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Atoyac de Álvarez, Gro. Familiares y víctimas de la Guerra Sucia en Guerrero, ocurrida principalmente entre los años de 1969 a 1979, exigieron a autoridades de estatales y federales conocer el paradero de sus parientes desaparecidos, y dar un paso así, al final de “un proceso de dolor que se ha prolongado durante casi 50”.
Entre reclamos y voces de exigencia de justicia, este lunes al mediodía fue presentado el plan de atención y reparación a las víctimas de la violencia política del pasado, en la unidad deportiva Mariscal, del municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de Costa Grande.
El acto fue encabezado por el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochin del Rincón, acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, así como representantes de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), y la alcaldesa de Atoyac, Yanelli Hernández Martínez.
En su intervención, Rochin del Rincón sintetizó que el periodo de represión en el país, ocurrido durante la década de los 70 en Guerrero, adquirió “tintes macabros”. Advirtió que la represión fue generalizada, desde la instrumentación de la tortura y la desaparición forzada, la cual fue aplicada sin distingo contra campesinos, activistas, maestros, luchadores sociales, y sobre quien recayera una sospecha.
Rochin Rincón señaló que la represión de Estado respondió a una actitud y patrón concebido, a una política de represión y exterminio. Ante unas 300 personas, expresó: «estamos ante ustedes para ofrecer una disculpa y una política distinta».
Sentenció que «este acto y el plan de reparación, representan un hecho de justicia histórica, lo que las víctimas demandaban entonces forma parte ahora del núcleo del estado democrático de México».
Rochin Rincón resaltó que la propuesta presentada pretende visibilizar a quienes fueron víctimas de desaparición, y dar voz quienes lucharon en sus comunidades.
Detalló que ha sido implementado un programa piloto en el poblado del Quemado, donde han sido puestas en marcha medidas de reincorporación económica, y la elaboración de una memoria virtual y documental.
Sin embargo, al concluir el acto oficial y una vez que partieron las autoridades estatales, iniciaron los reproches y reclamos de familiares de las víctimas. Al hacer uso del micrófono, ante un auditorio que se vació poco a poco, los afectados rememoraron lo que representó la Guerra Sucia en Guerrero.
Una de ellas, Estela Arroyo Castro, víctima directa de desaparición y tortura, manifestó que a su padre «Alejandro Arroyo Cabañas, se lo llevaron en 1973 de San Vicente de Benítez, municipio de Atoyac, me lo regresaron, pero un mes y medio me lo cargaron en tortura, decían que andaba con el comandante Lucio Cabañas, después sufrió 15 años de lagunas mentales; mi tío está desaparecido, hasta la fecha no sabemos dónde está».
Ismael Estrada Pérez, Primer visitador de la CNDH, señaló que el 27 de noviembre de 2001, fue emitida la recomendación 26/2001, mediante la cual se logró reunir 532 expedientes de desaparición forzada, de los cuales, se lograron documentar 275 casos de desaparición forzada ejecutada o tolerada por servidores públicos del estado de diversas corporaciones, desde la Brigada especial o brigada blanca, la Dirección federal de seguridad, la PGR, la PGJDF, la Procuraduría justicia de estado de México y el Ejército. Solamente 51 por ciento de los casos ha recibido algún tipo de resarcimiento.
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