte estatal indica que en 2018, la Federación destinó 56.2 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), los que supuestamente se aplicaron en los subprogramas de acceso a la justicia para las mujeres; profesionalización, implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y en las unidades de atención temprana, prevención de delitos de alto impacto y especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, entre otros.
El gobierno estatal afirmó que estos recursos “sirvieron para capacitar” a servidores públicos de la Fiscalía, así como para la adquisición de vestuario y uniformes, mobiliario, vehículos y equipos de cómputo, materiales, accesorios y suministros de laboratorio e instrumental médico, licencias informáticas e intelectuales, además de la construcción del edificio de la subsede en Acapulco de la Unidad Antisecuestro.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (Conavim) destinó 3.3 millones para equipar, capacitar y evaluar la aplicación de los protocolos de actuación de las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Feminicidios, Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Dentro del subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, se destinaron 1.2 millones para “el mantenimiento y reparación” de las instalaciones del Centro de Justicia de Chilpancingo, así como la elaboración del manual de operaciones.
Se destinaron cuatro millones para atender la declaratoria de alerta de género, así como realizar cursos de capacitación, equipamiento, adquisición de uniformes, mobiliario y equipo de administración, instrumental médico y de laboratorio para las Fiscalías Especializadas de Delitos Sexuales y Violencia Familiar y la de Feminicidios.
También el gobierno informó que “se puso en funcionamiento” el Banco Estatal de Datos, el cual supuestamente registra los casos de violencia para “analizar e implementar políticas públicas en beneficio de mujeres”.
No obstante, los asesinatos de mujeres en la entidad no cesan, tan solo ayer se reportaron tres feminicidios en diferentes puntos como Cochoapa, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo.
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